Columba Arias Solís
Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte
Viernes 12 de Febrero de 2016
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Con motivo de la ya cercana visita del máximo jerarca de la Iglesia católica, el Papa Francisco, a México, ha estado circulando un video dedicado precisamente a la sociedad mexicana, donde el pontífice, entre otras consideraciones, señala: “Si yo voy ahí es para recibir lo mejor de ustedes y para rezar con ustedes, para que los problemas que ustedes saben que están sucediendo se solucionen, porque el México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteles, no es el México que quiere nuestra madre”.
El Papa Francisco no se anda por las ramas, así lo evidencia con el mensaje claro, contundente y a media cara dirigido a nuestra sociedad, a nuestras autoridades, puesto que, para vergüenza de todos, la calificación reprobatoria de México en las áreas de corrupción e inseguridad es conocida dentro y fuera del país.
No sólo los organismos internacionales encargados de los estudios sobre transparencia, inseguridad y corrupción han evidenciado en sus informes la falta de resultados en el combate a esas malas prácticas que derivan en delitos, dañan a las personas y a la nación. El estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el informe denominado “Transparencia y combate a la corrupción”, precisa con cifras las prácticas de la corrupción: más de la mitad de los encuestados dijo haber pagado un soborno en el Poder Judicial, 61 por ciento manifestó pagar soborno a la Policía.
El gobierno mexicano se dice convencido de que “fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción son condiciones fundamentales para promover la inversión e impulsar la competitividad de las economías”, comprometiéndose a tomar las medidas apropiadas y necesarias al firmar y ratificar los siguientes instrumentos internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, propuesta por la OCDE; la Convención Interamericana contra la Corrupción, promocionada por la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción propuesta por la UNCAC.
Derivado de esos acuerdos internacionales, en el famoso Pacto por México se estableció el compromiso de crear un Sistema Nacional contra la Corrupción, así como comisiones estatales de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción, advirtiendo que se pondría especial énfasis en entidades como Pemex y CFE, según se acordó en el compromiso 85 del Pacto.
En mayo de 2015 se llevó a efecto la reforma constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción con la obligación de crear, en mayo de 2016, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A propósito y en relación con esos compromisos, un grupo de organizaciones y de ciudadanos, bajo el lema de que “la corrupción no se crea ni se destruye, sólo se controla”, presentó el pasado 2 de febrero una iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, buscando que se incorpore por el Poder Legislativo en la discusión de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, señalando que desde mayo de 2015 un grupo de organizaciones sociales y ciudadanos trabajaron en una propuesta legal de 100 artículos para regular la conducta de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Al presentar la propuesta a la que denominaron Ley Tres de Tres, sus proponentes destacaron los siguientes puntos: obligación jurídica de la publicación de la declaración patrimonial, de la declaración de intereses y de la declaración fiscal; las conductas que serán consideradas actos de corrupción, a saber: soborno, peculado o desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, utilización ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Incluye la propuesta un capítulo de integridad de las empresas, que con base en mejores prácticas internacionales establece estándares mínimos de integridad, delimita su responsabilidad administrativa al involucrarse en actos de corrupción, regula criterios ya establecidos en la Constitución, así como un régimen de sanciones para personas físicas y morales que participen en actos de corrupción.
Para muchas personas esta propuesta se convierte en una bocanada de aire fresco en el denso y nocivo ambiente creado por las prácticas de la corrupción tanto en el sector público como en el privado y alienta la idea de que no todo está perdido en nuestro país. Habrá que darle seguimiento para comprobar si la participación ciudadana es tomada en consideración por el gobierno y el cuerpo legislativo, porque el acompañamiento ciudadano es indispensable para la elaboración y la aplicación de las normas anticorrupción, así como el establecimiento de un nuevo paradigma educativo que incluya necesariamente valores tales como honestidad, respeto y responsabilidad a efecto de ir forjando una nueva ética ciudadana.

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