Ramón Guzmán Ramos
Contra la imposición
Lunes 23 de Julio de 2012
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El plan de López Obrador se limita a ocupar espacios públicos para informar a la sociedad sobre el recurso de impugnación que interpuso ante los órganos electorales pidiendo la invalidez de la elección presidencial. No parece que esté pensando ir más allá aún cuando todo parece indicar que el TEPJF va a ratificar la interpretación que ya hizo el IFE del expediente que contiene los documentos y las pruebas de lo que el Movimiento Progresista ha calificado como compra y coacción del voto. El caso, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, podría quedar como mero registro de una queja monumental que simplemente no procedió, como un testimonio para la historia.
El plan de AMLO no alcanza para mover las cosas del lugar en que las han posicionado ya. Una vez que el TEPJF dé a conocer su fallo sobre la calificación de la elección presidencial, AMLO tendrá que encarar una disyuntiva muy parecida a la que enfrentó en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988, y él mismo en 2006: O lleva la inconformidad de sus seguidores hasta un extremo en que el desbordamiento sea irreversible, o se da cuenta de que el proceso ha concluido en realidad y es hora de hacer en serio el recuento de los daños. Más allá de la decisión que al respecto se tenga que tomar, la pregunta central estriba en saber si de verdad hay condiciones para llevar esta lucha a otra etapa de radicalización.
Hay una declaración que Andrés Manuel López Obrador le sigue debiendo a la sociedad. Desde esa posición de liderazgo político y moral en que se ha colocado, tendría que hacer una crítica a fondo, sincera, auténtica, sin concesiones, de los errores que en este proceso electoral se cometieron desde la izquierda. No sólo para poner las cosas en su justo lugar, sino para impedir, ahora sí, que la falla se extienda a otros procesos por venir. Son muchas las preguntas que surgen desde la base de la sociedad que AMLO y los partidos que lo apoyaron no han contestado. Una de ellas, la fundamental, es si realmente se prepararon para ganar, para enfrentar el fraude en todas sus expresiones y neutralizarlo en cada una de sus etapas.
En la Convención Nacional contra la Imposición, que se llevó a cabo en San Salvador Atenco los días 14 y 15 de julio pasados, confluyeron diversas organizaciones que constituyen otra postura con respecto a cómo concebir y enfrentarse al inminente proceso de consumación que se ve venir. Es necesario subrayar aquí que el movimiento universitario #yosoy132 se convirtió, desde su aparición, en el eje de un movimiento más amplio que terminó por reunir a más de 300 organizaciones provenientes de todo el país. La lucha de los jóvenes, que empezó como una manifestación en contra del regreso al viejo régimen y la exigencia de que los medios masivos de comunicación dejaran de tomar partido por el candidato del PRI y se democratizaran, se enfrenta también, como en el caso de AMLO, a una disyuntiva determinante.
En Atenco se tomaron algunos acuerdos que podrían ubicarse en una estrategia de abierta confrontación. El objetivo central es el de impedir que Enrique Peña Nieto rinda protesta como el nuevo presidente de México. Los medios para impedirlo van desde el llamado a un paro cívico nacional hasta el cerco a la Cámara de Diputados. Es probable que, una vez declarado presidente electo, como todo parece indicar que así será, EPN pudiera hacer su toma de protesta ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se establece ya en la reforma política. De manera que todo está previsto desde la parte que se ha propuesto llevar a cabo la consumación como sea.
Uno de los vicios que padecen algunas corrientes de izquierda es el de creer que cada conflicto, que cada movimiento social, sobre todo si tiene alguna trascendencia a nivel nacional, podría ser la chispa que produzca el estallido. De ahí que todos los recursos se pongan a disposición de una estrategia ultimatista que no llega a ver más desenlace posible que la revolución. Y cuando el desenlace que se esperaba no se concretiza, entonces la culpa la tienen siempre los otros, incluyendo a quienes tendrían que haber sido los sujetos mismos de esa transformación radical. En posturas de esta naturaleza las condiciones que conforman el contexto nunca se toman en cuenta, al menos no con la profundidad y amplitud que se debiera.
El problema con una estrategia como la que se anunció en la Convención de Atenco es que no hay camino de retorno, ni siquiera para corregir. Una vez que el movimiento se lance contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, tendría que dar el paso siguiente. Lo que la realidad parece indicar es que no hay condiciones efectivas para impedir que EPN se convierta en el nuevo presidente de México. No siempre la realidad se acomoda a los deseos, por muy legítimos que parezcan estos. Las consignas del paro cívico nacional y el cerco al Poder Legislativo, incluyendo también a las instalaciones de Televisa, adquieren un carácter ultraizquierdista porque se colocan más allá de las condiciones políticas y sociales que prevalecen en el país. Es un salto en el vacío.
La gran pregunta que surge es qué postura tomaría la Convención de Atenco una vez que Peña Nieto se siente en la silla presidencial. La consecuencia lógica sería el desconocimiento del titular del Poder Ejecutivo. Es algo que, por cierto, ya ha hecho el PRD sin asumir realmente una postura consecuente. Algo así no haría sino generar una crisis irreversible al interior del propio movimiento. Hay, sin embargo, una salida que al parecer nadie ha considerado con seriedad hasta el momento. Lo que hace falta es formar un gran frente nacional, que integre a todas las expresiones y corrientes de la izquierda en México, tanto partidos como movimientos sociales. Un frente así se asumiría como una oposición en movimiento. Pero no del tipo de oposición que se confronta con el poder sin proponer soluciones a los grandes problemas del país y obligar al gobierno a atenderlos.
El movimiento #yosoy132, por ejemplo, tendría que hacer su propia agenda e integrarla a una agenda mayor, la del pueblo organizado y en movimiento. Los jóvenes de esta generación han sido uno de los sectores más dañados por los efectos del caos en que se encuentra el país. Deben luchar ahora por una agenda que garantice el derecho de todos los jóvenes a estudiar y a tener un empleo digno y bien remunerado, y el derecho a vivir en un país en el que todos sus habitantes sean realmente tratados como iguales.

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