Ramón Guzmán Ramos
Evaluar para sancionar
Jueves 24 de Mayo de 2012
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La evaluación es en realidad el eje central que cruza de principio a fin toda esa política educativa que conocemos como Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). No es el tipo de evaluación que serviría de instrumento para valorar los procesos educativos y diseñar estrategias de corrección y perfeccionamiento. Estamos ante una política oficial que se propone arrojar sobre las espaldas de los maestros la responsabilidad exclusiva de la crisis que desde hace tiempo presenta el sector. La razón de fondo está en la pretensión del gobierno mexicano, con la complicidad infame de la cúpula del SNTE, de acabar con el carácter público de la educación, abrir espacios a la intervención privada y eliminar los derechos y las conquistas históricas de los trabajadores de la educación.
El objetivo expreso que se propone esta política es lograr la calidad en educación. El término “calidad” tiene aquí profundas connotaciones de carácter empresarial. De lo que se trata es de alcanzar mejores resultados con menos recursos, y de lograr que todos los alumnos encajen al final en un molde que ha sido diseñado ex profeso, tanto por lo que se refiere a las capacidades técnicas que deben desarrollar como a una ideología específica que se mueve desde lo que en pedagogía se conoce como currículum oculto. Formar a las nuevas generaciones como mano de obra robotizada. Los programas con demasiados contenidos ya no sirven, tampoco los maestros que se andan por las ramas de la cultura universal, ni la escuela que aspira a ser el espacio para la convivencia humana y la aplicación inmediata del conocimiento.
Lo que se impone, según el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para Mejorar la Calidad de la Educación de las Escuelas Mexicanas, firmado en 2010 es, entre otras cosas, determinar estándares precisos de la práctica docente; establecer un reducido número de objetivos claros, medibles y de alta prioridad para la educación de los alumnos; definir con urgencia un sistema de evaluación docente basado en tales estándares. Estamos, como se ve, ante un tipo de evaluación que es cuantitativa, que privilegia por encima de todo la medición, y lo hace a través de exámenes también estandarizados.
La evaluación se convierte aquí en una herramienta para medir el desempeño de los maestros en función del dominio que logren adquirir de lo que se llama en el documento “competencias profesionales”, que es la capacidad que deben tener para enseñar a sus alumnos de acuerdo al enfoque por competencias que sella la reforma curricular. No importa si el docente ha hecho estudios de posgrado, si tiene trabajo de investigación, si ha emprendido proyectos innovadores, si asiste regularmente a eventos con los que se pone al día, si publica, si comparte su experiencia con otros docentes, si se ha esforzado en hacerse de una cultura general. Lo único que importa para este tipo de evaluación es que haya aceptado aplicar la reforma curricular y conteste exámenes estandarizados de acuerdo a lo que tal reforma establece.
A partir de la firma de la ACE, se establece el concurso nacional público por oposición, convocado y dictaminado de manera independiente, para el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas, así como para el acceso a funciones directivas. Se dijo en su momento que con este mecanismo se acabaría la venta de plazas y la corrupción relacionada con las contrataciones. El verdadero propósito, sin embargo, era otro. Con este tipo de examen se elimina prácticamente la contratación colectiva, así como el escalafón; se procede a imponer contrataciones temporales, individuales, sin ninguna garantía de tipo laboral; se elimina la plaza automática para los estudiantes recién egresados de las Normales; se pone en riesgo la existencia misma de estos centros históricos de formación docente. Lo que se propone el gobierno federal es aplicar en el sector educativo algunos de los ejes centrales de la reforma laboral, como la desregulación y la precarización en el trabajo. Esto explicaría esa campaña furibunda en contra de las Normales Rurales y Urbanas que se ha desatado a lo largo del país. El objetivo es crear una atmósfera de condena general para justificar su desaparición, si es posible incluso a través de un golpe de mano.
