Columba Arias Solís
Faltas al debido proceso
Jueves 14 de Noviembre de 2013
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La puesta en libertad de implicados en diversos hechos delictuosos en nuestro país -algunos muy sonados por el despliegue mediático de las televisoras, que en aras de elevar sus niveles de audiencia pactaron con ciertas autoridades federales el montaje de las detenciones-, ha causado enorme malestar y críticas en la población, que en su mayoría desconoce las causas que dieron origen a las liberaciones y suponen que tras las mismas se ampara la impunidad.
Sin embargo, los ministros de la Corte acordaron la libertad o concedieron el amparo de la justicia federal a diversos acusados, al encontrar distintas violaciones al debido proceso, y en ese contexto el 1° de febrero del pasado 2012, la primera Sala de la Corte ordenó la inmediata libertad de siete personas indígenas tzotziles condenadas por los hechos de Acteal; luego otras personas más adquirirían su libertad por las mismas razones.
Una de las liberaciones que mayor impacto tuvo en el colectivo mexicano, precisamente por la enorme difusión desplegada por los medios masivos fue la de la ciudadana francesa Florence Cassez, caso que confrontó a los gobiernos mexicano y francés, entonces encabezados por Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, este último quien desde el primer momento abogó por su connacional y cuestionó el procedimiento que la condenó a 60 años de prisión.
Ordenada la puesta en libertad de Cassez, las críticas y los insultos le llovieron a la Corte, no obstante las declaraciones de los ministros que una y otra vez explicaban las violaciones al debido proceso que ocasionaron la libertad de la imputada. Tras esa determinación, muchas voces surgieron augurando la libertad de diversos implicados en hechos delictuosos, por las mismas faltas al debido proceso.
La semana pasada de nueva cuenta los ministros de la Corte son motivo de crítica por la liberación de Israel Arzate, implicado en el caso de los asesinatos ocurridos en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, quien fue detenido cuando conducía un vehículo que luego las autoridades señalarían con reporte de robado, habiendo confesado en su primera declaración su participación en los hechos, empero al ser presentado ante el juez alegó que la confesión había sido hecha bajo tortura en una instalación militar, no obstante se le dictó auto de vinculación a proceso por la comisión de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Luego de quedar acreditadas las violaciones al debido proceso, la semana pasada la Corte ordenó su libertad.
Para la mayoría de la ciudadanía mexicana no quedan claras las razones para la puesta en libertad de famosos acusados de graves delitos; desconocen la obligatoriedad de las autoridades correspondientes de sujetarse puntualmente a los principios de la norma al detener y procesar a un acusado.
Una parte importante de la población ignora que todas las personas involucradas en un proceso de averiguación previa tienen derecho al debido proceso, y que éste se refiere a ser llamados, oídos con las debidas garantías y en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, como lo señala la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país.
Desde hace algunos años la Corte Interamericana definió el debido proceso como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarles.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia señalando: “La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2). La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finca la defensa; 3). La oportunidad de alegar, y 4). El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”. (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II. Dic. 1995).
El artículo 20 constitucional, en sus diversos párrafos enumera los principios a observar en el proceso, así como los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas o del ofendido. Difundir los contenidos de los artículos mencionados entre la población, así como de todas las garantías constitucionales, es una tarea indispensable de las autoridades para generar una cultura de cumplimiento y exigencia de la ley; en esa tarea debiera exigirse la misma cobertura mediática que las empresas televisoras han brindado a las puestas de escena con motivo de las detenciones. Pero desde luego, la primera exigencia debe ser hacia la preparación y capacitación permanente de los ministerios públicos y la policía investigadora.

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