Ignacio Hurtado Gómez
Aula Nobilis
Sentencias II
Jueves 1 de Septiembre de 2016
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Rosa Pérez Pérez, Presidenta de Chenalhó
Rosa Pérez Pérez, Presidenta de Chenalhó
(Foto: Especial)

Como en otros momentos se ha mencionado, uno de los cambios importantes en términos de nuestra consolidación democrática tiene que ver con el hecho de que ahora, como un deber de rendir cuentas, también los jueces tienen que explicar por qué y cómo toman determinadas decisiones.

Es lo que algunos llaman el deber de motivación como parte de la rendición de cuentas.

En ese sentido, en algunas entregas pasadas he hecho referencias a ciertas sentencias en materia electoral, haciendo mención para ello del asunto de Pichátaro, así como el de una magistrada y una regidora, donde se resolvió el tema de la violencia política de género.

Ahora, como parte de esa dinámica y de manera hasta cierto punto simple, mencionaré otras dos resoluciones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la primera se atendió un asunto de una comunidad tzotzil de Chiapas en cuestiones de género y violencia política. En la segunda un tema interesante sobre el papel de los jueces en el análisis de los asuntos.

La primera se trata de un juicio ciudadano 1654 de este año, promovido por Rosa Pérez Pérez. Resulta que en julio del año pasado hubo elecciones en el municipio de Chenalhó, ganando la ciudadana Rosa Pérez, siendo que a principios de abril, una vez que tomó protesta, un grupo minoritario pidió su destitución ante el Congreso local, razón por la cual se acreditó que fue obligada a suscribir un documento dirigido a la Mesa Directiva del Congreso, donde se solicitaba licencia indefinida. En ese proceso de presión para obligarla a firmar, pero sobre todo para que se aprobara la destitución, se retuvo a dos diputados y se amenazó con hacerles daño “gracias a la presión de un pueblo informado”.

Por tal motivo, el Congreso designó al síndico como presidente sustituto mediante el decreto 216.

Ante ello, la ciudadana Rosa impugnó la validez del decreto argumentando que afectaba su derecho político-electoral en su vertiente de ocupar y ejercer el cargo para el que fue electa, pues tenía en su origen un procedimiento viciado y basado en la coacción de la afectada, y además no se agotaron ni las etapas ni las formalidades esenciales para la renuncia y designación del presidente municipal. Por otro lado, planteó que fue objeto de violencia política de género, así como violencia física, psicológica e institucional.

En ese sentido, la Sala Superior hizo el análisis y resolvió con perspectiva de género, y enfoque intercultural, utilizando los protocolos necesarios para ello, así como normas nacionales e instrumentos internacionales en cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, reconociendo los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, no sólo condenando toda forma de discriminación basada en el género, sino también obligando a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género en sus normas y abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres.

Y eso fue así porque de las pruebas que existían en el expediente se comprobó que la actora fue presionada y coaccionada a firmar su renuncia, pues existían documentos y videograbaciones de la presión bajo el argumento de que una mujer no debía gobernar el municipio, así como que también, la solicitud de licencia igualmente fue aprobada por el Congreso por presiones y retención de dos diputados por un grupo de ciudadanos de la comunidad.

Al respecto, el Tribunal señaló que, por obvias razones, tanto la solicitud como el decreto aprobado no podían surtir sus efectos a partir de las condiciones cuestionables en que fueron obtenidos, particularmente porque una se había suscrito sin su voluntad, y el otro porque era consecuencia de un acto que carecía de validez.

Por ello, se revocó el decreto y se ordenó restituir en su cargo a la ciudadana Rosa Pérez Pérez.

Pero además, de manera destacada se vinculó al Congreso y al Poder Ejecutivo del estado para que llevaran a cabo los actos jurídicos y materiales dirigidos a efectuar la reincorporación de la ciudadana Rosa Pérez Pérez al cargo de presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, para el que fue democráticamente electa durante el proceso electoral 2014-2015, así como para implementar las medidas idóneas, razonables y eficaces para que, en coordinación con demás integrantes del Cabildo municipal y autoridades de seguridad del Ayuntamiento, resguardaran el orden público en el referido municipio con motivo de la reincorporación referida; esto es, que la sentencia dictada se materialice en el mundo fáctico, pues de lo contrario, la función jurisdiccional sería ilusoria.