Otra de las pruebas estandarizadas que se aplican es ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares). Es un examen destinado a los alumnos. A través de él, empero, se califica al docente. Es una prueba de calidad (en términos industriales) para medir el desempeño del maestro a través de los resultados que obtienen sus alumnos, es decir, de su producto. Quienes diseñan esta prueba no toman en cuenta la composición heterogénea que existe en la sociedad, la gran diversidad de contextos culturales, las condiciones materiales en que se hallan las escuelas, los espacios de libertad que los maestros usan en las aulas para introducir una rica variedad de métodos didácticos, las relaciones de convivencia que se construyen en la escuela, las dificultades que los alumnos presentan en su aprendizaje por causas que jamás serían consideradas en esos reactivos. Pero es, además, un tipo de prueba que clasifica a los alumnos, a sus maestros, a las escuelas y a las mismas entidades federativas; que discrimina y excluye a quienes no logran alcanzar los estándares establecidos de antemano, que privilegia a unos cuantos.
Y está, desde luego, la llamada Evaluación Universal. El 31 de mayo de 2011 se firmó el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. El documento fue signado por quien se hallaba al frente de la SEP, Alonso Lujambio, y la sempiterna jefa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Serán evaluados todos los maestros frente a grupo, así como los directivos y docentes en funciones de Apoyo Técnico Pedagógico. Se hará cada tres años para cada nivel: en este 2012, para Primaria; 2013, Secundaria; 2014, Inicial, Preescolar y Educación Especial. El propósito oficial, según el documento, es el de establecer un diagnóstico de las competencias profesionales. Las competencias profesionales, de acuerdo con la reforma, quedan reducidas a la capacidad que logre desarrollar el maestro para promover en sus alumnos las competencias curriculares. Es una prueba que va a medir el trabajo del maestro en función de una reforma que ha sido cuestionada a fondo y que una parte considerable del magisterio está rechazando. Es una prueba, además, que se convierte en un instrumento de control pedagógico y político. Quienes saquen bajos resultados será porque no están aplicando el nuevo enfoque por competencias, y entonces habrán de ser sancionados severamente, incluso hasta con su seguridad en el empleo.
La llamada Evaluación Universal, que no lo es tanto porque deja fuera a los demás componentes del sistema educativo, pone en riesgo la plaza base de los maestros. Tanto el gobierno federal como las autoridades educativas han declarado una y otra vez que los derechos de los maestros no están en juego. Pero el gobierno firmó con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 2010 un acuerdo específico para imponer en México los lineamientos que en materia educativa están diseñando las corporaciones transnacionales. Allí se establece, además de los puntos que señalamos en un párrafo anterior, que “los docentes que presenten un bajo desempeño deben ser excluidos del sistema educativo”. De manera que la llamada Evaluación Universal tiene como propósito, además de ejercer ese control directo del que hablamos, empezar un proceso de despidos masivos y contrataciones individuales y sin las garantías de ley. La evaluación es la herramienta que está usando el gobierno mexicano para aplicar en el sector educativo la reforma laboral, sin que ésta tenga que pasar por el Congreso y ser aprobada.
El rechazo de los maestros a que se les apliquen -a ellos y a sus alumnos- esta clase de pruebas estandarizadas no es porque tengan temor de quedar en evidencia. Ni los maestros ni los alumnos son los “burros” que la propaganda oficial y oficialista quiere hacer creer. Es este tipo específico de evaluación el que merece la crítica y la condena del magisterio en movimiento. Algunas de las razones las hemos tratado de mostrar en los párrafos anteriores. El gran reto para el magisterio inconforme es el de crear una propuesta alternativa de evaluación. Pero ha de ser un tipo de evaluación que sea parte de un nuevo modelo educativo, construido desde abajo por todos los sujetos educativos y sociales. La evaluación no puede verse como un elemento ajeno a los procesos de formación. Ha de ser parte de ellos y ha de responder también a la necesidad de corregirlos y perfeccionarlos, nunca con pretensiones punitivas y de exclusión. Pero la educación, a su vez, ha de responder a un nuevo proyecto de sociedad.

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