Columba Arias Solís
Pemex, el objeto del deseo (última parte)
Viernes 5 de Julio de 2013

Larga vida a Cambio de Michoacán en su 21 Aniversario, felicitaciones a todos quienes hacen posible su existencia.

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Con el arribo al poder presidencial de los políticos imbuidos de filosofía neoliberalista, las tentaciones de modificar la Constitución para facilitar la participación de capitales privados, principalmente extranjeros, en alguna de las áreas dominadas por la paraestatal mexicana, fueron frecuentes aunque siempre frenadas por la misma clase política.
Al asumir la Presidencia, Vicente Fox anunció que presentaría una reforma energética que desde luego incluiría a Pemex; sin embargo, sería el sucesor de aquel, Felipe Calderón, quien aterrizaría la propuesta fundamentalmente referida a la creación de contratos incentivados, a la inclusión de cuatro consejeros profesionales en el Consejo de Administración de Pemex y a la adquisición de bonos por parte de particulares. Esta reforma, aprobada en 2008m permite a Pemex contratar financiamiento sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, creándose además el Consejo Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero dejó intocado el régimen fiscal que asfixia a la paraestatal, así como incólumes los privilegios del poderoso sindicato.
Una serie de iniciativas fue anunciada apenas iniciado el periodo del actual presidente, la considerada madre de todas las reformas, la Energética, sería anunciada por el presidente en su viaje a Europa, manifestando que al respecto se harían los ajustes que fueran necesarios a las leyes. A raíz de este anuncio, creció la preocupación ante la seria posibilidad de la privatización de la empresa anunciada como una modernización.
Ante los comentarios críticos, el presidente hubo de moderar su anuncio y señalar reiteradamente que no se haría ninguna privatización. Igualmente comenzaron a decirlo personajes del entorno presidencial. Lo cierto es que no hay claridad respecto a la iniciativa que el mandatario enviará al Congreso; el presidente la anuncia pero sin referirse a los contenidos, de ahí que desde luego surjan diferentes versiones, “especulaciones”, dicen los personajes del entorno oficial que descalifican los cuestionamientos, reiterando que como parte de la Reforma Energética, “no se venderá un solo tornillo de la paraestatal”, como lo expresara el antes dirigente nacional del tricolor, hoy secretario de Energía.
No habrá privatización, señalan, pero enseguida argumentan la urgencia de encontrar recursos frescos fuera de la empresa toda vez que “el Estado no tiene capacidad presupuestal para proveer cada año a Pemex de 150 mil millones de pesos extra para operar como empresa productiva y rentable, y esos recursos se obtendrían de la asociación con la iniciativa privada en áreas que no afectan la propiedad que de los hidrocarburos tiene la Nación, sin tocar el artículo 27 constitucional”, como ha señalado el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Según el secretario de Energía, el punto central de la discusión es un párrafo posterior a la creación de la empresa y que fue introducido en los años 50, el cual prohíbe contratos de concesiones, de tal modo que se estaría analizando qué tanta apertura se le daría a Pemex para asociarse y explotar los recursos.
A este propósito, el jurista y politólogo Arnaldo Córdoba, en una de sus colaboraciones periodísticas preguntaba: ¿qué extensión de las zonas petroleras terrestres y marítimas está ya en manos de particulares (todos ellos extranjeros)?
A las consideraciones de incluir a los privados en la producción de hidrocarburos, Córdoba comentaba que ya se estaba haciendo abiertamente y se cuestionaba “¿Qué más es lo que se propone y mediante qué mecanismos?, ¿para qué una Reforma Energética si los fines que se persiguen son los mismos que ya se están llevando a cabo?”.
Desde luego no le falta razón al columnista, en virtud que desde el año 2002 comenzó la apertura al sector privado de otros países con la entrega a compañías trasnacionales de concesiones para la explotación de la Cuenca de Burgos; a través de los Contratos de Servicios Múltiples se beneficiaron las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, seis trasnacionales que desde 2004 estuvieron a cargo de la exploración y explotación de la zona. Dichos contratos se suscribieron en abierta violación a las disposiciones del artículo 27 constitucional que en una de sus partes tajantemente determina que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso, no se otorgan concesiones ni contratos.
Desde hace años, especialistas en el tema han advertido de las tentaciones de los gobiernos de convertir a Pemex en una simple empresa administradora de contratos, alertando además sobre el endeudamiento de la empresa a través de los denominados Piridegas (proyectos de inversión en infraestructura productiva de impacto diferido y registro en el gasto público), endeudamientos que no pasan por el Congreso.
Desde el lado oficial, se descalifican las opiniones que se manifiestan contrarias a la privatización, porque se dice, no se conoce todavía el contenido de la iniciativa, empero, sucede que no se ha borrado el recuerdo de la puesta en barata de las empresas del Estado en el régimen salinista, cuando gracias a Teléfonos de México, el país generó al hombre más rico del mundo, sin que los beneficios de la venta hayan favorecido a la población. ¿A quiénes favorecería la venta de Pemex?

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