Jorge Álvarez Banderas
La oralidad en el TFJA
Jueves 15 de Septiembre de 2016
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José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó a Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la propuesta de paquete
José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó a Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la propuesta de paquete
(Foto: Cuartoscuro)

Dentro del Paquete Económico presentado el pasado 8 de septiembre por el titular del Poder Ejecutivo federal al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, se encuentra la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), mediante la cual esencialmente se adiciona al título II un capítulo XII denominado “Del juicio de resolución exclusiva de fondo”, y con ello los numerales 58-16 a 58-28, donde en particular se propone incorporar el principio de oralidad.

Esta nueva figura opcional se pretende “vender” bajo el esquema de que al optar por la misma no hay que garantizar el interés fiscal al que se encuentra obligado el contribuyente, tal como sucede cuando se opta por interponer en contra de una resolución determinante de un crédito fiscal, el recurso administrativo de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación.

La procedencia cabe únicamente cuando se controvierta el fondo de las resoluciones definitivas de la autoridad, obviando las violaciones formales, en las que, a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, se establezcan determinaciones a cargo del contribuyente cuyo monto no exceda 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al año (aproximadamente cinco millones 329 mil ocho pesos).

La iniciativa se sustenta en el principio contenido en el artículo 17 constitucional relativo a la impartición de justicia expedita, aunado a la propuesta hecha al Constituyente permanente para reformar los artículos 16 y 17 de la Carta Magna, tendientes a elevar a rango constitucional el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo de las controversias en materia de justicia cotidiana.

El principio de oralidad que se pretende incorporar a la LFPCA se basa en el establecimiento de una audiencia de fijación de Litis, lo que de acuerdo con la exposición de motivos, permitirá un acercamiento del juzgador a la controversia que se plantea, a partir de los razonamientos que las partes hagan valer directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acorde con el principio de proximidad como mecanismo para evitar los problemas de acceso a la justicia.

Es un buen planteamiento en favor del Poder Ejecutivo que se plantea con la idea de ampliar el espectro de protección al justiciable; no me queda duda de que las anteriores reglas estarán vigentes para 2017.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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