Jorge Álvarez Banderas
Apuntes tributarios
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Viernes 30 de Noviembre de 2012
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Del procedimiento de las quejas o reclamaciones

El procedimiento iniciará con la solicitud escrita del contribuyente. Para tal efecto serán admisibles las quejas presentadas en forma verbal o por cualquier otro medio, inclusive en la página electrónica de la Procuraduría, pero de las mismas, el Asesor deberá elaborar la solicitud correspondiente en el formato autorizado y ser ratificadas en el propio documento.
De todas las actuaciones que se realicen dentro del procedimiento de queja y reclamación se deberá entregar constancia al solicitante.
La queja y reclamación podrán presentarse en cualquier tiempo, con excepción de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 59 de los lineamientos de la Prodecon.
Para la tramitación de las quejas y reclamaciones, el asesor deberá asegurarse de contar con:
1. El nombre del contribuyente y en su caso del representante legal.
2. El domicilio señalado para efectos de oír y recibir las notificaciones que procedan.
3. En su caso, la autorización del contribuyente para recibir avisos sobre el procedimiento por medio electrónico y su dirección de correo.
4. La autoridad o autoridades a quienes impute la violación.
5. Los hechos o actos en que haga consistir dicha violación, así como sus pretensiones sobre los mismos.
6. La protesta de decir verdad.
7. Los documentos o pruebas que considere relevantes.
Una vez verificados los datos anteriores, el asesor que reciba la queja y reclamación le informará al contribuyente de manera clara y precisa en qué consiste el procedimiento, los plazos y términos del mismo y cuáles son los tipos de acuerdos con los que puede concluir. Se levantará constancia signada por el contribuyente de que se le proporcionó dicha información.
En todos los casos en que sea el contribuyente quien comparezca personalmente a las oficinas de la Procuraduría a levantar su queja o reclamación, el asesor estará obligado a informarle en el propio acto si la queja es procedente o no y si se trata de un asunto de la competencia de la Procuraduría. En caso de que la queja y reclamación se haya formulado mediante escrito presentado en la oficina receptora, se procederá en los términos de los párrafos segundo y tercero del artículo 18 de la Ley.
En casos urgentes la solicitud podrá formularse, incluso, por cualquier medio de comunicación. El asesor que tenga conocimiento de esta queja y reclamación elaborará una constancia que contenga los datos mínimos de identificación del contribuyente afectado, la violación que denuncia y la autoridad que identifique como responsable. Se requerirá al denunciante su ratificación.

La Queja y Reclamación es improcedente:
1. Cuando no se aporten los datos necesarios para la determinación de la existencia de los hechos objeto de la queja y reclamación.
2. Cuando la pretensión del promovente sea la tramitación de recursos o acciones distintas a las de la competencia de la Procuraduría.
3. Cualquiera otra que de acuerdo con las normas sustantivas o de procedimiento aplicables, impidan la tramitación del procedimiento.

