Columba Arias Solís
La oposición política (primera parte)
Viernes 7 de Junio de 2013
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La Constitución Política de nuestro país, al definir la forma de gobierno en su artículo 40, dejó establecida la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, federal. Mientras que el artículo 3º, al referirse a la educación, estableció que el criterio que la orientará será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El ideal democrático quedó establecido por el Constituyente de 1917, y desde entonces forma parte del lenguaje común de gobernantes y actores políticos; sin embargo, tal vez por el largo tránsito que el país ha debido recorrer luego del triunfo revolucionario, pasando por la construcción del partido que aglutinara las diversas facciones en 1929 a fin de canalizar las diferencias por la vía política y que se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que esa idea de la democracia, permeando todas las capas de la sociedad, sigue siendo una aspiración en busca de realizarse.
Una aspiración que permaneció almacenada durante varias décadas en que la vida política del país se decidió dentro del partido hegemónico, cuyas directrices marcaba el presidente de la República en su calidad de primer militante y jefe real del partido, y por ende, quien decidía las candidaturas de todos los niveles, de tal forma que se convirtió en frase común aquella que señalaba que en el país no se movía la hoja del árbol sin la voluntad presidencial.
El país se desarrollaba bajo la hegemonía unipartidista pese a la existencia de otras organizaciones políticas cuya presencia era realmente testimonial. El mundo se democratizaba mientras que en México, el sistema permanecía inamovible, pese a que nuestro país “se hizo más complejo, diverso, plural: un solo partido, una sola coalición, ya no podía representar ni conciliar todos los intereses, proyectos y pulsiones de un país que se modernizaba aceleradamente”(1).
Además de las inquietudes internas, las exigencias externas propiciaron que José López Portillo, quien había asumido la Presidencia luego de unas elecciones que constituyeron una simple formalidad toda vez que fuera el único candidato a la Presidencia, encomendara a Jesús Reyes Heroles, su secretario de Gobernación, los trabajos rumbo a la reforma que abriera los espacios a la inclusión y el pluripartidismo y además legitimara su Presidencia con la presencia de opositores.
López Portillo reconocía que uno de los derechos no plenamente ejercidos del pueblo era la representación política, derecho electoral de la democracia. Su propia experiencia –admitía- le indicaba que la representación política vivía una crisis grave determinada por diversas razones, entre ellas, la falta de incorporación representativa de las minorías relativas que exigían presencia y no hallaban proporcionalidad (2).
Luego de una docena de audiencias públicas presididas por el secretario de Gobernación con la presencia y participación de representantes de quince organizaciones políticas, en 1977, el presidente enviaba al Congreso de la Unión la iniciativa que modificaba 17 artículos constitucionales, y cuyos aspectos más trascendentales fueron: el otorgamiento a los partidos políticos del carácter de entidades de interés público; la oportunidad de participar en los procesos electorales si se obtenía el 1.5 por ciento de la votación en las elecciones de que se tratara, cumpliendo además con los requisitos de organización, actividad política previa así como su definición de ideología.
También la reforma incluyó la modificación y ampliación de la Cámara de Diputados, estableciendo el número de 400 diputados, de los cuales 300 se definirían por mayoría y 100 por vía de representación proporcional; el establecimiento de un régimen de nulidades y recursos; el reconocimiento del derecho de los partidos nacionales a participar en elecciones locales; el acceso a los medios de comunicación; se elevó a rango de ley federal el acceso de los diputados de minoría y regidores de representación proporcional en ayuntamientos de municipios que tuvieran una población mayor de 300 mil habitantes, y se modificaron la estructura y funciones de la autoridad electoral, aunque el secretario de Gobernación siguió teniendo un papel preponderante y hegemónico.
Como consecuencia de la reforma constitucional, se creó una nueva ley electoral: la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales aprobada el 19 de diciembre de 1977.
Hasta antes de la reforma política, además del Revolucionario Institucional y el opositor Accion Nacional, existían el Partido Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana. A consecuencia de la reforma, obtuvieron su registro condicionado el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano.
La reforma política electoral de 1977 abrió las puertas al sistema de partidos, permitiendo a la oposición política acceder a la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional, pero al mismo tiempo surgieron de las instancias gubernamentales los especialistas en las suertes electorales, coloquialmente conocidos como mapaches y cuya función estribaría en cerrar a la oposición el camino a los triunfos electorales de mayoría.

(1) La mecánica del cambio político en México, Autores Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldemberg
(2) Mis tiempos, José López Portillo

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