Columba Arias Solís
Corresponsabilidad
Jueves 20 de Febrero de 2014

Segunda parte

A- A A+

En la grave crisis de inseguridad que se padece hay una corresponsabilidad de diversos actores sociales y políticos a la que -algunos por interés, otros por desidia y otros más por desconocimiento- nadie se refiere. La corresponsabilidad de los integrantes del Poder legislativo se encuentra directamente ligada con la de los partidos políticos, habida cuenta que de la existencia de unos se deriva la de los otros, al menos hasta ahora en que no han aterrizado en el terreno de los hechos las candidaturas ciudadanas.
Los partidos políticos en México, de acuerdo con el precepto constitucional deben promover la participación política de la sociedad y contribuir a la integración de la representación y “como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”.
En ese contexto, como intermediarios entre la sociedad y el poder público, mediante diversos procedimientos previstos en sus documentos internos, escogen candidatos a contender a los distintos cargos de elección popular, por tanto, es su deber y responsabilidad asegurarse que esos -primero aspirantes- luego candidatos y en el caso de que resulten ganadores de la elección, representantes populares, además de que reúnan todos los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales, sean personas de antecedentes conocidos y desvinculadas de asuntos delincuenciales.
A la luz de las circunstancias actuales, queda claro que los partidos políticos no han observado las exigencias previstas por la ley en la elección de algunos de sus candidatos; hoy, la sospecha y en algunos casos los señalamientos directos sobre autoridades administrativas y de elección popular vinculadas con la delincuencia organizada se encuentran a la orden del día.
Analistas y académicos, desde hace tiempo han estado señalando que además de los enormes recursos públicos otorgados a los partidos, el desbordado financiamiento utilizado en las diversas campañas políticas, donde los ríos de dinero son los impulsores de las candidaturas, han sido el cauce por donde se cuelan los recursos sospechosos de provenir de medios ilícitos.
La utilización de los medios masivos de comunicación llevó hasta alturas insospechadas el costo de las campañas, y los millonarios recursos en su mayor parte han tenido como destinatarios finales los bolsillos de las grandes televisoras.
No siempre por supuesto fue así, el financiamiento a los partidos políticos en México ha pasado por diversas etapas. En la etapa posrevolucionaria los partidos políticos no tenían ningún financiamiento o prerrogativa por parte del Estado. En el inicio de los partidos políticos, los gastos de estos eran tan reducidos como también lo era el papel que desempeñaban, por ende, su financiamiento provenía de las donaciones o aportaciones de sus simpatizantes y de las de los propios candidatos.
Luego vendrían las aportaciones de la militancia, a excepción del entonces partido oficial que se nutría de los recursos ejercidos por la propia administración. Los partidos políticos opositores realizaban campañas con los mínimos recursos que les aportaban simpatizantes, militantes y candidatos.
En las reformas de los años 1962 y 1963 se determina la exención de impuestos a los ingresos derivados de los partidos; en 1973 la reforma a la ley de la materia otorgaría a los partidos el uso de franquicias telegráficas y postales, y el acceso a los medios de comunicación en los tiempos del Estado.
Es en el año 1977 cuando la reforma política incluye el financiamiento público directo a los partidos políticos y el artículo 41 constitucional considera que “en los procesos electorales, los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. Pero es a partir del proceso electoral de 2000, cuando el exceso de recursos de algunos candidatos cobra notoriedad y se presumen visos de ilegalidad.
Luego entonces, el financiamiento privado de las campañas parece ser el talón de Aquiles de nuestro sistema democrático, porque no obstante las reglas establecidas, siempre la evidencia publicitaria del exceso de los gastos en una campaña, más allá de los aprobados por la autoridad respectiva levanta las sospechas sobre el origen de los millonarios recursos ejercidos y de la violación a la norma, ante la aparente complacencia de las autoridades electorales, quienes como en los casos del Pemexgate o los Amigos de Fox, no encontraron evidencias de ilicitud.
Al postular candidatos cuestionados y admitir recursos sospechosos de ilegalidad los partidos se vuelven corresponsables en las situaciones de inseguridad, como también las autoridades electorales omisas en la aplicación de la ley.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada