Columba Arias Solís
Estrategia nacional antisecuestro
Jueves 30 de Enero de 2014
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Uno de los delitos que en los últimos años se ha convertido en un flagelo para los ciudadanos y habitantes de nuestro país es el secuestro. Desde hace más de un lustro la sociedad mexicana ha conocido del esfuerzo, la lucha sin tregua emprendida por las familias de jóvenes víctimas de secuestros, las que por sus propios medios y ante el desinterés y la ineficiencia de autoridades, se echaron a cuestas la titánica tarea de investigar el paradero de sus seres queridos, así como de encontrar a los delincuentes que los privaron de la libertad y luego de la vida. Una búsqueda que a lo largo y ancho del país ha llevado a algunas de estas familias en un peregrinar y en una cruzada contra el desinterés, la ineficiencia y la impunidad.
Las cifras de este delito -aun cuando no se saben con exactitud- son aterradoras; el pasado 12 de enero en el periódico El Universal se mencionaba la dificultad para estimar lo que llamaban la cifra negra del secuestro, señalando que en el año 2012 se contabilizaron más de 105 mil delitos, pero las metodologías usadas para medirlos complicaban saber la magnitud real, refiriéndose a que por primera vez el Inegi había dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de acuerdo con la cual en el año 2012 se registraron 105 mil 682 secuestros en el país, lo que indica que la cifra negra de secuestros es de casi 98.8 por ciento, si se considera que el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró solamente mil 317 secuestros en el mismo periodo.
Las cifras del Inegi se obtuvieron a partir de la metodología basada en preguntar a los encuestados cuántos secuestros ocurrieron en total en su hogar, durante el periodo de estudio.
De acuerdo con El Universal, el 98 por ciento de los secuestros ocurridos en el país no son denunciados; es decir, solamente dos de cada 100 de estos delitos se denuncian; a mayor abundamiento, señala el medio que en Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán hubo 932 plagios y sin embargo ninguno se denunció.
Utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2013 del Inegi, se elabora la tabla con el número de secuestros por entidad y las denuncias y averiguaciones previas, destacando que el Estado de México encabeza la tabla con 16 mil 605 delitos y solamente 130 averiguaciones previas, lo que resulta casi el doble de los cometidos en el Distrito Federal, ocho mil 710 y 65 averiguaciones; mientras que en Veracruz sucedieron ocho mil 248 secuestros, con 91 averiguaciones; en Nuevo León, seis mil 770, y 61 averiguaciones; en Tamaulipas, seis mil 350 secuestros y 123 averiguaciones; en Chihuahua, cinco mil 556 secuestros, con 46 averiguaciones; en Jalisco, cinco mil 756 secuestros y 130 averiguaciones; en San Luis Potosí, cuatro mil 509 delitos y 25 averiguaciones; en Zacatecas, cuatro mil 355 delitos y solamente 16 averiguaciones; en Sinaloa, tres mil 223 secuestros con 28 averiguaciones; en Chiapas, dos mil 473 delitos con trece averiguaciones.
Las anteriores son las entidades que contabilizan de acuerdo con El Universal el mayor número de secuestros, luego se encuentran Michoacán, con mil 949 secuestros y 135 averiguaciones; Tabasco, con mil 905 secuestros y 58 averiguaciones; Coahuila, con mil 748 delitos; Puebla, con mil 395 y 29 averiguaciones; Guanajuato, con mil 306 y solamente doce averiguaciones; Durango, con mil 100 delitos y únicamente seis averiguaciones; Guerrero, con mil 021 secuestros y 165 averiguaciones, de donde se desprende que en este último estado, así como en Michoacán, es donde más denuncias se han presentado.
No existen datos de Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala, por lo que se ignora el número de ilícitos cometidos en esas entidades.
Habida cuenta la gravedad de estos delitos y su incremento en el país, el gobierno federal anunció este martes 29 la que denominó Estrategia Nacional Antisecuestro, a cuya cabeza designó al abogado penalista Renato Sales Heredia, quien fuera subprocurador de la PGR, dependencia que tendrá la responsabilidad de coordinar los esfuerzos con los estados y en la que son consejeros Isabel Miranda, Alejandro Martí, María Elena Morera y Josefina Ricaño.
Al presentar dicha estrategia, el secretario de Gobernación manifestó que con las acciones del programa se pretende recuperar la confianza en la denuncia y en las instituciones de seguridad, por lo que las acciones se concretarán en: la coordinación y uso de inteligencia más que de fuerza; el fortalecimiento de las unidades antisecuestro y su homologación con las federales; evaluación a todas las unidades antiplagio: el aislamiento a secuestradores en las prisiones; vigilancia permanente a personal encargado de esta lucha; protocolo único de atención ciudadana para el secuestro; fortalecimiento de los programas de atención a víctimas, y seguimiento puntual de la estrategia.
Ciertamente, el fracaso de anteriores programas en la lucha contra la delincuencia no mueve al optimismo ciudadano, empero hay que apostar por el éxito de la estrategia y exigir buenos resultados, toda vez que como el propio secretario lo manifestara, “el secuestro no debe ser un delito rentable, de bajo riesgo para los criminales, por eso se debe prevenir, inhibir y castigarlo para desalentarlo con toda la fuerza del Estado”.

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