Por último, al tratarse de una comunidad indígena, se ordenó traducir la sentencia, así como hacer un resumen y difundir su contenido.

En el otro asunto (SUP-JRC-290/2016), un partido político impugnó una resolución de un Tribunal local, y el tribunal electoral revocó su decisión. Aquí lo interesante es que la Sala Superior amonestó a los magistrados.

La historia se refiere a un procedimiento sancionador por actos anticipados de campaña, a lo cual, el Tribunal local consideró que no se daban esos actos anticipados. El partido contrario consideraba que sí se daban los elementos de los actos anticipados y que son el personal temporal y material porque se hacía referencia a la plataforma política de la coalición que la postulaba en tiempo prohibido y por una precandidata.

Al respecto, la Sala Superior declaró fundados los agravios y le dio la razón al partido inconforme porque ciertamente se advertía que el Tribunal local no analizó en su integridad el escrito de denuncia y las pruebas aportadas por el partido político denunciante, con la finalidad de determinar si estaba acreditada la comisión de los hechos motivo de denuncia.

Ahora, lo relevante del caso es que la propia Sala señaló que atendiendo a las circunstancias del caso y ante la conducta reiterada de no analizar las constancias del expediente, se imponía una amonestación a los magistrados de ese Tribunal por incumplir su deber de respetar el principio de legalidad.

Como se puede ver, también hay una suerte de control sobre las actuaciones de los tribunales por parte de la Sala Superior, y por eso cobra importancia en materia de justificación de las decisiones lo que desde hace años ha dicho Ezquiaga Ganuzas: no es lo mismo dar malas razones que dar buenas razones, que no dar ninguna razón. Al tiempo.

Una pequeña dosis de historia nicolaita



La velada del 14 de septiembre de 1899 fue muy suntuosa y una de las de mayor resonancia social y política. El coliseo estaba totalmente lleno. Lo más selecto de la sociedad moreliana se había dado cita allí. En el foro estaba el gobernador Mercado –los preparativos para su tercera reelección se habían iniciado con mucho vigor–, a su derecha, el regente del Colegio de San Nicolás, y a su izquierda el director de la Facultad de Medicina. El resto de asientos en el foro fueron ocupados por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y por los diputados locales. De pronto fueron despertados por las vibraciones de una arenga revolucionaria que pronunció el estudiante de Jurisprudencia Rafael Reyes. Su oratoria constituyó una tremenda catilinaria contra la dictadura porfiriana y una acerva crítica al gobierno del señor Mercado. ¡Severo análisis de la realidad social de entonces y noble incitación al pueblo para que se sacudiera el yugo que lo oprimía! El discurso causó enorme sensación entre los concurrentes y reveló los ímpetus adormecidos de los nicolaitas, quienes empezaron a lanzar en pleno teatro mueras a don Aristeo y al presidente Díaz. No conformes con esto, salieron a la calle en tumultuosa manifestación antigobiernista que, acompañada por grupos compactos de pueblo, recorrió las principales calles de la ciudad.
Lo anterior hizo comprender al señor Mercado que los estudiantes de San Nicolás constituían aún un poderoso grupo de opinión y que no transigirían jamás con el continuismo. Se puso en práctica, con este motivo, la medida adoptada en 1895 con la Escuela de Medicina. La Facultad de Jurisprudencia se segregó de San Nicolás a principios de 1901, quedando desde entonces el histórico y legendario plantel de don Vasco reducido a Escuela Preparatoria. Algunos años después de los sucesos que dejamos relatados, se supo que el gobernador Mercado, en el paroxismo de su indignación, ordenó que fuera enrolado en el servicio de las armas el estudiante Rafael Reyes, que tuvo la valentía de decir la verdad en plena dictadura porfiriana, cuando ser revolucionario significaba inminente peligro de perder la vida.

ihurtadomx@hotmail.com

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