El procedimiento se tramitará conforme a lo siguiente:
1. Turnada la queja y reclamación, el asesor verificará que la misma se encuentre en las hipótesis de procedencia, de no ser así la desechará de plano y notificará al contribuyente.
Si la queja y reclamación se interpuso fuera del plazo a que se refiere el párrafo primero del artículo 18 de la Ley, se tendrá por no presentada a través de esta vía y se turnará inmediatamente al área de Servicios de Representación Legal y Defensa a efecto de que, a solicitud del contribuyente, se interpongan los medios de defensa procedentes.
2. Admitida la queja y reclamación, se requerirá de inmediato a la autoridad o autoridades a quienes se imputan las violaciones para que informen lo que a su derecho proceda. Igualmente se deberá requerir a las otras unidades administrativas que hayan sido señaladas para este tipo de notificaciones por las autoridades fiscales.
3. El asesor deberá efectuar las acciones de investigación necesarias que le permitan el mejor conocimiento del asunto y el acreditamiento de los hechos materia de la queja y reclamación. Dichas acciones podrán efectuarse cuando así lo requiera el contribuyente, o bien, cuando el asesor lo estime procedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley. En los casos que se estime necesario, podrá comisionarse un observador presencial de las actuaciones de las autoridades, previa solicitud del contribuyente.
4. La autoridad o autoridades deberán rendir su informe dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación.
5. El Asesor que tramite la queja o reclamación verificará que el informe de las autoridades contenga:
a) Si admite o no el acto o actos materia de la queja y reclamación.
b) Si considera que los mismos resultan o no violatorios de los derechos de los contribuyentes, exponiendo sus antecedentes, fundamentos, razones o motivos que justifiquen la emisión y en su caso subsistencia de los mismos.
c) Que en su caso, se adjunten las constancias que apoyen dicho informe.
6. Durante el procedimiento se emitirán los acuerdos de trámite necesarios a fin de obtener información adicional indispensable para la emisión del acuerdo que concluya el procedimiento, considerando en todo momento la naturaleza confidencial o reservada de los datos solicitados conforme con las disposiciones legales aplicables.
7. En cualquier momento y hasta antes de la emisión del acuerdo, se recibirán las pruebas que exhiban los quejosos o reclamantes así como las de la autoridad, autoridades o servidores públicos implicados.
8. Concluido el procedimiento de queja y reclamación, se dictará el acuerdo respectivo. Dentro de las veinticuatro horas siguientes el asesor elaborará el proyecto del acuerdo con el que culmine la vía. Dicho proyecto contendrá la consideración de los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas que obren en el expediente de control, en lo que resulten relevantes al caso.
Las pruebas serán valoradas en su conjunto en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación.
En todo caso, se presumirá salvo prueba en contrario, la buena fe de los contribuyentes.
9. Formulado el proyecto, se turnará de inmediato al director del área. En caso de que en el mismo se determine la no responsabilidad de las autoridades investigadas, en términos del artículo 24 de la Ley, dicho servidor público lo aprobará y rubricará dentro de los cuatro días hábiles siguientes.
Si en el proyecto se propone recomendación pública para las autoridades involucradas, será el titular de la Procuraduría el único facultado para emitirlo. En este supuesto, la recomendación irá acompañada de la indicación precisa de las medidas correctivas que se propongan a las autoridades involucradas.
En ambos casos se respetará el plazo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley.
10. En los casos que lo ameriten, a juicio del procurador o delegado, la notificación se efectuará personalmente al servidor público responsable, así como a su superior jerárquico.
11. Dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se notifique la recomendación, la autoridad o servidor público informará por escrito a la Procuraduría si la acepta. En caso de aceptar la recomendación, dentro del término de diez días hábiles siguientes a dicha aceptación, la autoridad proporcionará las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Previa evaluación y autorización por parte del procurador o delegado, dicho plazo podrá ser ampliado por igual término cuando así lo solicite la autoridad o autoridades responsables, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.
Cuando la autoridad acepte la recomendación, la Procuraduría dará a dicha aceptación la misma publicidad que a aquélla. Igual procederá cuando se acredite por la autoridad el cumplimiento de las medidas correctivas.
12. En caso de que la recomendación no sea aceptada o sea aceptada parcialmente, el contribuyente podrá optar por los servicios de representación legal y defensa de la Procuraduría, cuando procedan.
Para la elaboración del dictamen en donde se proponga la recomendación, se aplicarán en lo que corresponda las reglas contenidas en el artículo 78 de los Lineamientos de la Prodecon.

Las acciones de investigación que se provean dentro del procedimiento se sujetarán a lo siguiente:
1. Tendrán por objeto conocer, esclarecer o acreditar los hechos motivo de la queja y reclamación y podrán ser solicitadas por el contribuyente o dispuestas por el asesor cuando lo considere necesario. Se emitirá oficio de habilitación al servidor público que se comisione para tal efecto, en el que se deberá mencionar expresamente el propósito de la investigación, los documentos o actuaciones objeto de la misma y los medios para la ejecución de la diligencia.
La investigación puede comprender la inspección, observación, solicitud de información o documentación, entrevistas, o cualquiera otra análoga, incluso la visita al lugar en el momento en que se lleven a cabo el acto o los actos de las autoridades fiscales implicadas;
2. En todos los casos, se levantará acta circunstanciada en la que conste la notificación del oficio de comisión, la identificación previa del servidor público comisionado ante los sujetos de la investigación, las actuaciones en que consistió la diligencia y las observaciones que correspondan. El acta será rubricada por el servidor público comisionado, los servidores públicos de las autoridades fiscales involucrados y firmada ante dos testigos, así como por el contribuyente en caso de que se le hubiere requerido para la práctica de la diligencia.
Las autoridades fiscales deberán otorgar las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las acciones de investigación, tales como la entrega de la información pertinente y necesaria y el acceso a los documentos y archivos respectivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley.
3. El acta circunstanciada a que se refiere este artículo, deberá agregarse al expediente de control respectivo.
4. Para el levantamiento del acta se observarán las formalidades previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que sean aplicables.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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