Columba Arias Solís
Desaparición de poderes
Viernes 17 de Mayo de 2013
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En el río revuelto de los conflictos existentes en el estado de Michoacán, no faltan los actores políticos que en el ánimo de obtener ganancia electoral, sin el menor análisis jurídico dejan caer propuestas sólo para posicionarse en el interés del colectivo con miras a la próxima cosecha electoral. No debiera sorprender la actitud de los personajes que desde hace una docena años se han mantenido detentando altos cargos sin preocuparse un ápice de los problemas y de la falta de recursos en la entidad, y que de la noche a la mañana se asumen redentores apenas dándose cuenta de la gravedad de la situación, como tampoco la de aquellos otros cuya corta y conveniente memoria los hace evadir que en alguna medida fueron corresponsables de algunos de los problemas por los que atraviesa la entidad.
La inseguridad, la violencia y los conflictos diversos han trastocado la vida de los michoacanos, especialmente en determinados puntos de la geografía, donde forman parte del paisaje cotidiano sin que se adviertan las medidas que las autoridades de todos los niveles deben tomar como parte de sus obligaciones y para resguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.
Por desgracia, las situaciones de violencia e inseguridad no son privativas del estado, puesto que en la mayoría de las entidades federativas, la delincuencia ha sentado sus reales y los conflictos por la problemática social son también constantes, empero, ni los grupos organizados de la sociedad o los actores políticos han solicitado la desaparición de poderes, como podría haber acontecido desde el año 2006 ante la grave confrontación ocurrida en Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruíz, o en Tamaulipas, ante los hechos constantes de violencia de la delincuencia y el propio asesinato del candidato a gobernador, o en Nuevo León, de frente a los innumerables asesinatos y bloqueos de las principales vialidades de la capital del estado por la delincuencia, que hicieran emigrar a centenares de familias al vecino país, como también ha ocurrido en la mayoría de los estados de la frontera, donde poblaciones casi completas han emigrado ante la amenaza de la delincuencia.
No parece entonces haber seriedad en el anuncio de la solicitud de desaparición de poderes en Michoacán por parte de un par de legisladores federales, quienes evidencian la falta de análisis de esta figura, en desuso desde el año de 1975 en que por última vez se puso en práctica durante el gobierno de Luis Echeverría en los estados de Guerrero e Hidalgo.
Es el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V, el que regula esta figura cuyos antecedentes se remontan hasta la reforma que de la Constitución de 1857 se realizara en el año de 1874, y luego fuera retomada por el Constituyente de 1917. Más de 100 años habrían de transcurrir para que fuera expedida la Ley Reglamentaria correspondiente, cosa que sucedió en el año de 1978.
A partir de entonces, la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 constitucional en su artículo primero, determina que el Senado debe constatar la desaparición constitucional de todos los poderes locales y una vez efectuado esto, el artículo segundo señala que “nombrará un gobernador provisional, de la terna que para tal efecto le presente el Ejecutivo.
“La Ley Reglamentaria le concede al gobernador provisional tres meses a efecto de que convoque a la elección del gobernador constitucional, si no cumpliese con dicha convocatoria procede su remoción del cargo”. Por su parte, el artículo tercero establece que “el nombramiento debe ser aprobado por un quórum de las dos terceras partes de los senadores presentes”. Si la terna no es aprobada por el Senado, el Ejecutivo Federal propondrá nuevos candidatos.
En el artículo cuarto se determina que la función del gobernador provisional es única y exclusivamente la de convocar a elecciones, y de acuerdo con esta fracción, el gobernador provisional no podrá ser electo gobernador constitucional en dichas elecciones. Por cierto, debe destacarse que la aplicación de esta Ley es de tipo supletoria, lo que establece en su último párrafo, ya que la misma regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso.
Hasta antes de la expedición de la Ley Reglamentaria de la Desaparición de Poderes, del 29 de diciembre de 1978, la mayoría de los casos de desaparición de poderes -63 declaratorias en el periodo de 1876 a 1975- fueron promovidos por el presidente de la República.
Desde el origen de esta facultad senatorial, tanto legisladores como notables juristas han considerado que la misma conlleva una injerencia indebida en la soberanía de las entidades federativas; sin embargo, sus defensores han considerado que la naturaleza de esta facultad tiene como eje central lograr la estabilidad política con la renovación de los poderes locales, subsanando la ausencia de estos, de tal modo que el objetivo central es la designación de un gobernador provisional que ocupe el Poder Ejecutivo con la única encomienda de convocar a elecciones, y en ese contexto, la desaparición de poderes se considera como una facultad extrema.
Los supuestos que la Ley Reglamentaria prevé para la desaparición de poderes son los siguientes: 1. Cuando los poderes locales quebranten los principios del régimen federal; 2. Cuando las autoridades estatales se prorroguen en sus cargos, después de concluido su periodo y no se hubieran celebrado elecciones; 3. Cuando la autoridad está imposibilitada para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo o con motivo de conflictos propiciados por ellos mismos, que afecten el orden del Estado, la plena vigencia de la Constitución y las leyes; 4. Cuando abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que haya causa de fuerza mayor; 5. Cuando promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distinta de las dispuestas en los artículo 40 y 115 constitucionales.
Habría entonces que preguntarles a los que quieren menear el agua de la desaparición de poderes si las condiciones de la entidad -sin desconocer la gravedad de la problemática- se enmarcan en los anteriores supuestos.

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