Columba Arias Solís
Los medios de comunicación ayer y hoy
Viernes 29 de Noviembre de 2013
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Segunda Parte
En torno al actuar de los medios de comunicación y sobre la libertad de expresión, personajes pertenecientes a los propios círculos del periodismo han emitido interesantes opiniones, por ejemplo, el abogado y doctor en Periodismo, José Carreño Carlón, en una entrevista que le hizo María Elena Cantú hace algunos años, señalaba que México pasó, en muy poco tiempo, de una relación de subordinación de los medios al poder público, a una relación de colusión de intereses –de finales de la década de 1970 hasta la de 1990-, y después, a un corto periodo de una relación equilibrada entre los medios y el poder público, a una relación que dio toda la vuelta, en la que aparentemente el poder público está subordinado a los medios.
Luego entonces, la libertad de expresión no está en el terreno de la duda, sino de la certeza; es decir, en el México de hoy se puede expresar lo que se quiera, y si en el pasado no lejano la censura y la dependencia gubernamental de los medios eran parte de la cotidianeidad, en la actualidad, los medios han adquirido tal magnitud que, como lo señala Raúl Trejo Delarbre, en ocasiones avasallan el poder del Estado.
Si en el antiguo régimen los medios informativos ejercían una libertad de expresión muy acotada y un sometimiento al gobierno, con el tiempo dieron el giro completo, ubicándose en el extremo, acumulando tanto poder e influencia –especialmente la televisión- que hay quienes sostienen que se gobierna con ellos y para ellos, sometiendo al Estado, cuyos representantes han abdicado soberanía frente a la mediocracia en aras de obtener, por la vía del posicionamiento mediático, una rentabilidad política.
Cuando la democracia comenzó a asentarse en el país y los aires de apertura tocaron a la puerta de los medios de información, todo hacía suponer que la renovación y el cambio habían llegado para quedarse al convertir a estos en verdaderos contrapesos del poder; sin embargo, nunca se previó que los medios tampoco tendrían su propio contrapeso –especialmente la televisión- y crecerían sin regulación ni competencia, y mucho menos responsabilidad frente a la sociedad.
Como señalara Trejo Delarbre, en todo el mundo los medios tienen poder, un poder que el Estado pretende acotar, pero en el caso mexicano es un poder que supera a todos los demás, puesto que ya hasta contribuyen a la definición de la agenda de los asuntos públicos. Trejo Delarbre considera que los medios, como su nombre lo indica, son espacios de mediación donde se hacen coincidir intereses financieros, intereses políticos, preferencias e inclinaciones muy variadas; con mucha razón señala que en el mundo político se tiene la impresión de que todo se resuelve en el plano de los medios, y por eso tenemos hoy en día una clase política volcada hacia ellos.
Podría pensarse que se ha sobredimensionado a los medios, empero no puede desconocerse que representan un enorme poderío, de tal modo que debido a la forma en que se han otorgado las concesiones radiofónicas y televisivas, a la concentración de las mismas y a la falta de contrapesos, a la falta de cultura política de la sociedad y también, desde luego, al temor que los medios infunden a la clase política, los medios en México han conformado ya la mediocracia; en ello coinciden diversos analistas que forman o han formado parte del círculo mediático.

Los medios y su responsabilidad

Como consecuencia del enorme poderío e influencia que han ido adquiriendo, los medios han entrado en muchas ocasiones en los terrenos de la privacidad, de la intimidad de las personas, en ese ámbito que las leyes de la mayoría de los países consideran como un derecho a salvaguardar.
La Constitución mexicana, en su artículo 7, acota la libertad de expresión estableciendo como límite el respeto a la vida privada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12 determina que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. A mayor abundamiento, el numeral dispone: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
En Francia, además de garantizarse constitucionalmente, el Código Civil dispone: “Todos tienen derecho al respeto de su vida privada. Los jueces pueden, sin perjuicio de la reparación del daño sufrido, prescribir toda clase de medidas como secuestro, embargo y otras propias, para impedir o hacer cesar un perjuicio a la intimidad de la vida privada, estas medidas pueden ser ordenadas por interdicto en caso de urgencia”.
En los países de América Latina, poco a poco el derecho a la privacidad y al honor ha ido adquiriendo tal importancia que los legisladores han considerado introducirlo como una garantía constitucional. Así ha sucedido en Colombia, Chile, Costa Rica y Paraguay, entre otros, y con ligeras variantes, el derecho se refiere a la exigencia del respeto a preservar la intimidad personal y familiar, así como al buen nombre, con la obligación del Estado de respetarlos y hacerlos respetar.
En resumen, el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución, que durante muchos años no pudieron llevarse a la práctica en plenitud, hoy se ejercen, y nadie con vocación democrática tendría que oponerse a la ejecución de esas libertades. Empero, ejercer un derecho no exime de responsabilidades. (Continuará)

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