Columba Arias Solís
El caso Oceanografía
Jueves 5 de Junio de 2014
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Las últimas noticias sobre el escandaloso caso de Oceanografía, la empresa proveedora de servicios a la paraestatal Petróleos Mexicanos, hacen dudar a muchos ciudadanos sobre si realmente se investigarán a fondo los posibles actos de corrupción y el presunto fraude cometido por sus principales operadores.
Como se recordará, el pasado 28 de febrero la institución financiera Banamex denunció a la empresa Oceanografía por presunto fraude cometido en su perjuicio, a causa de un crédito de más de 500 millones de dólares que la institución le otorgó, recibiendo en garantía las estimaciones de los contratos suscritos con la petrolera y que presuntamente Pemex pagaría, pero que nunca fueron verificadas por el banco y que a la postre resultarían apócrifas.
Ante la magnitud del quebranto, la Procuraduría General de la República abrió una investigación a empleados y directivos de la empresa, anunciando que había embargado a Oceanografía por al menos 400 millones de dólares en bienes, los que había puesto a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, y que también se investigaba una posible red de tráfico de influencias entre la empresa beneficiada y Petróleos Mexicanos.
Oceanografía es por cierto, la mayor contratista de Pemex Exploración y Producción, beneficiada en el lapso de los últimos once años con 112 contratos con un valor de 49 mil millones de pesos, de los cuales, 106 se le otorgaron en los anteriores gobiernos, 37 en la era foxista y 69 con Felipe Calderón, en tanto que con el actual gobierno fueron seis los contratos que se le entregaron.
Sobre el proceso que se le sigue al principal accionista de Oceanografía, Armando Omar Yáñez Osuna, por el presunto fraude, ha trascendido que se le acusa por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, empero el delito es de los considerados no graves, por lo que el titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, le ha dictado auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito previsto en el artículo 112 fracción V de la Ley de Instituciones de Crédito, acusado de haber cometido un fraude a la institución financiera Banamex por más de 500 millones de dólares, de tal forma que se le fijó una fianza de 80 millones de pesos, sin que el Ministerio Público se opusiera a ésta.
Dado el escandaloso monto presuntamente defraudado y sobre las dudas de un posible red de corrupción y tráfico de influencias entre la que podrían figurar directivos de la paraestatal, el Senado de la República conformó una comisión especial con legisladores de diversos partidos para dar seguimiento a las investigaciones del caso, la cual sin embargo todavía parece que ni siquiera se ha reunido y está en proceso de analizar si llama a comparecer al procurador de la República para que explique sobre la situación del empresario Amado Yáñez.
Resulta inaudito que pese al altísimo monto -más de cinco mil millones de pesos- del presunto fraude, la fianza que le fue impuesta al principal socio empresarial sea apenas por la cantidad de 80 millones de pesos, cuando además el empresario dueño de Oceanografía fue acusado también de no pagar las cuotas al Infonavit y al Seguro Social, además de registrar con menores ingresos a sus trabajadores. A estas alturas el principal accionista habrá depositado el monto de la fianza y las pesquisas de la autoridad solamente le causarán risa.
No deja de causar escozor, que los once ejecutivos de Banamex que fueron cesados por su falta de atención y cuidado en el otorgamiento del multimillonario crédito o su presunta complicidad, a pesar que las investigaciones de la propia institución bancaria concluyeran en que no se beneficiaron económicamente con el otorgamiento crediticio, podría sin embargo esa falta ser considerada grave, con lo cual los empleados a diferencia de lo que ocurre con el dueño de Oceanografía, sí estarían en riesgo de ingresar al reclusorio.
El caso Oceanografía, como algunos otros, hacen evidenciar la existencia de dos varas para medir las culpabilidades, una aplicada a los todopoderosos y la otra a las partes menos favorecidas dentro del sistema.
¿Cómo puede entenderse que mientras a una pobre mujer se le detiene y encarcela por pagar unos víveres con un billete falso de 100 pesos, al presunto defraudador de más de cinco mil millones de pesos se le asigne una fianza ridícula en comparación con el monto de la presunta defraudación? ¿Cómo puede entenderse que otra mujer pase tres años de su vida en la cárcel acusada de secuestrar a cinco policías federales, mientras que los créditos presuntamente defraudados por el gran empresario volaron a los paraísos fiscales?
Son las leyes, es el derecho, explicarán los jurisperitos, claro que nunca admitirán que en tantos casos la venda de la justicia se ladea de un ojo en beneficio de los todopoderosos.

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