Columba Arias Solís
¿El INE en lugar del IFE?
Viernes 1 de Noviembre de 2013
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Entre los compromisos firmados por los principales partidos políticos del país y el presidente de la República, en el denominado Pacto por México, de fecha 2 de diciembre de 2012, el compromiso número 90 consideró la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única en la materia, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las locales y municipales; de esta forma surgió la iniciativa suscrita en principio por el Partido Acción Nacional y luego secundada por los demás integrantes del Pacto.
Los partidos promotores por voz de sus dirigentes señalaron que tal iniciativa tiene como objetivo “acelerar los procesos para fiscalizar los recursos de los partidos, combatir la intromisión que practican gobernadores de todos los partidos y endurecer las sanciones para quien viole la Ley Electoral”; así como también el ahorro de los recursos que se generarían con una sola institución, porque los órganos locales son muy costosos y además se acabaría con la duplicidad de funciones”.
La discusión sobre la desaparición del IFE y de los institutos electorales locales, para dar paso a la creación del Instituto Nacional Electoral en el que se centralizarían las tareas electorales, ha generado enorme controversia y oposición, particularmente -como era de esperarse- entre los integrantes de los órganos electorales locales, que son los primeros en oponerse a la desaparición planteada por los promotores de tal iniciativa, oposición a la que se han sumado gobernantes locales.
Ante diputados y senadores, los presidentes de los institutos electorales a través de la Asociación de Consejeros Presidentes de Institutos y Consejos Electorales Estatales expresaron su rechazo a la creación de un Sistema Nacional Electoral, considerando que “la desaparición de sus estructuras implicaría una violación al federalismo y no tendría ningún ahorro y sí un incremento significativo de burocracia”, señalando que no hay estudios previos ni sustentados sobre el presunto ahorro, como tampoco, los promotores de la iniciativa han siquiera indicado con claridad cuáles son las funciones que se duplican.
Sobre la intromisión de los gobernadores, los consejeros electorales estatales manifiestan que la actuación de los institutos locales siempre es confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual sólo ha revocado el 16 por ciento de las decisiones de institutos y tribunales locales.
A la polémica ante la iniciativa que se encuentra en manos de los senadores se han sumado los ex presidentes del Instituto Federal Electoral José Woldemberg y Carlos Ugalde, el primero se manifiesta contrario a la creación del INE, cuestionando las supuestas ventajas que se tendrían al contar con una única autoridad electoral en el país que organizara todos los procesos electorales.
Para Woldemberg no queda claro cómo se conseguiría el ahorro espectacular prometido, toda vez que entonces dicho órgano requeriría multiplicar su estructura y burocracia en las entidades para tener presencia en todos los distritos locales. Asimismo, señala que desaparecer los institutos locales no es la solución a la falta de autonomía respecto de los gobernantes locales. Woldemberg considera que lo que debe hacerse es fortalecer los institutos electorales locales a través de medidas que se establezcan en la Constitución con relación a la duración en los cargos de los consejeros, así como la revisión de la forma en que son electos. Deberíamos pensar cómo fortalecer la autonomía y no cercenar un modelo federalista, concluye el ex presidente.
Luis Carlos Ugalde, el controvertido ex consejero que sucedió a Woldemberg en la presidencia del Instituto Federal Electoral, manifiesta que la creación de un Instituto Nacional Electoral reduciría algunos costos de la organización electoral, pero -poniendo el dedo en el centro de otro tema debatible- el problema real del costo de la democracia no es ese, sino el financiamiento no registrado de las campañas. Ugalde da cifras sobre los costos de las instituciones encargadas de los procesos electorales, señalando que el gasto no reportado en campañas es enorme y puede ser varias veces mayor que el que es fiscalizado por las autoridades electorales.
Sobre la creación del nuevo órgano electoral, la conocida empresa Parametría, en el mes de julio realizó una encuesta cuyos resultados muestran que en la opinión pública, la idea de unificar los institutos estatales en un solo organismo es apoyada por el 44 por ciento de la población, que está de acuerdo con la desaparición de los institutos electorales locales.
La encuesta muestra que la confianza de la población en los institutos locales ha ido disminuyendo y el 52 por ciento a nivel nacional tiene poca o nada de confianza en el instituto electoral de su estado; para 60 por ciento de los entrevistados, el IFE organiza mejor las elecciones en comparación con algún instituto electoral estatal.
El debate sobre la creación del gran ente electoral que organice los diferentes comicios en todo el país, así como la desaparición de los institutos electorales locales está abierto, y habrá de dar lugar a múltiples opiniones, porque tanto quienes promueven a la nueva entidad electoral como quienes se oponen a la misma y a la desaparición de los organismos locales esgrimen argumentos que expresan razonables puntos de vista. Es innegable la intromisión de ciertos gobernantes en los procesos locales. Es innegable también el retroceso que se daría al centralizar funciones y dañar el sistema federalista. Es innegable la partidización en la elección de consejeros del IFE. Habrá que seguir el debate.

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