Columba Arias Solís
El caso Salinas
Jueves 8 de Agosto de 2013
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El pasado 19 de julio, el juez 13 de Distrito con sede en la capital de la República, dictó sentencia absolutoria en el juicio que por enriquecimiento ilícito se le siguió al llamado hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl de los mismos apellidos, cuyo caso se iniciara en el año de 1996, luego de la denuncia formulada por la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, al no acreditar la licitud en el origen patrimonial acumulado durante los años en que fue funcionario de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, más conocida como Conasupo.
A finales de 1995 la Secodam había pedido apoyo a la PGR para que en nombre del gobierno mexicano solicitara a las autoridades de los países de Suiza e Inglaterra, información sobre los depósitos y las cuentas bancarias abiertas por Raúl Salinas de Gortari y sus seudónimos, luego de lo cual, la Secodam presentó denuncia contra Raúl Salinas por enriquecimiento ilícito.
La detención en Suiza, el 15 de noviembre de 1996, de la entonces esposa de Raúl Salinas, Paulina Castañón -quien pretendía retirar importantes cantidades de instituciones bancarias de aquel país utilizando documentos falsos otorgados a su marido, tales como pasaportes con nombres falsos pero con su fotografía y firma-, permitiría a las autoridades mexicanas enterarse que Raúl Salinas de Gortari en solamente tres cuentas en Suiza había depositado 84 millones de dólares.
También salió a la luz pública que entre 1991 y 1992 se realizaron depósitos por siete millones de dólares, lo que contrastaba con la declaración patrimonial en la que había manifestado que sus ingresos por concepto de actividades públicas y privadas ascendían a la cantidad de 16 mil dólares por mes, por tanto no encajaba que en sus cuentas en México hubiera depositado siete millones de dólares, así como tampoco cómo, luego de su desempeño durante nueve años en la administración pública, pudiera haber incrementado de 18 a 39 sus propiedades en bienes raíces.
El escándalo por el enriquecimiento que presuntamente se había logrado al amparo de la Presidencia del hermano, traspasó las fronteras del país; la ciudadanía mexicana en sus diferentes sectores se manifestó indignada, y en los diversos medios de comunicación se exigía a las autoridades la aplicación irrestricta de la ley, el cese de la impunidad de quienes medraban con los cargos públicos y el tráfico de influencias del que ese como otros personajes hacían gala. El propio presidente, en aquel entonces Ernesto Zedillo, sin mencionar el nombre de Raúl Salinas, declaraba que se pondría fin a los actos de corrupción y a la impunidad que desde espacios de la administración hubieran sido cometidos.
Luego de 17 años de litigio, como un baño de agua fría le cayó a la sociedad la sentencia que el juez de Distrito emitió, en la que determinó que “sin lugar a dudas” Raúl Salinas de Gortari se enriqueció, pero que la Procuraduría General de la República no acreditó que el acusado “haya incrementado sustancialmente su patrimonio” a través de recursos públicos.
Es decir, el juez admitió en su sentencia que Raúl Salinas de Gortari acumuló en menos de diez años una fortuna inexplicable, injustificable para quien se desempeñaba como burócrata en un cargo de mediana importancia, y quien de poseer 17 inmuebles y bienes por 60 mil dólares en el año de 1983, para abril de 1992 hubiera acumulado un total de 52 millones de dólares, 41 inmuebles y fondos de inversión en diversos países del extranjero, sin embargo, “al no acreditarse que los bienes que fueron adquiridos por el servidor público Raúl Salinas de Gortari son el producto del abuso de las atribuciones conferidas, se desvanece el delito de enriquecimiento ilícito”.
El juez en su sentencia señaló que Salinas sin lugar a dudas se enriqueció, “sin embargo tal enriquecimiento debe revestir el carácter que le asigna el tipo penal. “Esto es, debe ser un enriquecimiento ilícito, carácter que no debe asignarse sólo en función de la temporalidad en que se dio su incremento, pues como ya fue señalado, el tipo penal lo que sanciona es al mal servidor público, corrupto y deshonesto, que incrementa su patrimonio aprovechándose de la función pública que le fue encomendada”. “En ese contexto no se encuentra plenamente acreditado en autos, que el sujeto activo haya incrementado sustancialmente su patrimonio, precisamente con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y que haya adquirido bienes en contravención de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
En conclusión, es inexplicable la fortuna acumulada por Raúl Salinas de Gortari, pero de acuerdo con la sentencia del juzgador, no hay pruebas de que la haya obtenido de forma ilícita. Es decir, sí, pero no. De modo que alegremente se apresta el susodicho a entrar en posesión de la cuantiosa fortuna que en dólares y bienes inmuebles constituyó quién sabe cómo, y de nueva cuenta se le da esquinazo a la justicia y a los ciudadanos.

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