Columba Arias Solís
La oposición política
Viernes 14 de Junio de 2013

Segunda parte

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No obstante que la Reforma Electoral de 1977, impulsada por el entonces presidente José López Portillo, permitiera la incorporación de nuevos partidos a la lucha política y a la obtención de espacios en la Cámara de Diputados vía la representación proporcional, lo cierto es que esa cierta apertura no fue lo suficientemente amplia para brindar confianza a las oposiciones en virtud a que el gobierno siguió controlando los procesos antes, durante y posteriormente a las elecciones, ya que el secretario de Gobernación presidía la Comisión Federal Electoral y tenía la facultad para designar -como lo hacía- a todos los funcionarios electorales, mientras que el padrón electoral resultaba inaccesible para su revisión y examen por parte de los representantes de los partidos opositores.
Los conflictos poselectorales sucedidos en diversas entidades y municipios del país -varios de estos de dimensiones considerables- entre los años de 1982 a 1986, obligaron a nuevos cambios electorales, aunque las propuestas de los partidos opositores no prosperaron y la iniciativa presidencial fue aprobada por la Cámara en noviembre de 1986, modificando la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, lo que incrementó a 500 el número de estos, manteniéndose en 300 los legisladores por la vía de mayoría relativa, en tanto que los de representación proporcional aumentaron a 200. Se definieron por ley las circunscripciones, así como un solo procedimiento para la asignación de diputados de representación proporcional.
En la nueva reforma se suprimió el registro condicionado para los partidos, se autorizaron las candidaturas comunes, y aunque con muchas limitaciones, se dio paso a la reglamentación de las prerrogativas de los partidos. Para resolver los recursos de apelación y queja se creó el Tribunal Contencioso Electoral.
Pese a los ciertos avances de esta reforma, los retrocesos fueron muy significativos como la debatida cláusula de gobernabilidad severamente cuestionada por la oposición, toda vez que otorgaba al partido mayoritario la mayoría de la Cámara, en tanto que la organización y vigilancia de los procesos electorales seguía en manos del gobierno y de su partido.
La Reforma Electoral de 1986 no funcionó para la controvertida elección de 1988, al contrario, quedaron evidenciadas sus insuficiencias y retrocesos, cuestionándose la poca transparencia en la organización, así como el control de todas las etapas del proceso por parte del gobierno y su partido. La inequidad en las campañas, remarcada por el desigual acceso a los medios masivos de comunicación, quienes privilegiaron el trato al candidato oficial, la opacidad y la parcialidad del órgano electoral y la exhibición de graves irregularidades fueron las señas de identidad de ese proceso electoral, cuyos resultados fueron rechazados e impugnados por las fuerzas opositoras. La caída del sistema de cómputo terminó con la escasa credibilidad ciudadana en el resultado oficial.
Así entonces, la Reforma Electoral de 1986 abrió la puerta a la grave crisis electoral de 1988, que derivó en grandes movilizaciones nacionales contra los resultados electorales, dejando al borde de la ilegitimidad al candidato oficial ganador de la contienda, Carlos Salinas de Gortari, quien durante los seis años de su gobierno no pudo convencer de su legitimidad a la mayor parte de la población.
Luego de las traumáticas elecciones de 1988, el gobierno tuvo que asumir la necesidad ineludible de nuevas reformas que incluyeran el reclamo democrático de los opositores políticos que comprendían no solamente a los partidos, sino a grupos de la sociedad civil cuyas voces habían trascendido el ámbito nacional para hacerse escuchar en el exterior y lograr la simpatía internacional, que se reflejó en las demandas del respeto al voto y equidad electoral.
El 14 de julio de 1990 una nueva legislación electoral sería aprobada por la Cámara de Diputados: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esta nueva reforma el principal avance logrado por la oposición lo constituyó la creación del Instituto Federal Electoral, institución que tendría bajo su responsabilidad la organización de los procesos electorales federales y que como órgano máximo de dirección tendría un consejo general, en cuya presidencia tendría al secretario de Gobernación.
El consejo contaría también con la presencia de cuatro representantes del Poder Legislativo y de representantes de los partidos cuyo número se asignaría de acuerdo a determinados porcentajes de votación. Igualmente formarían parte del órgano de dirección seis magistrados consejeros que serían nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente.
Un nuevo padrón electoral bajo mecanismos de control y seguridad, la creación del Tribunal Federal Electoral, fueron avances de la nueva reforma, en tanto los retrocesos se reflejaron en la clausura de las candidaturas comunes y la supresión de las asociaciones políticas.

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