La dignidad como valor de la persona

Rafael Mendoza Castillo

Los derechos de los niños son importantes, pero también son importantes los derechos de los trabajadores de la educación. Los derechos humanos corresponden a la persona. No vale más el derecho de los niños, por haber sido nombrados de ese modo, sino por ser personas y por su dignidad (moral). El derecho al trabajo de un individuo, tampoco tiene que ser menos, porque éste tiene también dignidad, además de responsabilidad (ética). Ambos derechos deben ser tutelados por el Estado, sin distinciones. Pero no sólo tutelados desde el punto de vista formal, sino instalados en una distribución justa de las ventajas materiales y no materiales.
Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos los colocaba en el marco de una ética colectiva y establecía las normas para la sociedad cimentada en los derechos humanos, orientada a respetar la dignidad de todos los seres humanos sin exclusión (ver el artículo 25 de la Declaración Universal ). Ahí se afirma, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, etcétera.
Por lo expuesto, los derechos humanos no se conciben exclusivamente en términos de tortura, presos políticos o masacres civiles, sino que tienen una perspectiva más amplia, como la señalada en el artículo arriba citado. En ese sentido, los derechos humanos deben contemplar el contenido de una estructura social, donde reina la desigualdad en lo material, lo intelectual y lo emocional. Por eso, construyamos una sociedad fundada en una ética crítica y disruptiva, que no reitere las lógicas del neoliberalismo. Este último se funda en un poder para sí mismo, el éxito y la acumulación de capital en pocos. Así, la globalización es contraria a los derechos humanos.
Nadie duda que los derechos humanos corresponden a la persona, porque en ésta se anida la dignidad, como valor humano y no se intercambia por nada. También hay que decirlo, ahí se instala un tipo de moralidad social reiterativa del orden social vigente. La persona se inscribe en el orden de la familia y ahí se ejerce la moral, con todas sus reglas para sostener lo establecido como sistema. De ahí la necesidad de ir más allá de ese marco y colocar a la persona en la ética disruptiva y la acción constituyente, esto es, la política, para transformar el orden de la globalización o transnacionalización del capital.
A este último no le importa la dignidad de la persona, la responsabilidad del individuo ni los valores cívicos, sino practicar la competencia, derribar derechos de trabajadores, violentar la soberanía de los países y colocar a la humanidad en una profunda crisis civilizatoria. Cualquier cosa que incremente el valor para los accionistas es buena y cualquier cosa que lo reduzca es mala. Ese es el sentido que hoy domina a México y al mundo. Con las reformas estructurales, la derecha en el poder coloca a México en la perspectiva del mercado y en la lógica del capitalismo corporativo financiero, empresarial, militar y mediático, nacional y extranjero.
Si el poder de dominación coloca como argumento moralino el derecho de los niños a la educación y anula el derecho de los trabajadores y sus conquistas, es más los castiga y los vigila (evaluación), entonces, debemos preguntarnos, ¿de qué juego se trata el respeto de los derechos humanos? Una buena Ley de Educación debe respetar a ambos. Los derechos humanos, no sólo son formales, sino que se concretizan en contenidos reales. La ley debe contemplar las condiciones materiales y no materiales, de tales sujetos de derecho.
Contemplar el respeto de unos y golpear al de otros, es un comportamiento político alejado de la justicia social y de la justicia cognitiva. Si el derecho humano respeta la dignidad de la persona, como se señala en la ley (artículo 6), entonces, no se puede calificar a unos como merecedores de derechos y a los otros como carentes de ellos. Uso discrecional de los derechos humanos y de la ley. No se vale.
Con la aprobación de la nueva Ley de Educación se castiga y se anulan derechos de los trabajadores. Estos derechos desconocidos por el poder, se ocultan ante la sociedad, utilizando como pantalla el derecho de los niños, para golpear los derechos de los trabajadores de la educación. Esta es la mente torcida y perversa de Emilio Chuayffet y los legisladores locales, que aprobaron la punitiva armonización de la Ley de Educación para Michoacán. Desde aquí felicitamos, a quien no la aprobó.
Para no llegar a la violencia, que ya es bastante en el estado, se requiere recuperar el diálogo entre el legislador y a quien se le quiere imponer, desde el monólogo, el secreto y el autoritarismo, una ley que violenta los derechos humanos. Si la ley se precia de ser humanista, significa, señor diputado Salomón Rosales (lástima de nombre, el de La Biblia era sabio y poeta), no imponer consignas, privilegiar lo público, respetar al otro y no manipular.
Porque el derecho del niño y el de los trabajadores son iguales, en cuanto a derechos humanos de la persona. El poder actual usa el derecho del niño para silenciar los derechos del individuo y del ciudadano. Esos comportamientos convierten a los derechos humanos en instrumentales, medios y dejan de ser fundamentos de la condición humana.
Antes de haber aprobado la ley punitiva se necesitaba el haber creado las condiciones necesarias para discutir y analizar el proyecto de educación y de nación, que la ley contempla, que los niños tienen derechos, que los trabajadores tienen otro proyecto educativo, de nación, otras alternativas de currículum y que tienen derechos y conquistas. Que la educación es un pleito político, en donde los contenidos, métodos y fines requieren ser discutidos y cuestionados, dado que constituyen un conflicto, a favor de unos o en contra de otros, es decir, seleccionar un contenido que libere al ser humano o escoger un contenido que lo esclavice o lo aliene. El proyecto social de la ley, apunta a la defensa de lo privado y da muerte a lo público.
El derecho humano es de la persona, ya sea niño, niña, joven, o viejo. Un buen legislador, con valores éticos críticos, construye la ley pensando en el bien de todos, sin excluir a ninguno, sin importar la edad, el sexo, color de la piel, religión o visión política. En la actual ley se excluye esto último (la ley escoge al interlocutor válido, el sumiso y excluye al rebelde, al que piensa distinto), cuya pretensión es, que los trabajadores de la educación dejen de ser sujetos políticos y se conviertan en seres sin voluntad, sin voz, sin acción, ante las indicaciones y aspiraciones del orden neoliberal. Otro mundo es posible.