Columba Arias Solís
La oposición política
Jueves 20 de Junio de 2013

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El proceso electoral de 1994 en el país se realizó bajo las más difíciles condiciones de los últimos tiempos, en medio del levantamiento armado de los zapatistas en Chiapas, del asesinato del candidato presidencial postulado por el partido en el poder, los cuestionamientos e inconformidades por los resultados de elecciones locales en varios estados, con las denuncias de fraudes y manejo doloso del padrón, así como la inequidad en los gastos y en el acceso a los medios de comunicación, y con la crisis económica gestada en el anterior gobierno, pero que habría de detonarle al gobierno de Ernesto Zedillo.
El panorama se advertía sumamente complicado para el gobernante electo, quien al asumir la presidencia reconocía que los resultados de las elecciones podían ser legales pero seguía siendo cuestionada la legitimidad, así como también la insuficiencia en los avances democráticos, por lo que consideraba necesaria una reforma electoral definitiva, que contara con el más amplio consenso político de forma tal que erradicara las sospechas, los cuestionamientos y protestas que empañaban los procesos electorales en diferentes lugares del país.
En medio de la severa crisis económica y del movimiento zapatista, Ernesto Zedillo convocó a todos los actores políticos a la firma de un Acuerdo Político Nacional, el 17 de enero de 1995, para la reforma política y electoral en la que de acuerdo con su propio discurso, había que tener la disposición para tratar todos los temas tales como financiamiento de partidos, topes a los gastos de campaña, acceso a los medios de comunicación y la autonomía de los órganos electorales.
El acuerdo político fue firmado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo, con el compromiso de concluir con la reforma electoral definitiva, y bajo un marco de respeto a la soberanías locales, promover reformas electorales en los estados, a fin de incorporar los criterios de la reforma federal, impulsar la reforma política del Distrito Federal, las reformas correspondientes para asegurar la legalidad, equidad y transparencia en los siguientes procesos, además de la solución de los conflictos poselectorales dentro del marco legal.
Después de numerosas vicisitudes habría de llegarse a los acuerdos para realizar la madre de todas las reformas electorales, la que implicaría modificar 16 artículos constitucionales y adicionar tres más. Por unanimidad se aprobó la reforma constitucional, sin embargo por diversas circunstancias los consensos se rompieron y el partido tricolor aprobó en solitario la reforma electoral a las leyes secundarias.
No obstante el diferendo, con anterioridad las coincidencias de todos los partidos y del gobierno mismo habían logrado concretar los puntos más trascendentales de todas las reformas: la autonomía absoluta de la autoridad electoral; los consejeros electorales definidos en la Cámara por consenso de todos los partidos; la designación de los magistrados del Tribunal Electoral a cargo de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte; la calificación electoral quedó totalmente en el ámbito jursdiccional vía el Tribunal y no la Cámara.
En cuanto al tema de la equidad, la reforma consideró el aumento de los recursos públicos a los partidos, topes a los gastos de campaña y restricciones a los recursos de origen privado.
Por último, la reforma incluyó la elección directa del jefe de Gobierno en la capital de la República.
Llegaron las elecciones de 1997 y con las nuevas reglas electorales, la oposición de izquierda obtuvo su triunfo más importante: el gobierno de la capital del país, en tanto que los blanquiazules obtendrían las gubernaturas de Querétaro y Nuevo León, las que se sumarían al estado de Guanajuato ganado en su segundo intento por Vicente Fox, en la elección extraordinaria de 1995.
La oposición política trascendía sus primeros triunfos a las gubernaturas y a partir de entonces habría gobiernos de oposición en diferentes entidades del país. Desde esa época la capital mexicana sería gobernada por la oposición de izquierda cohabitando con titulares del Ejecutivo emanados de otros partidos.
El nuevo y ciudadanizado órgano electoral tendría su prueba de fuego con la organización del proceso electoral federal del año 2000. Su desempeño fue impecable, y el proceso comicial concluyó como es sabido, con el arribo a la Presidencia de la oposición de derecha, dejando en la orfandad política al hasta entonces partido hegemónico, que durante doce años habría de permanecer en la oposición política.

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