Columba Arias Solís
Sin cultura democrática
Jueves 11 de Julio de 2013
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Los resultados de las elecciones del pasado domingo en diversos estados de la República, donde estuvieron en disputa diputaciones locales, ayuntamientos y una gubernatura, tal parece habrán de dirimirse -algunos- en los tribunales electorales, luego del cúmulo de irregularidades denunciadas por los distintos partidos contendientes en esos procesos cuestionados prácticamente desde su inicio, donde además los hechos de violencia ensombrecieron el panorama electoral y contribuyeron a desalentar la participación ciudadana que en algunos lugares llegó a la chabacanería de votar por gatos, burros u otros integrantes de la fauna.
Es lamentable que después de dos décadas en que las movilizaciones ciudadanas lograran romper la hegemonía unipartidista, obligando a que el gobierno dejara de ser juez y parte en los procesos electorales y por ende propiciar el surgimiento de instituciones que organizaran y supervisaran las elecciones, se vuelva al pasado con prácticas que si bien no habían desaparecido del todo, quedaron proscritas en las nuevas legislaciones electorales surgidas gracias a la presión de los mismos partidos antes en la oposición y que incluyeron como delitos los usos y costumbres consistentes en el relleno de urnas, el acarreo de personas, la compra de votos en efectivo y en especie, el robo de votos y la alteración de las actas del día de la elección, entre otras acciones de esta calaña.
Por desgracia, en la jornada comicial del pasado domingo continuaron las prácticas ya denunciadas en los días de campaña, sin que las autoridades respectivas hicieran prevalecer el imperium de la ley. Del norte al sur de la República, las trapacerías electorales fueron las mismas en esta jornada, agravadas además por la participación de la delincuencia organizada en algunos de estos lugares, donde la violencia ensombreció lo que debiera ser una jornada cívica con amplia participación.
Es evidente que no se ha generado una cultura democrática ni en dirigentes, gobernantes o militantes partidistas, quienes elección tras elección dan muestras de estar anclados al pasado, cuidando intereses privados, de facción o grupo, por encima del interés colectivo o del beneficio de las mayorías de la sociedad. Esa falta de cultura democrática que ha propiciado el monopolio de la actividad política, así como las nocivas prácticas ya señaladas explican el alejamiento e incluso el desprecio de la ciudadanía de las cuestiones políticas y partidistas.
Atentados contra candidatos, dirigentes regionales de partidos, coordinadores de campaña, con la muerte de algunos de ellos y lesionados otros; la detención in fraganti de alguna candidata que repartía dinero en la misma jornada, el cierre indebido de ciertas casillas, el robo de urnas y la quema de boletas, así como las amenazas para que votaran o no votaran por determinados candidatos fueron las características de las elecciones locales del 7 de julio, difundidas en los medios, especialmente en las redes de Internet.
Quedó en evidencia la intervención de los gobernantes locales en el desarrollo comicial en favor de los candidatos de su preferencia, bien de sus partidos o hasta de otros, porque se les ha vuelto costumbre que cuando no logran imponer favoritos, patrocinan otros candidatos para contender por el partido de enfrente, sin importarles el color político.
No obstante que los medios de comunicación diariamente informaban sobre los desaguisados del proceso, no hubo autoridad alguna ni local o federal que impusiera el orden en el proceso y en la jornada comicial del pasado domingo, sin embargo al día siguiente, el presidente de la República hace el llamado al acatamiento de los resultados electorales. Más oportuna hubiera sido su aparición exigiendo a los gobernantes, candidatos y militantes el acatamiento a las normas y al estado de derecho durante las campañas y en la jornada comicial.
Aunque los firmantes del Pacto por México opten por la sujeción al llamado presidencial, habrá candidatos y militantes que acudirán a los tribunales electorales, por encima de sus dirigencias nacionales. Claro, siempre habrá quienes se echen atrás al recibir la orden de quien dependen, ya se vio con el arrepentimiento del voto por voto primeramente exigido en Baja California.

Punto y aparte

No habrá candidaturas ciudadanas en Michoacán, así se desprende de la propuesta de reforma anunciada por los legisladores estatales para incluir esta figura en la máxima norma constitucional del estado. Con la imposición de mayores requisitos que los exigidos a los partidos, queda clara la estrategia de obstaculizar y prácticamente cerrar el camino a los candidatos ciudadanos. Ahora habrá que demandar que todos lo candados que pretenden aplicárseles a los ciudadanos para que puedan competir a cargos de elección, también se les apliquen a los partidos.

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