De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Eduardo Nava Hernández

En el año 2011, la Universidad Michoacana recibió del gobierno de Michoacán en números cerrados una aportación de mil 809 millones de pesos; para el presente año esa asignación se incrementó a dos mil 271 millones. Pero en el presupuesto enviado por el gobernador Vallejo Figueroa al Congreso estatal para 2013, la contribución propuesta es de sólo dos mil 025 millones 827 mil pesos, lo cual implicaría, de ser aprobado así por el Congreso, una reducción neta de más de 245 millones 650 mil pesos. Si el subsidio de la Federación no compensare esa disminución -cosa virtualmente imposible, dada la rigidez de las políticas federales-, la Universidad Michoacana, que ya contabiliza según el rector Salvador Jara un déficit acumulado de 552 millones de pesos (cifra expuesta ante diputados del Congreso local, si bien en un informe al Consejo Universitario del mes de junio la Comisión de Presupuesto manejó la de 317.1 millones), podría tener para finales de 2013 un pasivo superior a los mil millones de pesos.
Malos tiempos se anuncian para la principal institución de educación superior del estado de Michoacán en los próximos años. Ya ésta tiene adeudos con sus sindicatos de trabajadores académicos y de empleados por prestaciones mal calculadas o no pagadas, por lo cual el SUEUM mantiene un emplazamiento a huelga para el próximo 17 de octubre y el SPUM ha anunciado que también emplazará por violaciones contractuales en los próximos días. Es seguro también que hay una larga lista de proveedores esperando cobrar adeudos diversos, y se han afectado ya partidas sensibles del quehacer universitario, como la de investigación. No tiene ningún mérito predecir que las revisiones contractuales de 2013 serán las más difíciles que haya enfrentado la institución, en un ambiente, además, de malas relaciones de la Rectoría con ambos sindicatos.
No hay que olvidar que los conflictos de origen económico no son privativos de la Universidad Michoacana sino que se han extendido en el periodo reciente al sector educativo en su conjunto. En el Instituto Politécnico Nacional el paro estudiantil ha cumplido más de una semana en protesta por el recorte presupuestal de 156 millones de pesos a la institución (ahora a esos recortes la Secretaría de Hacienda les llama “reservas”); y el rector de la UNAM, José Narro, ha salido al paso de las amenazas de reducciones declarando que no las aceptará. En Michoacán, los centros de desarrollo infantil (Cendis) han tenido que cerrar y se encuentran movilizados tras de más de diez meses en que su personal no ha podido cobrar sus salarios, y la amenaza de cierre parcial o total del Sistema de Telebachillerato por parte del gobierno vallejista, así como la suspensión de salarios, mantienen movilizados a trabajadores, alumnos y padres de familia. El sector educativo está resintiendo ya los efectos de una política de austeridad no anunciada y que no se ve que se aplique a otros sectores de la administración pública.
Es en ese contexto de agobio financiero que el rector Jara ha decidido dar un golpe de mano haciendo aprobar el nuevo reglamento que pomposamente ha llamado General de Beneficios y Casas del Estudiante, con el cual profundizará la aplicación de una política de extrema austeridad y astringencia presupuestal. Las autoridades aprovechan para ello la corriente de opinión adversa que se generó contra los albergues estudiantiles a raíz de los hechos del 27 y 28 de abril (a propósito de los cuales, sin embargo, aún está pendiente una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Michoacán y probablemente a las mismas autoridades universitarias) y las tomas de edificios del pasado septiembre. Las casas del estudiante aparecen hoy por hoy, en comparación con los gremios laborales de la Universidad, como el punto más débil, y por ahí empieza el nuevo orden, que no es otro que una reestructuración autoritaria de la institución en su conjunto y que más temprano que tarde alcanzará a los demás sectores. ¿Alguien duda que muy pronto iniciará la ofensiva a fondo contra el régimen de jubilaciones y para echar abajo la Ley de Gratuidad Educativa promulgada en el gobierno anterior, o que iniciará una consistente elevación de las cuotas y cobros de servicios a los estudiantes en general, además del recorte en diversas partidas?
