Columba Arias Solís
De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas
Jueves 6 de Febrero de 2014
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Con relación a la creación de los cuerpos de defensas rurales en la historia de México, las opiniones divergen al ubicar su nacimiento, puesto que hay quienes sostienen que su existencia se da bajo el gobierno del presidente Juárez, con la finalidad de acabar con el bandidaje que asolaba las principales rutas comerciales hacia la capital del país, mientras otras voces consideran que no hay exactitud en ese dato y que la policía rural, agrupamiento surgido bajo el gobierno de Juárez, no fue el mismo conocido como guardias o defensas rurales.
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pueden ser consultados en su página, desde finales del siglo XIX los cuerpos de defensas rurales forman parte del Ejército Mexicano, y entre sus antecedentes citan que siendo presidente de la República don Benito Juárez, el 6 de mayo de 1861 se decretó la creación de cuatro cuerpos de Policía Rural bajo las órdenes del Ministerio de Guerra, con el objeto de combatir el bandolerismo y dar seguridad en los caminos.
Durante la Presidencia de Emilio Portes Gil, el 1° de enero de 1929, se publicó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensas Rurales, estableciéndose que los agraristas organizados formarían las defensas rurales, a fin de cooperar a la conservación del orden interno.
En el año de 1936, a través de la circular número 64, la Secretaría de Guerra y Marina dispuso la organización del personal de defensas rurales en batallones a regimientos de reserva que se clasificaron como de caballería o infantería, indicándose que el personal que constituye las defensas rurales integrantes de las unidades de reserva deberían ser ejidatarios en posesión de su parcela e identificados con los principios revolucionarios, denominándolos reservistas.
En la circular 18 del 26 de agosto de 1942, se dispone que a partir de octubre de 1942 “las corporaciones de reserva pasarán su revista de cese como tales y de entrada como defensas rurales regionales en el concepto que los batallones y regimientos se denominarán cuerpos de infantería o cuerpos de caballería”.
El decreto expedido por el presidente Adolfo Ruiz Cortines el 1° de julio de 1954 crea, dentro del funcionamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Departamento de Defensas Rurales, al cual le correspondía la dirección y control administrativo de los cuerpos de Defensas Rurales. El 1° de junio de 1974 cesa el Departamento de Defensas Rurales convirtiéndose en Dirección de Defensas Rurales.
De la información de la Secretaría de la Defensa Nacional se desprende que en la actualidad existen en activo 26 cuerpos de Defensas Rurales: trece de infantería y trece de caballería, distribuidos en las siguientes poblaciones: Saltillo, Chetumal, Toluca, Hermosillo, Panotla, Tlaxcala; Tapachula, Chiapas; Puebla, Rincón de Ramos, Aguascalientes; Orizaba, Tecomán, Colima; Ixcotel, Oaxaca; Cuernavaca, Chicoasén, Chiapas; Ciudad Madero, Chihuahua; Ciudad Delicias, Chihuahua; Escobedo, Nuevo León; Ciudad Reynosa, 5 de Mayo, Durango; Jerez, Zacatecas; San Luis Potosí, Ocotlán, Jalisco; Sarabia, Guanajuato; Pachuca; Zacapu y Apatzingán, en Michoacán.
Los antecedentes sobre la existencia de los rurales mexicanos han cobrado actualidad a partir del conocimiento público del surgimiento de los llamados grupos de autodefensa o comunitarios en el estado de Michoacán, quienes en unos meses han cobrado notoriedad y obligado al gobierno federal a voltear los ojos y los recursos para rescatar a la entidad del flagelo de la inseguridad y la delincuencia.
Para una parte de la sociedad, los autodefensas han estado haciendo el trabajo que los gobiernos de los distintos niveles abdicaron de hacer en relación con el abatimiento de la delincuencia y de la inseguridad, y por ende, son vistos con simpatía y esperanza, en tanto que otros, los observan con cautela y desconfianza temiendo el rebasamiento de sus líderes y el desvío de sus objetivos con la posibilidad de convertirse en otro grupo de presión en contra de la población.
Lo cierto es que los grupos de autodefensa han proliferado y el gobierno federal ha debido pactar para que su actuación se dé en un marco de legalidad, de tal forma que el 27 de enero se firmaron ocho compromisos dentro del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, a saber:

1. Las autodefensas se incorporan a los cuerpos de Defensa Rural, para lo que presentarán una lista con los nombres de sus integrantes, de quienes se llevarán los expedientes respectivos por parte de la Sedena; 2. Para la protección de sus comunidades, las autodefensas podrán formar parte de la Policía Municipal, siempre que acrediten los requisitos de ley; 3. Las autodefensas se obligan a registrar las armas que posean o portan ante la Sedena, y ésta se compromete a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.
4. En los municipios en conflicto se efectuarán auditorías del uso de los recursos públicos; 5. Se establece la rotación de los agentes del Ministerio Público Federal y local; 6. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo se compromete a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a sus facultades; 7. Las personas detenidas por portación de armas de fuego que se encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán gestiones para que puedan firmar en Michoacán, sin trasladarse a otras entidades; y, 8. Los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicarán todo el peso de la ley.
Por lo pronto estos son los compromisos entre gobierno y autodefensas, aunque el principal líder comunitario ya los está descalificando y las contradicciones entre sus voceros evidencian las divergencias. Pareciera que la exposición mediática divide los liderazgos de las autodefensas.

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