Jueves 24 de Octubre de 2013
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El pasado 17 de octubre se cumplieron 60 años de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se aprobaba que las mujeres tuvieran derecho a votar y ser votadas. Muchos años pasaron antes de que rindieran fruto los esfuerzos de aquellas tenaces mujeres que desde finales del siglo XIX iniciaran el camino rumbo a la conquista del voto, un avance democrático al que México llegó tan tarde que fue el último país de América Latina en el que las mujeres obtuvieron ese derecho.
Ciertamente, durante las décadas transcurridas desde su adquisición de ciudadanía, las mujeres se han ido posicionando en los diferentes ámbitos del quehacer en nuestro país, empero ese avance no tiene correspondencia entre su representación numérica y menos con el trabajo desempeñado dentro y fuera del hogar, manteniéndose todavía las brechas de género.
De acuerdo con las cifras del Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el segundo trimestre de 2011 se observa que dos de cada tres mujeres desempeñan un trabajo remunerado, frente a uno de cada cuatro hombres. La participación de las mujeres en el trabajo remunerado es inferior al de los hombres: 36 de cada 100 mujeres contribuyen a la producción de bienes y servicios de manera remunerada, en cambio 67 de cada 100 hombres perciben una remuneración por su trabajo, lo que significa que por cada mujer remunerada presente en el mercado laboral hay dos hombres.
No obstante el tiempo transcurrido, los avances de las mujeres para conseguir posiciones políticas ha sido mucho más lento de lo sucedido en otros países, y su participación es todavía muy reducida, así se demuestra con los resultados de las elecciones federales del pasado julio de 2012, de las que resultaron únicamente 184 diputadas de 500 integrantes de la Cámara de Diputados, que constituyen el 37 por ciento y, 42 mujeres senadoras de 128 que forman la Cámara correspondiente, al 33 por ciento y que sin embargo resulta ser la participación más alta en la historia del sufragio femenino. Asimismo, de los mil 134 diputados locales en el país, 310 son mujeres, apenas representan el 27.38 por ciento y no hay ninguna mujer gobernadora.
Ante la escasa representación política de las mujeres, desde hace algunos años surgieron las demandas que diferentes organizaciones internacionales y nacionales impulsaron con el fin de que se impusieran medidas afirmativas para disminuir la brecha de la inequidad política. En el año de 2002, la legislación electoral mexicana por primera vez consideró las cuotas de género, estableciendo la prohibición a los partidos de contar con más del 70 por ciento de candidatos del mismo género, logrando de esta forma una mayor participación para las mujeres.
Sin embargo, en el año 2009 el escándalo estalló luego del proceso electoral en que habiendo resultado electas legisladoras varias mujeres, algunas de éstas renunciaron de inmediato para que sus suplentes hombres tomaran posesión de la diputación, dejando en evidencia la trampa partidista que para cumplir con la exigencia electoral postularan mujeres encabezando las fórmulas, obligándolas a renunciar en favor de sus cónyuges u otros parientes, esquivando de esa forma el cumplimiento a la disposición electoral y burlando el sentido de la equidad.
Sin embargo, hay compromisos internacionales a los que México se ha adherido y que deben cumplirse, como la Plataforma de Beijing, que fue aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que considera la equidad entre las mujeres y los hombres “una cuestión de derechos humanos y condición indispensable para un desarrollo económico con justicia e igualdad y un requisito para la paz y el desarrollo sustentable”.
En aras de lograr la equidad, la Plataforma estableció el diseño de políticas en materia de educación y capacitación con seis objetivos estratégicos: asegurar la igualdad de acceso a la educación; eliminar el analfabetismo entre las mujeres; aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente; establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios; asignar recursos suficientes para las reformas a la educación y vigilar la aplicación de las reformas; promover la educación y la capacitación de niñas y mujeres. Si en México se pasara de las palabras a los hechos, un gran trecho se habrá avanzado.
Por lo pronto, el presidente Peña Nieto, en el marco conmemorativo de los 60 años del voto a la mujer, ha enviado una iniciativa de reforma al Cofipe para que del total de candidaturas a diputados o senadores que presenten los partidos o coaliciones ante el IFE, se integren con un 50 por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el 50 por ciento restante con candidatos del género opuesto. En congruencia con la iniciativa, el presidente tendría que nombrar más mujeres como secretarias, en su administración sólo hay tres por quince hombres secretarios.

El regreso de FVF

Se pone fin a los rumores que por semanas recorrieron todos los ámbitos sociales sobre si el gobernador Fausto Vallejo reasumiría las funciones que el voto popular le otorgó. El martes se apersonó en la sede del Congreso para comunicar su retorno, que por cierto cayó como una losa a ciertos integrantes de ese poder, basta leer sus declaraciones para advertir su pesar y ni qué decir de ciertos dirigentes opositores. Más allá de las especulaciones sobre los damnificados por su regreso, es imprescindible la atención y solución de tantos problemas que aquejan a los michoacanos. La ciudadanía espera y desespera. Ya se verá.

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