
(Foto: TAVO)
Durante años he trabajado el tema del respeto a las diferencias y la cultura de la igualdad. Durante años he coadyuvado con muchos actores de la sociedad civil y políticos a construir marcos normativos que hoy son ley; igualmente trabajamos en el diseño de políticas públicas para evitar la discriminación y la diferencia de trato social que tanto afecta a la sociedad.
Durante años he visto cómo la falta de tolerancia y de diálogo ha llevado a más de un centenar de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual a que les arrebaten su vida y formen parte de las crecientes estadísticas de crímenes de odio por homofobia.
Pero tal vez no ha sido suficiente lo realizado por el Estado y sus instituciones y la sociedad civil, ni lo será cuando veo que grupos de personas ancladas a posiciones religiosas salen a la calle a demandar que no se otorguen los derechos humanos a personas que cuentan con una orientación sexual diferente a la heterosexual, violentando el derecho a la igualdad y no discriminación ya establecida en nuestra Constitución.
Distintos actores de la vida política en México han posicionado la postura que se debe observar, entre ellos, quien dirige la política pública antidiscriminatoria, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Me parece puntual su análisis y posicionamiento porque hay en él un respeto a nuestro marco jurídico y existe una posibilidad real que son el diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias.
Me parece claro, pero también alarmante, que quienes salieron a protestar el día 10 de septiembre desconozcan los avances que en materia de derechos humanos tenemos las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual.
Entre las cuestiones que me parece deberían darse a conocer no ahora, sino desde el mismo momento en que sucedieron, no como meros hechos mediáticos, sino como parte de los mecanismos que deben conocer la población en general como cultura de la legalidad, de la cultura de los derechoso humanos, de la cultura de la igualdad para conocer de los avances que en democracia tenemos, pero también para ir construyendo, desarrollando la conciencia social; señalo algunos de éstos elementos:
Las mujeres y los hombres tenemos derechos humanos, uno de ellos es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que le permite decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, determinar su pareja, el matrimonio y su decisión sobre tener hijos, o la adopción; adicionalmente tiene el derecho a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Así, los diversos tipos de familias se fundamentan en el principio de que todas las personas son libres e iguales en derechos y dignidad.
Así lo expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libres para determinar a quién amar y con quién compartir la vida, iguales en dignidad para tener el derecho a formar una familia y que sea protegida por el Estado. Todo ello se fundamenta en los artículos 1° y 4 constitucionales y 1°y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han pronunciado en favor del matrimonio igualitario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia, con lo cual se precisa que el Estado mexicano no reconoce un solo tipo de familia en particular o un “modelo de familia ideal”, sino que lo que protege es a la familia como realidad social, incluyendo en ella a todas las formas y manifestaciones que de la familia existen en la sociedad. Confirmo que entonces el matrimonio y la familia es un concepto cultural que cambia de conformidad con la evolución que tiene la misma familia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General número 23, precisa que “el matrimonio es una forma de convivencia susceptible de cambiar social y jurídicamente y que su acceso no puede estar condicionado por la orientación sexual”.
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 aporta los datos duros sobre la diversidad de las familias en México, y precisa que de un total de 28 millones 700 mil hogares, sólo once millones 700 mil (40.7 por ciento) están habitados por parejas heterosexuales casadas y con hijos comunes a ambos cónyuges. El resto de las familias se integran por parejas en unión libre (16.6 por ciento) y personas que viven solas (9.4 por ciento), así como en hogares con una jefa sola (16.3 por ciento) o un jefe solo (4.4 por ciento).
Con estos elementos nos debe quedar claro que las reformas efectuadas en la Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Morelos, Michoacán, Campeche y Nayarit en materia de matrimonio igualitario son constitucionales, como serán las que en su momento solicitó el presidente de México desde el pasado 17 de mayo de 2016 y que se encuentran en el Poder Legislativo federal para reconocer el derecho a contraer matrimonio sin discriminación y en su momento construir familias.
Considero que si bien es cierto que todos tenemos el derecho a expresar libremente nuestras ideas y conservar las creencias –en este caso su doctrina religiosa, como lo reconocen los artículos 6 y 24 de la Constitución federal, 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos–, también es cierto que en un Estado laico y democrático no es aceptable la imposición de ideología o creencia alguna por encima del reconocimiento de los derechos humanos.
Finalizo expresando que fomentar la discriminación hacia las personas por su condición u orientación sexual y de género, así como pretender excluir a las familias que no son nucleares a través de discursos que promueven al odio y la violencia, como ha ocurrido sistemáticamente de 17 de mayo a 10 de septiembre y que se extenderá seguramente hasta el 24 de este mes, continuará vulnerando los derechos humanos de todas las personas, continuará vulnerando la dignidad humana de las personas.
Lo que pido es diálogo, tolerancia y respeto; en la democracia nos debemos acomodar pero no se puede asimilar a la diversidad sexual sólo porque un grupo social plantea la imposición de sus dogmas e ideologías.
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