Ramón Guzmán Ramos
La estrategia del endurecimiento
Miércoles 6 de Junio de 2012
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El gobierno federal ha decidido adoptar de manera definitiva la estrategia del endurecimiento contra los maestros que se movilizan para evitar la aplicación de las pruebas estandarizadas (tanto la de ENLACE, que pretende aplicarse en esta semana, como la denominada Evaluación Universal).
El presidente Felipe Calderón lo dejó asentado el lunes pasado, durante el acto de arranque de lo que oficialmente se ha denominado Semana Nacional de Evaluación. “¡Ya estuvo bueno!”, advirtió. Dijo que no va a permitir que se quebrante la ley y menos que se viole el derecho de los niños a recibir clases.
Manifestó, asimismo, que la evaluación es un proceso irreversible que nadie va a detener, ni el SNTE ni la CNTE. Agregó que se trata también de un compromiso suyo que es irrenunciable e inquebrantable. De manera que en este aspecto se cierra toda posibilidad de negociación con los maestros que se encuentran en movimiento. Esto explicaría por qué de parte de Gobernación no se ha establecido esa mesa que el magisterio disidente ha exigido. El titular del Ejecutivo hizo extensiva esta advertencia a los gobernadores. De modo que tampoco en los estados los maestros de la CNTE tienen posibilidades de que se construyan acuerdos sustantivos.
El gobierno federal cierra así toda posibilidad de construir una solución de común acuerdo con el movimiento del magisterio. Da por hecho que el tipo de evaluación que pretende imponer es la verdad absoluta y la panacea universal para sacar a la educación de la crisis profunda en que se encuentra (y que los maestros no provocaron). Los grandes medios de información, salvo honrosas excepciones, han difundido de manera casi exclusiva la versión oficial con respecto a la evaluación. A la sociedad mexicana, sin embargo, le ha hecho falta conocer en detalle la versión que han manejado los maestros y otros especialistas en educación.
De manera que la decisión del gobierno federal de aplicar estos exámenes estandarizados a los alumnos y docentes de educación básica es unilateral, por lo tanto, falible. El magisterio en movimiento ha denunciado que este tipo de evaluación es en realidad un instrumento de carácter punitivo y de exclusión. Se trata de una evaluación externa que no puede sino medir los contenidos del programa y ciertas técnicas didácticas en el papel. Su propósito central es constatar que los maestros hayan aceptado de manera pasiva la reforma curricular basada en el enfoque por competencias y la estén aplicando en el aula. No es una herramienta para construir un diagnóstico integral de la realidad que prevalece en el sistema educativo. No se pueden medir con el mismo rasero los contextos diversos que existen a nivel nacional.
Ante dos versiones opuestas como las que tenemos: la oficial y la de la resistencia magisterial, lo que procede es abrir un debate en todo el país. Sin que haya de por medio esa manipulación informativa que no cesa en la campaña de desprestigio hacia los maestros, es necesario hacer un análisis a fondo, concienzudo, integral, donde participen las autoridades educativas, los maestros, investigadores y especialistas en temas educativos, para escudriñar a fondo esta política educativa que ha adoptado el gobierno y establecer con bases objetivas, científicas, pedagógicas, si estos exámenes estandarizados sirven realmente para diseñar las soluciones que se requieren.
El gobierno federal, sin embargo, le ha apostado ya al endurecimiento de su estrategia. Así como no tomó en cuenta al magisterio nacional, tampoco a la sociedad mexicana, para imponernos esta nueva política educativa denominada Alianza por la Calidad de la Educación, así tampoco ahora está dispuesto a sentarse a dialogar con el movimiento del magisterio. Estamos entonces ante una política de imposición unilateral. Esto hará que el movimiento de los maestros se vea obligado a radicalizar por su cuenta las acciones. Los maestros están convencidos de que esta evaluación de carácter cuantitativo, neoconductista, discriminatorio, punitivo, no es la herramienta para hacer la radiografía que necesita el sistema educativo, de manera que no cesará en su estrategia de lucha.
Una situación así no puede sino mostrar malos augurios. El conflicto parece no contar con la posibilidad de que se construya una salida negociada, acordada por las dos partes. El gobierno federal ya tomó su decisión y la ha hecho pública. Es una decisión que clausura todo espacio de diálogo y que ha hecho extensiva a los gobernadores y a los padres de familia. No habrá negociación alguna con los maestros. Si se cancela toda posibilidad de diálogo y negociación, entonces lo que podemos deducir es que detrás de esta actitud de endurecimiento oficial hay otro mensaje: el de la amenaza y la represión. Pero una apuesta por esta disyuntiva no puede sino conducir a otro callejón sin salida. La historia nos ha mostrado que nunca la represión es la salida para atender y resolver los conflictos sociales.
El descontento de los maestros, por su parte, crece y se fortalece a nivel nacional. Aún es tiempo de que el gobierno federal reconsidere y se decida instalar las mesas de negociación que hagan falta. O el conflicto podría escalar a niveles de confrontación cuyo desenlace final resultaría ya impredecible. El conflicto por la evaluación estandarizada no puede verse tampoco al margen del contexto político por el que atraviesa el país. El movimiento de los jóvenes universitarios (#yo soy132) se ha hecho presente en el escenario nacional cuestionando estos rasgos autoritarios que prevalecen en nuestro sistema. Así como los estudiantes en movimiento anuncian lo que se conoce ya como la “primavera mexicana”, el movimiento de los maestros podría dar lugar al nacimiento de una nueva primavera magisterial.

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