Columba Arias Solís
Los bonos del escándalo
Viernes 23 de Mayo de 2014
A- A A+

En el marco de la Reforma Política-Electoral, en la madrugada del pasado 15 de mayo, en periodo extraordinario la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular las leyes secundarias -que se encontraban pendientes- de la Reforma Política- Electoral, entre las que destacan las facultades al Instituto Nacional Electoral y las reglas que regirán en el proceso electoral de 2015; luego de lo cual, las minutas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos se enviaron a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Salvo por el retraso en su aprobación, dado que el plazo venció desde el 30 de abril y se hubo de abrir un periodo extraordinario, no parecía haber diferendos o controversias mayores en torno a dichas aprobaciones, hasta que se descubrió la jugada -que algunos legisladores atribuyen a personajes de la Consejería Jurídica de la Presidencia- de incluir de última hora una adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece como atribución de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se integra con tres consejeros de la Judicatura Federal y dos magistrados de la Sala Superior, la siguiente facultad: “Determinar en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”.
Tal modificación que les pasó de noche a la mayoría de legisladores que votaron en favor de la reforma, ha generado una serie de protestas y descalificaciones de los propios integrantes del Legislativo, así como de especialistas en derecho y ciencias políticas, analistas de medios y no se diga de ciudadanos que han manifestado su indignación y rechazo ante lo que consideran una afrenta a las condiciones de marginalidad y pobreza en que se encuentran millones de mexicanos.
El salario de un magistrado electoral de Sala Superior asciende a una cantidad neta de 244 mil 209 pesos al mes; reciben un aguinaldo de 363 mil pesos, una prima vacacional de 59 mil 452 pesos y un bono por riesgo de 411 mil 816 pesos.
Luego entonces, además de los jugosos salarios y prestaciones que detentan, ahora el Legislativo les otorga un bono de retiro cuando terminen su cargo, cuyo monto quedará al libre arbitrio de los integrantes de la Comisión de Administración de la que forman parte los propios magistrados electorales.
Los bonos del escándalo han tenido tal impacto negativo, que legisladores de diversos partidos exigen la investigación de los actores que los madrugaron, a fin de conocer en qué momento y quiénes incorporaron al proyecto de dictamen el tema de las pensiones de los magistrados, el cual quedó aprobado sin que se haya especificado si el haber de retiro será por finalización de gestión o una pensión vitalicia, como lo señaló el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.
Por su parte el senador Javier Corral, en entrevista con el periódico Reforma, declaró que representantes del gobierno federal mantuvieron en todo momento el control sobre la elaboración del dictamen, concretamente se refirió al consejero jurídico de la Presidencia, coincidiendo en el señalamiento de que la propuesta del bono nunca formó parte de la negociación entre partidos políticos y los representantes del gobierno federal que participaron en la mesa de la Reforma Política.
Cabe señalar que la anterior reforma en favor de los bonos a los magistrados electorales no es la única en ese sentido, ya que unos días antes, el 30 de abril, los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal reformaron por unanimidad el estatuto del Servicio Profesional Electoral para ampliar sus prestaciones, de tal forma que en lo subsecuente cada consejero tendrá derecho a una indemnización de tres meses de salario neto más un añadido de 20 días por año. Así que si cada consejero tiene un sueldo mensual de 176 mil 773 pesos, su indemnización podrá ser de 648 mil 149 pesos, excepto de la actual consejera presidenta, que por sus quince años trabajando en el Instituto alcanzaría los 2.2 millones de pesos. ¡Nada más!
En ese contexto, diversos especialistas tanto del ámbito del derecho como de las ciencias sociales, coinciden en señalar que los haberes de retiro en lugar de ser un régimen excepcional, proliferan en el país y generan excesos y pensiones doradas que deben acotarse con urgencia; la aprobación de estos bonos del escándalo obliga a la apertura del debate en torno a esos privilegios que caen en el terreno del abuso.
Acaso por el escándalo generado en torno a los bonos del retiro, los siete magistrados del TEPJF, este miércoles pasado renunciaron a los mismos, según dijeron, como una muestra de dignidad y para no afectar la independencia judicial, dado que se les ha acusado ante la opinión pública de pretenderlos en pago por resoluciones futuras; sin embargo insistieron en defender dicho haber y en la necesidad de que entre en vigor, a fin de garantizar su independencia en la emisión de resoluciones.
De la declaración de los magistrados electorales se deduce, que para garantizar el apego a la ley en las resoluciones que aquellos emitan, además de los altísimos salarios y prestaciones que ya devengan, es necesario que se les otorguen los bonos del retiro que les fueron aprobados por el Congreso. De tal forma que es entonces el dinero el que habrá de determinar la independencia judicial y no así la solvencia moral, los conocimientos y capacidades, el honor, el prestigio que se construye a lo largo de una carrera en el ejercicio del derecho, y la protesta que hacen cuando asumen el cargo, para guardar y hacer guardar las leyes y cumplir su fiel desempeño. Vaya, es el mundo al revés. Empero, corresponde al Congreso atender las exigencias ciudadanas y revertir la afrentosa disposición en favor de los magistrados electorales.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada