Jorge Álvarez Banderas
México: El derecho a la revolución Fundamentación moral o jurídica
Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán
Domingo 15 de Diciembre de 2013
A- A A+

Sumario: I. Introducción. II. Los derechos y obligaciones de los mexicanos. III. La guardia nacional. IV. Las rondas o policías comunitarias. V. Las guardias comunitarias o los grupos de autodefensa. VI. El derecho a la revolución. Conclusiones. Apéndice. Bibliografía.

I. Introducción

La Constitución Política de nuestra nación mexicana es el producto u obra de los integrantes de una asamblea especial, asamblea que una vez que logra su cometido, desaparece; antes de extinguirse en su misión, establece el mecanismo para que mediante adiciones y reformas ésta pueda ser alterada, asegurando además su permanencia en el tiempo.
El artículo 136 constitucional apercibe, que en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.
Ante lo anterior y derivado de que en el texto constitucional no se prevé otro mecanismo, fuera del establecido en el artículo 127 (1857) y 135 vigente para modificarla (únicamente vía adición o reforma) y dada su fuerza y vigor permanente que previene su artículo 136, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, bien cabría evaluar si como mexicanos tenemos el derecho a la revolución o el derecho de la revolución, ante la situación tan especial que surge en la llamada Tierra Caliente en la entidad federativa de Michoacán, con las autodenominadas guardias comunitarias o grupos de autodefensa, ante la falta de seguridad de la población en diversas comunidades o municipios; todo lo anterior contrastado con las denominadas rondas comunitarias o policías comunitarias que mediante usos y costumbres han establecido diversas comunidades indígenas en la entidad.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala; la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional.
Aludiendo al tratado de Aristóteles sobre el bien en su obra “La política”, al definir que toda ciudad es una agrupación; que las agrupaciones se organizan con miras al bien, porque el hombre obra siempre con el fin de lograr lo que cree bueno; al menos por algunos grupos de personas, donde cabrían los gobernantes, ya que si toda agrupación tiende al bien, la ciudad o sociedad política, que es la superior entre ellas y comprende a todas las otras, luego entonces tiende al bien en mayor grado que las demás y al mejor bien, situación que al menos en la tierra caliente michoacana parece estar olvidada.

II. Los derechos y obligaciones de los mexicanos

Derechos:
La fracción IV del artículo 35, consigna como un derecho del ciudadano, entre otros, el de tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes.
Otro de los derechos del ciudadano en México se encuentra consignado en el artículo 10 constitucional al establecer que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

Obligaciones:

Los padres mexicanos deben hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener o recibir entre otras la educación militar en los términos que establezca la ley; como mexicanos debemos asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que se resida, para recibir instrucción cívica y militar que nos mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar, tal como lo previenen las fracciones I y II del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, mientras que la fracción III alude a la obligación de alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior; además de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, en atención a la fracción IV del numeral en cita.

III. La Guardia Nacional

A pesar de que la figura (Guardia Nacional) es citada en ocho momentos en nuestro texto constitucional vigente reformado (1917), el texto original (1857) alude a ella hasta en cinco ocasiones; por otro lado, como una referencia en la interpretación de las normas por el máximo órgano jurisdiccional nacional al integrar su jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere a la “Guardia Nacional” en sólo once momentos en los textos de cada tesis, nunca en el rubro, sin definirla; en tesis aisladas sucede lo mismo hasta en doce de sus criterios.
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos consigna en su artículo 4º. que el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos están integrados por los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que prestan sus servicios en las Instituciones armadas de tierra y aire, sujetos a las leyes y reglamentos militares; compuestos por unidades de combate, unidades de los servicios, cuerpos especiales, cuerpos de defensas rurales y establecimientos de educación militar; unidades organizadas y adiestradas para las operaciones militares terrestres y en ninguno de sus apartados alude a la “Guardia Nacional”.

IV. Las rondas o policías comunitarias

Las comunidades indígenas

El domingo 10 de marzo de 2013, se anunciaba el levantamiento en armas de cuatro comunidades más de la Meseta Purépecha, las cuales están ubicadas en el municipio de Los Reyes y con ello suman siete poblados indígenas de esta región que optan por reactivar las “rondas comunitarias”, basados en sus leyes de usos y costumbres. De esta forma, las localidades de Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo y Orúscato se unen a la lucha iniciada por Cherán, misma a la que también se adhirieron anteriormente Urapicho y Paramuén, esto sólo en la Meseta, sin contar a las “policías comunitarias” surgidas en Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Uruapan y Tancítaro, con las cuales son ya once grupos armados que hay en Michoacán a esta fecha. El secretario de Pueblos Indígenas en el Estado, Alejandro Avilés Reyes, asegura que son cerca de 40 comunidades indígenas las que mantienen “guardias comunitarias” para protegerse de la amenaza de la delincuencia organizada, varias de ellas localizadas en la región Oriente, mientras que el entonces procurador del estado, Plácido Torres Pineda, hacía mención que en Salvador Escalante no sólo está armado Paramuén, sino Puente Grande, Iramo, Chapa, Españita, Puente Alto, El Carmen y Tecuarén.
En este contexto son más y varios los poblados de origen indígena que optan por restablecer las “Rondas Comunitarias” y tal parece que el fenómeno continuará expandiéndose al fundamentarse en las leyes de usos y costumbres, no así como sucede en Tepalcatepec y Buenavista, donde las “policías comunitarias” (allá autodenominadas como guardias comunitarias o grupos de autodefensa) no tienen una raíz nativa, ni apegada a ninguna legislación.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
Comentarios
Columnas recientes

La reforma penal fiscal

¿GOLPE DE ESTADO?