Las autoridades universitarias atribuyen en parte al subsidio a los albergues el déficit señalado. En la página web de la Universidad, que sólo reporta datos presupuestales hasta 2011, se consigna que las asignaciones a los 35 albergues que la Universidad reconoce ascienden a 131.3 millones de pesos y no se han incrementado desde 2008. Con esa cantidad se atiende a más de cinco mil 200 estudiantes, según la misma fuente, con un gasto diario de unos 75 pesos por alumno. No ha de olvidarse que, aun sin ese gasto, los subsidios a la Universidad Michoacana seguirían ubicándose por debajo del promedio nacional de subvención por estudiante entre las instituciones de educación superior.
Hace mucho tiempo que la Universidad Michoacana necesita actualizar en diversos aspectos su normatividad para adecuarla a sus nuevas realidades y a las demandas de los distintos sectores que la componen. Las casas del estudiante son, sin duda, una de las materias en que esa reglamentación se hace indispensable, tomando en cuenta tanto la cantidad de universitarios que están involucrados en ellas como su crecimiento en buena medida anárquico en los últimos años y la presencia en ellos de diversos intereses, incluso partidarios, como en el caso de los albergues denominados Espartaco. Nadie puede oponerse a una reglamentación que hace años se viene esperando del Consejo Universitario y la Rectoría de la Universidad; pero la apresurada forma en que el máximo órgano de gobierno universitario procesó este ordenamiento no permite verlo sino como un albazo que seguramente generará nuevos conflictos. No sobra recordar, una vez más, que esa diligencia no la ha mostrado el Consejo Universitario para dotar a la institución de un estatuto actualizado o para emitir reglamentos que sustituyan a los ya obsoletos, como el de Incorporación de Escuelas (1964), el de Inscripciones (1962), el de Exámenes (1978) o el de Becas (1978), entre otros.
No se dispone aún del texto completo del nuevo reglamento, ni éste se difundió antes de su discusión y aprobación por el Consejo. Peor aún, no fue consultado con los integrantes de las casas a quienes se aplicará esta normatividad, violentando elementales principios democráticos. Según la información periodística disponible, el proyecto de normatividad fue elaborado por una novedosa “Comisión de la Reforma Jurídica”, y no por la Comisión de Organización y Métodos, como lo mandatan el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Universidad y los artículos 2 y 30 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Y si bien es difícil emitir una opinión completa en tanto ese texto no sea divulgado, a partir de la información periodística es clara su intención de disminuir sustancialmente el número de moradores en las casas.
El reglamento de marras no va al fondo de la cuestión: la administración centralizada de los albergues por la Universidad, como sería deseable, sino que establece un sistema de asignación de becas individuales “personales e intransferibles” a los moradores, cuyo monto será determinado por la Comisión de Becas. Contradictoriamente, los albergues (a través de sus consejos, puede entenderse) tendrán que rendir informes de esos recursos a las autoridades de la Universidad. Es decir, las casas conservan una modalidad de administración autónoma, y se introducen cambios sólo en los requisitos de acceso y permanencia en las residencias estudiantiles.
El problema mayor estriba en que, al fijar como requisito a los moradores no sólo el ser alumnos regulares -como ha sido la práctica más generalizada- sino obtener un promedio de 8.0 en sus calificaciones, así como otras medidas de carácter restrictivo (ser mexicano avecindado en algún municipio de Michoacán, cancelando el acceso a los estudiantes provenientes de otras entidades), se ha perdido el carácter asistencial que está en el origen de esas dependencias, para equipararlo con un estímulo al rendimiento académico como el ya establecido en el mencionado Reglamento de Becas de 1978. Es claro que la elevación de los requisitos conlleva la intención de reducir el número de moradores y por tanto de disminuir el gasto en los albergues. Todo ello se encubre en un lenguaje de “orden” y “racionalidad” no sólo inexistentes sino con fuerte impregnación de autoritarismo.
Por lo pronto, el Consejo Universitario ha sentado un precedente en extremo negativo al implantar el albazo como técnica legislativa que lo divorcia cada vez más de la comunidad universitaria y atenta contra el espíritu democrático de la Ley Orgánica.