Jerjes Aguirre Avellaneda
¡Para el debate por Michoacán!
El ejido: Entre la ignorancia y la mala fe (Cuarta parte)
Viernes 12 de Febrero de 2016
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Hace varios años, a propuesta del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán (Cococam), la Sedru en ese tiempo implementó un programa con el llamativo nombre de Fortalecimiento de la Institución Ejidal, que consistió en la entrega de equipos de cómputo para unos cuantos ejidos, así como en el arreglo de algunos locales donde funcionan los comisariados ejidales. El programa duró un año y no ha vuelto a repetirse. El abandono del ejido y la comunidad ha sido una característica compartida entre los gobiernos estatales del PRI y del PRD.
¿Por qué ese tratamiento al ejido por parte de gobiernos de colores diferentes? La respuesta de fondo es única: todos tratan de servir al mismo modelo de economía de mercado, suponiendo erróneamente que la propiedad social sobre la tierra es incompatible con las reglas de la empresa y la competencia. Por eso, respecto del ejido ha existido y existe ignorancia y también mala fe, por cuanto sigue pretendiéndose absurdamente, negar su historia y su realidad, que aún deteriorada, sigue siendo una realidad.
En México y Michoacán esa realidad ignorada del ejido tiene todavía fundamento legal. La fracción VII del artículo 27 constitucional establece que “se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas”. Por su parte, la Ley Agraria indica en su artículo 9 que “los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubiesen adquirido por cualquier otro título”.
En la realidad, la existencia del ejido y la comunidad agraria de origen indígena constituyen hechos innegables y contundentes. De acuerdo con el séptimo Censo Ejidal de 2007, en Michoacán existen mil 910 ejidos y comunidades, con una superficie total de tres millones 046 mil 481.18 hectáreas para beneficiar a 305 mil 389 ejidatarios y comuneros. Del total de ejidos y comunidades, mil 792 poseen superficies agrícolas, sumando un millón 123 mil 626.25 hectáreas, de las cuales sólo 358 mil 200.56 son de riego y 765 mil 425.89 de temporal, con una parcela promedio individual entre ambas calidades de 4.8 hectáreas.
Consecuentemente, el sector ejidal y comunal concentra la mayor superficie del territorio michoacano, la mayor superficie agrícola de riego y temporal y el mayor número de productores. ¿De dónde entonces el olvido?, ¿cómo entender que en el leguaje oficial el ejido no tenga existencia y mucho menos políticas públicas y programas operativos? El daño a Michoacán es enorme, comprometiendo la producción de alimentos, el empleo y la creación de condiciones que permitan eliminar la desigualdad y la pobreza. Por el contrario, ese olvido conduce a Michoacán hacía un inevitable desastre económico, social y humano. ¿Es eso lo que se busca?
Los recursos de uso común de los ejidos, bosques, agostaderos, atractivos turísticos, minerales metálicos y no metálicos, entre otros, son susceptibles de aportación para la constitución de sociedades mercantiles o civiles, teniendo a los ejidos como socios accionistas. No obstante esta posibilidad, hasta el presente no hay ninguna promoción que permita la concurrencia privada para el aprovechamiento del millón y medio de hectáreas de recursos de uso común que tienen los ejidos y comunidades michoacanas.
Por su parte, en paralelo, continúa al proceso de venta de tierras ejidales en el supuesto de que la compra de tierras entre ejidatarios del mismo núcleo podría representar una solución al problema del minifundio. En la práctica, las adquisiciones de tierras por avecindados y personas ajenas al ejido registran un crecimiento acelerado, como lo reporta el censo de 2007, al señalar que en los diez años anteriores, del total de mil 910 ejidos y comunidades, en mil 410 núcleos se habían registrado operaciones de compraventa de tierras, de las cuales el 35.7 por ciento fueron realizadas con personas ajenas a los ejidos.
En total, la superficie que cambió de dueño en la década de 1997 al 2007 se elevó a 111 mil 757.09 hectáreas, con un promedio anual de once mil 175.9 hectáreas. Si este ritmo de ventas se mantiene como resultado de las necesidades de los ejidatarios, bastarán 50 años para que los ejidales se queden sin superficies agrícolas para los cultivos de subsistencia. Habrá simplemente, nuevos dueños de la agricultura michoacana. ¿Es eso lo que esperan los enemigos deliberados del ejido y los que actúan igual en los hechos, aun cuando declaran lo contrario?
A pesar de su personalidad legal reconocida en la práctica, el ejido y la comunidad carecen de acceso a los programas oficiales, a los servicios crediticios, de asistencia técnica y comercialización. Nada se otorga al ejido y comunidad como tales, sino a los ejidatarios y comuneros individuales y los grupos de trabajo formados por amigos y familiares. Ninguna regla de operación de programas habla de ejidos y comunidades que en su unidad sean sujetos de beneficio.
La regla o la consigna consisten en enterrar y extender certificados de defunción a los ejidos y comunidades a pesar de que todavía existen y viven en la ley y en la realidad. La no mención, el no reconocimiento, la exclusión deliberada, sólo revela la hipocresía y la hostilidad del gobierno para con las formas de propiedad social que tienen existencia histórica real.
Recuperar las posibilidades del ejido y la comunidad no es una cuestión ideológica, de prejuicio, de lucha irreconciliable entre la propiedad privada y la propiedad sial, sino una necesidad productiva, económica, tecnológica y social del país y de Michoacán. Cada uno de los mil 910 ejidos y comunidades existentes en la entidad pueden funcionar como empresas exitosas si para ello existe voluntad para lograrlo. Los criterios empresariales de competencia, de calidad y ganancia no son excluyentes del ejido y la comunidad, sino compatibles con la eficiencia, productividad y disciplina laboral, cuyo elemento distintivo se resume en el carácter de empresa social con el que puede funcionar el ejido y la comunidad.
En esta dirección el primer paso consiste en la elaboración de mil 910 diagnósticos de cada uno de los ejidos y comunidades que permitan la integración de planes de desarrollo correspondientes a igual número de empresas, para que cada ejido y comunidad sea precisamente eso, una empresa social ejidal y comunal, de carácter múltiple, agropecuaria, silvícola e industrial, en condiciones para competir y fortalecerse en una sociedad global de mercado.
¿Podría el gobierno demostrar congruencia y capacidad para organizar y operar mil 910 empresas sociales una por cada ejido y comunidad agraria de Michoacán?, ¿será capaz de entenderlo y proponérselo?

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