“Empleados” académicos

EL TERCERO COLABORADOR FISCAL

¿Y la causa grave?

Los alegatos “de oreja” a regulación

La Tercera Sala de la Scjn

¿Amnistía?

El Paquete Económico 2020

El buen mexicano en materia fiscal

La realidad de las pensiones en la UMSNH

La suerte de Vicente Fox

El sindicalismo charro y ¿su extinción?

El expresidente deudor

Darío II

Verificación vehicular inconstitucional

Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional

La tutela judicial efectiva II

La tutela judicial “efectiva”

La paridad de género, demagogia constitucional

Aranceles y tarifas

El tráfico de comprobantes fiscales

Detenciones ilegales (Cocotra vs Uber)

Darío

El interés legítimo

Los “retoques” que vienen

El “interés superior” en la UMSNH

El “Testamento”

Las iniciativas “menores”

El control tributario: SAT

La fiscalización desde el Estado

La oralidad en el TFJA

Los puntos sobre las íes: UMSNH

Revisiones electrónicas: SAT

El debido proceso legal

Inconstitucional, el canje de placas en Michoacán

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa

San Nicolás y la laicidad (UMSNH)

Elección de consejeros universitarios

¿Sólo Campeche y Tabasco en crisis?

¡Extra!

Las “empresas productivas” del Estado

SCJN: AR 750/2015

Los dos Poderes de la Unión

El reglamento fallido: UMSNH

Nueva sociedad mercantil

Huelga: SPUM-UMSNH

¿Estamos innovando?

El endeudamiento 2016

La seguridad, ¿de quién?

La versión estenográfica: SCJN-UMNSH

¿Caso cerrado?

El ABC de los transitorios

No al canje de placas

¿Nueva Ley de Participación Ciudadana?

La educación como un derecho humano

Si no es Chana, es Juana

La bipolaridad del Estado mexicano

Miscelánea mercantil

Ucareo

El IVA en alimentos

Los “premios” legislativosº

El “nuevo” Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Los “brigadistas”

¿Sirve el voto nulo?, sí

Artículo 6º: Ley Reglamentaria

CCXVI Aniversario de la Instauración de los Estudios de Derecho en el Estado de Michoacán

Cine gratis

Colosio

De Apatzingán a Santiago-Ario

Día de la Bandera

¿Viajero frecuente?

La verificación vehicular

La representación popular

Nuevo rector de la UMSNH: ¿nuevo estatuto? II

Las “buenas” noticias del fisco federal

La Comisión de Rectoría UMSNH

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

¿Revolución Mexicana?

El fisco y el Buen Fin

Se busca

Crímenes de lesa humanidad

El ejercicio del poder

La contrarreforma fiscal

El “mito” del Impuesto Sobre Tenencia

Las becas del Pronabes

UMSNH: La gratuidad de la educación

El Consejo

Firme la Reforma Fiscal 2014: SCJN

SCJN: ¿Impartidora de justicia?

Empréstitos y privilegios

El derecho a la información: UMSNH

Y ¿Si los abandonamos?

¿No hay ingresos en Michoacán?

Mamá Rosa y el Estado fallido

Competencia

Nuevo rector UMSNH: ¿Nuevo estatuto?

La “pronta y expedita” impartición de justicia en México

(6, 4) (Ocampo) (UMSNH)

La Prodecon y sus nuevos lineamientos

La iniciativa ciudadana: Su regulación

El “marco” jurídico

El comercio informal en la UMSNH

Las cuotas universitarias y su “sustento” legal

La subcontratación laboral en la UMSNH

Un estímulo fiscal para el Régimen de Incorporación Fiscal

Los informes justificados: UMSNH

Los informes previos: UMSNH

La suspensión definitiva: UMSNH

El “pacto” fiscal

La progresividad educativa UMSNH

Y… ¿Dónde están los “convenios? UMSNH

La CEDH vs UMSNH

La corrupción (?) en la FDCS UMSNH

De “alzados” a “burócratas”

Michoacán: la claudicación del Estado

Las amenazas

El laberinto michoacano

La lista “negra” del SAT

UMSNH, ¿sucumbirá?

México: El derecho a la Revolución Fundamentación moral o jurídica / IV

Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán

Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán

Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán

El régimen de incorporación fiscal

Las guardias comunitarias o grupos de autodefensa

Los estímulos fiscales en el Buen Fin

Los derechos del contribuyente II

Los derechos del contribuyente

Los derechos del contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Del servicio de representación y defensa

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

El sostenimiento del gasto público