Columba Arias Solís
Desconfianza en la Cruzada
Viernes 26 de Abril de 2013
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El 27 de diciembre del pasado 2012, el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba como primer objetivo de su gobierno garantizar la alimentación en el país a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual no sólo tendría como objetivo revertir condiciones de marginación, sino además ofrecer empleos para que “los más desprotegidos tengan una vida digna”. El 20 de enero de este año, a través de decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se oficializó el programa estrella de la administración federal, estipulándose en el articulado del decreto como punto central, el establecimiento del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
La norma de creación define la Cruzada como una estrategia de inclusión y bienestar social a implementarse partiendo de un proceso participativo de amplio alcance, esto con el propósito de sumar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades, los municipios, así como los diversos sectores públicos y privados, organismos e instituciones nacionales e internacionales, con la finalidad de cumplir con los objetivos definidos: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.
Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, así como promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre, son otros de los objetivos delineados en la Cruzada.
Anunciado el programa para implementarse en una primera etapa en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, pronto generaría pronunciamientos críticos al conocerse los municipios donde iniciaría su aplicación, ya que en 230 de ellos habrá procesos electorales, en tanto que muchos otros lugares donde la pobreza extrema prevalece, no fueron considerados en la ruta de la Cruzada.
A la desconfianza inicial por los nombramientos presidenciales en la Secretaría de Desarrollo Social, recaídos especialmente en connotados políticos mexiquenses reconocidos por su trayectoria como operadores electorales, y en la ex perredista Rosario Robles al frente de la Secretaría surgida en la época del salinismo y cuestionada desde entonces por la manipulación de los programas sociales con un sentido de oportunidad electoral, en días pasados habría de sumarse el escándalo de los actos en que se vieron involucrados funcionarios de la Sedesol en el estado de Veracruz.
A escasos días del arranque de la Cruzada Nacional contra el Hambre -el 17 de abril-, el Partido Acción Nacional, a través de su dirigencia nacional presentó una denuncia contra la propia secretaria y otros funcionarios de Sedesol en el estado de Veracruz, comenzando por el delegado en la entidad y los coordinadores de diversos programas manejados por la Secretaría, estos últimos, de acuerdo con las evidencias de videos y grabaciones presentadas, habrían incurrido en una serie de delitos de carácter político electoral en el municipio de Boca del Río, del estado de Veracruz.
La dirigencia panista no sólo denunció los hechos ante la Procuraduría General de la República, señalando a los presuntos implicados, sino que además anunció que promovería juicio político contra el gobernador de Veracruz y la secretaria Rosario Robles, a quien ante las evidencias mostradas no le quedó más remedio que remover a coordinadores y supervisores del Programa Oportunidades y al propio delegado de Sedesol en Veracruz, aunque se habla de más de 50 funcionarios federales, estatales y municipales implicados en el uso de recursos públicos en el proceso electoral del 7 de julio en aquella entidad.
La respuesta presidencial no se hizo esperar, pero en lugar de calmar los ánimos, los exasperó al descalificar las reacciones de la oposición y atribuirlas a “aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones”. Vaya con la respuesta, ¿acaso al presidente no le ocupa y preocupa lo mismo? Es obvio que sí, así se demuestra con los nombramientos en la Secretaría de Desarrollo Social de sus operadores electorales en el estado de México.
Con tal discurso puso a zozobrar el Pacto por México, ya que la dirigencia panista reaccionó a las declaraciones presidenciales con el anuncio de la suspensión de su presencia en los eventos públicos del Pacto. No obstante, el panismo tiene cierta corresponsabilidad en el desarrollo de esas acciones que hoy denuncian, para decirlo coloquialmente, en el pecado llevan la penitencia: doce años estuvieron gobernando y ni de lejos se preocuparon por desmantelar las estructuras del viejo corporativismo al servicio del gobernante en turno. Se engolosinaron con el poder y utilizaron en su provecho las instituciones creadas por el priismo, adoptando los mismos usos y costumbres, dándoles la espalda a quienes los votaron creyendo que la alternancia acabaría con las viejas redes de corrupción.
La desconfianza es el sello de la Cruzada contra el Hambre, no solamente porque los responsables de su aplicación son los funcionarios que sobresalieron por su pericia electoral, también porque -como lo han señalado destacadas opiniones- una verdadera Cruzada contra el Hambre debe ser implementada por especialistas en el tema, que conozcan “cuáles son los recursos naturales y culturales que hay en las diferentes zonas donde se han desvalorizado todos los productos locales, que con ese conocimiento y experiencia tiendan a la búsqueda del aumento sustentable de la producción y desarrollo de mercados locales, con una perspectiva de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.”
No es tarde para enmendar errores, apenas arranca la Cruzada. El presidente tiene la palabra y la acción.

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