Columba Arias Solís
Corresponsabilidad
Jueves 13 de Febrero de 2014

Primera parte

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Sentida y padecida, desde hace años la violencia y la inseguridad se han enseñoreado en diversas regiones del país, donde las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia organizada, sin embargo, desde el inicio de la administración federal pasada el caso de Michoacán ha sido puesto en el centro mediático, y es nuestra entidad motivo de notas principales en prácticamente todos los medios del país y hasta algunos del extranjero, lo que no deja de mover a interrogaciones sobre ese interés tan particular, habida cuenta que los ilícitos y hechos de violencia cometidos en otras entidades de la República Mexicana, entre ellas los estados de México, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, entre otros más, rebasan los números de los acontecidos en tierras michoacanas, y otras organizaciones delincuenciales asolan también aquellos lugares, como se desprende de las propias cifras de las autoridades federales.
En el caso de Michoacán, a la situación de inseguridad se sumaron otros acontecimientos que propiciaron que ciertos actores políticos se refirieran a la entidad como un Estado fallido. Es decir, la falta de recursos en las arcas públicas atribuida a las administraciones anteriores por las nuevas autoridades, pero que hasta la fecha no tiene responsables, pese a las acusaciones vertidas desde el inicio mismo de la actual administración; el quebranto en la salud del gobernante que obligó a la solicitud de licencia, el interinato semestral y el regreso a sus funciones del primero, en medio de una serie de hechos violentos que obligaron a la Federación a hacer acto de presencia en la entidad para poner un freno a la delincuencia y luego del surgimiento de los grupos de autodefensa en las localidades de la Tierra Caliente.
Con el gusto de unos y el disgusto de otros, el presidente de la República designó un comisionado para encargarse de las labores de coordinación de los apoyos federales en la entidad, aunque algunos opositores consideran que realmente llegó a cogobernar; lo cierto es que a estas alturas el comisionado se ha reunido con diferentes grupos políticos y sociales, asumido la coordinación de las fuerzas de seguridad y convenido la legalización de las autodefensas.
Se ha dicho que la crisis de seguridad, agravada por el dejar hacer y dejar pasar de las autoridades, las erradas políticas gubernamentales, los escasos niveles de participación de la sociedad, la deficiente atención a la problemática social, y la dificultad para concretar acuerdos políticos han sido factores que han influido para evitar el desarrollo de nuestra entidad.
Ante la crisis actual, desde diversos espacios se buscan culpables del deterioro social, del quebranto de las finanzas públicas, de la pobreza imposible de reducir, de la proliferación de los grupos delincuenciales y de la terrible inseguridad; todos señalan con índice de fuego y nadie asume la corresponsabilidad en el estado de cosas.
En días pasados en diversos periódicos se daba cuenta de las declaraciones del párroco de la cabecera municipal de Apatzingán, quien señalaba que el 50 por ciento de la población de aquella localidad participaba con el grupo al que ahora combaten las autodefensas. Motivo de investigación y no solamente de reflexión deben ser las palabras del cura, porque ciertamente sin el encubrimiento, la participación y el sometimiento de grupos de la población, así como la corrupción y la colusión de autoridades no podrían haberse generado las actuales condiciones de inseguridad.
En ese contexto, hay corresponsabilidad que no asumen tampoco los diferentes niveles de gobierno con relación a la problemática de la entidad. En el caso de la quiebra de las finanzas públicas, actores políticos y funcionarios señalan a quienes los precedieron, pero no son públicas las denuncias, las investigaciones que se supone debieran ya no estar en curso, sino haberse concluido; y nada se dice de la corresponsabilidad de las tres legislaturas anteriores que aprobaron gustosas los endeudamientos propuestos por los ejecutivos; como tampoco nunca se hizo investigación sobre los recursos presuntamente depositados a las cuentas de diversos legisladores a cambio de la aprobación de contrataciones de deuda. Y la Auditoría Superior como parte del Legislativo, ¿cuál ha sido su papel en los últimos doce años? ¿Cómo han estado atendiendo los casos de los ayuntamientos cuyas autoridades han afirmado estar pagando cuotas a los grupos delincuenciales, constituyendo ese hecho un claro y manifiesto desvío de recursos públicos?
Como bien señalara la investigadora del CIDE Alejandra Ríos, al referirse al endeudamiento de otras entidades federativas, “nadie habla de la corresponsabilidad legislativa en esta materia; nadie cuestiona la acción u omisión del Poder Legislativo”. En el mismo sentido nos recuerda que “los límites de deuda, el establecimiento de los criterios para su aprobación o rechazo, y sobre todo, la vigilancia del uso de la deuda misma son parte de la responsabilidad legislativa. Así que el soslayo -dice- a la participación de los legisladores en estos temas, ejemplifica cómo es fácil olvidar que somos regímenes republicanos en donde gobernar es corresponsabilidad entre poderes”.
¿Y la corresponsabilidad de los partidos políticos no sólo en la designación de candidatos cuestionados, sino en los financiamientos millonarios de dudosa procedencia? ¿Y la corresponsabilidad de las autoridades electorales? (Continuará).

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