Jueves 16 de Enero de 2014
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La estrategia en materia de seguridad de la administración federal pasada, por desgracia para el país resultó un fracaso, y según los datos de la misma Procuraduría General de la República, al concluir el sexenio de Calderón, el saldo de la estrategia fue de 48 mil muertos y el gasto de 39 mil millones de dólares.
Desde la declaración de guerra realizada por el ex presidente, los especialistas en el tema de la inseguridad y violencia cuestionaron la citada estrategia, señalando incluso que los conceptos de lucha, combate, guerra y política criminal usados en la intervención del Estado para hacerle frente al fenómeno del crimen organizado, produce efectos contraproducentes, y que la política criminal desplegada “exacerba los nexos político-criminales, lo que significa una amenaza para la gobernabilidad”.
En un interesante estudio la académica de ciencias penales María de la Luz Lima Malvido, advierte lo anterior, pero además señala que la política criminal seguida no privilegia presupuestalmente las acciones de prevención del delito, ya que se ubica este trabajo como tema de la seguridad pública y no desde la política social; cuestiona también la aplicación del derecho penal de manera selectiva, la falta de sistematización de mejores prácticas, la destrucción o sustracción sistemática de las bases de datos y la provocación de daños colaterales exacerbados.
Apenas iniciada la anterior administración, se anunció la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán el 11 de diciembre de 2006, enviándose cuatro mil 200 militares, mil marinos, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público, cinco años más tarde, en febrero de 2012, se enviarían tres mil efectivos más. Luego del Operativo Conjunto, vendría el denominado Acuerdo Nacional por la Justicia y Legalidad.
En los primeros días de la actual administración federal, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la nueva estrategia de seguridad, que de acuerdo con el documento denominado Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, tendría por objeto reducir la violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos.
En el caso de Michoacán, ante el flagelo de la delincuencia y la inseguridad que no obstante la estrategia del sexenio anterior, no cedió un ápice y por el contrario pareció exacerbarse, y ante los reclamos surgidos desde diversos rincones del Estado, así como por la incapacidad de las autoridades locales para hacer frente a la grave problemática, el 1 de agosto del pasado 2013 se firmó un acuerdo entre autoridades de Michoacán y el gobierno federal para “construir una mejor situación para Michoacán en materia de seguridad”, que según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “sería muy exitosa”.
Dicho Acuerdo fue publicitado abundantemente como impulsor del desarrollo y la paz, señalando el secretario de Gobernación “que la Federación entrará en pleno a esa entidad”. Manifestaba entonces el funcionario “que el Ejército, la Marina y Policía Federal continuarán en el estado hasta devolver la paz y tranquilidad a los michoacanos, y hasta que esa entidad tenga las instituciones y la capacidad en materia de seguridad para enfrentar a la delincuencia organizada”.
Reiteraba el secretario: “Vamos a ir municipio por municipio, comunidad por comunidad para devolverles la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”.
El 30 de agosto de 2013, un nuevo Acuerdo se firmó entre el gobierno michoacano al frente del cual estaba el gobernador interino y diversos actores políticos, con la presencia del secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano como representante del presidente de la República, conteniendo 58 compromisos en temas prioritarios como administración, finanzas, transparencia y rendición de cuentas, gobernabilidad, seguridad pública y legalidad.
La espiral de violencia desatada en diversas poblaciones de la Tierra Caliente michoacana, con la quema de instalaciones particulares y vehículos, así como el cierre de las vías de comunicación, el desplazamiento de familias y en general la paralización de las actividades en diversos lugares, han obligado al gobierno federal a que este 12 de enero se haya firmado otro acuerdo de colaboración con el gobierno de Michoacán, ahora para encargarse de la seguridad en los municipios de Tierra Caliente y de la protección de sus habitantes.
De nueva cuenta el despliegue de patrullas, camiones y demás vehículos con cientos de elementos de seguridad por los caminos de Michoacán. Se afirma que se harán cargo de la seguridad en aquellos lugares donde la autoridad no hace su trabajo, por lo pronto ya están en Uruapan y Apatzingán. Habrá que ver si el acuerdo último genera buenos resultados, o se convierte en una copia de la historia pasada. No hay resultados que documenten el optimismo individual ni colectivo.
Por lo pronto el secretario de Gobernación negó que esta estrategia fuera igual al Operativo Conjunto lanzado por el ex presidente Calderón, señalando que ahora hay una efectiva coordinación con el gobierno del Estado, el Ejército, la Marina, “todos juntos en una estrategia común”; que a diferencia de hace seis años, el gobierno tiene objetivos claros: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”, y por último, “la estrategia de seguridad actual busca la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán”. ¿Será?

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