Jerjes Aguirre Avellaneda
¡Para el debate por Michoacán!
El Informe: lo dicho y lo no dicho
Viernes 23 de Septiembre de 2016
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Con mucho ruido publicitario, de espectaculares gigantes, de los espacios pagados en los medios impresos y los spots de radio y televisión, transcurrió el Primer Informe de Gobierno de la actual administración estatal. Dirigentes, políticos, funcionarios públicos e invitados especiales representaron la audiencia principal del informe rendido por el gobernador.

La presentación de este documento es una obligación legal. Los artículos 33 y 60 de la Constitución Política de Michoacán disponen que en los 30 días siguientes a la apertura de sesiones del Congreso, el gobernador del estado presentará “el informe que manifieste el estado que guarde la administración pública… proponiendo los medios para mejorarla”.

No obstante, aun cuando los informes representan una obligación constitucional, carecen de la reglamentación que obligue al rigor de la forma y del contenido, estableciendo un método que facilite la comparación con otros informes, adquiera precisión y permita la evaluación objetiva del trabajo gubernamental. En estas condiciones, la única alternativa para los ciudadanos, a los que se informa a través de un “mensaje” o por medio de sus representantes legislativos, consiste en creer lo que el gobernante dice haber hecho, sin posibilidad de cuestionar en torno a su verdad o su mentira, así como los aciertos y los errores cometidos. Todo dependerá de la credibilidad que el gobernante posea, de su calificación como creíble o mentiroso, auténtico o simulador.

A esto obedece que en la práctica, los informes y las ceremonias para rendirlos sean exclusivamente actos políticos, con implicaciones generalmente de coyuntura que permiten al gobernante buscar el “máximo brillo”, en pensamiento e intenciones, para salvar a la sociedad y construir un futuro de felicidad. La magnificencia del Senado romano no puede compararse con estos acontecimientos de “gloria.” Por ello, el informe y el “mensaje” se convierten en una oportunidad para reafirmar coincidencias y lealtades para la persona que actúa como titular del Poder Ejecutivo.

Es difícil, pero habrá que hacer un intento de análisis del informe con una referencia obligada al Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021 como documento que contiene algunos datos básicos
Es difícil, pero habrá que hacer un intento de análisis del informe con una referencia obligada al Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021 como documento que contiene algunos datos básicos
(Foto: Especial)



Consecuentemente, en plazos más largos, los informes rara vez generan procesos nuevos y por el contrario, son la ocasión para formular las grandes justificaciones sobre lo que ya se hizo con independencia de sus resultados. Por tanto, es poco o nada lo que puede derivarse de los informes, particularmente en la corrección e inauguración de tendencias diferentes.

Muchos y variados son los problemas y necesidades de Michoacán en sus causas y efectos, en sus implicaciones económicas, sociales, políticas, científicas, tecnológicas y culturales. No sólo hay uno, sino que hay distintos Michoacanes regionales en los niveles de desarrollo, en su potencial y en su gente, en su cultura. El nivel agregado de “entidad federativa”, como entelequia, esconde la realidad y dificulta percibir y comprender el drama michoacano, expresado en los jóvenes que no quieren vivir sin trabajar y estudiar y en los viejos, que sólo tienen en sus ojos la tristeza y el abandono.

Es difícil, pero habrá que hacer un intento de análisis del informe con una referencia obligada al Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021 como documento que contiene algunos datos básicos, que si bien carecen de vinculación orgánica con el informe, permiten disponer de un marco de referencia para comprender el significado y alcances del documento presentado a los diputados locales y la ciudadanía.

Un amplio cuestionamiento podría formularse en torno del informe y de las posibilidades de verificación, tratándose de realidades como la desigualdad y la pobreza de los michoacanos, la creación de empleos y los salarios, la inversión y la estructura empresarial del estado, los desequilibrios regionales y el cambio cultural, entre otros muchos temas. Además, con todo lo que se dijo, ¿cómo se explica la persistencia de la inseguridad y la violencia con sus prácticas de terror, miedo y desintegración social?

Según distintas evidencias, la inseguridad, las desconfianzas y las tensiones sociales, son asuntos que trascienden al uso de tecnologías y buenos deseos, para situarse en las causas que representan las condiciones objetivas y subjetivas en las que vive la mayoría de la sociedad. Las soluciones, cuando se dicen, deben cumplirse y constatarse, sin lugar a ninguna duda por parte de los ciudadanos. Construir futuros sin definición y sin indicar los medios es solamente un engaño.

En otro aspecto, el Plan de Desarrollo, en lugar de pobreza se refiere al desarrollo humano, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La diferencia es importante puesto que no es lo mismo referirse a la pobreza y sus grados, que se desplazan de la miseria y el hambre, hasta lo que llaman pobreza de oportunidades, que mencionar sólo los “índices de desarrollo humano”. No se dice lo mismo con los conceptos de pobreza y desarrollo humano y el gobierno estatal lo entiende bien al vincular educación y salud con el desarrollo humano y la pobreza con los distintos programas de subsidio gubernamental. Con todo, el Plan de Desarrollo señala categórico que “de mantenerse la misma tendencia de crecimiento que se observa desde 2010, a Michoacán le llevará casi 60 años alcanzar el nivel de la entidad con mayor desarrollo humano del país”.

El Plan de Desarrollo Integral de Michoacán es prolijo en verbos. En un análisis rápido de contenido, cuando menos diez verbos son de alta incidencia, como son: impulsar, fomentar, recuperar, detonar, capitalizar, aprovechar, consolidar, modernizar, establecer y garantizar, en lugar de crear y ejercer la rectoría del desarrollo estatal con una clara conciencia del modelo y sus debilidades.

En materia de crecimiento, inversión y empleos, el Plan establece que “las palancas del desarrollo económico del estado son el impulso del crecimiento del mercado interno, el aumento de la productividad y de las exportaciones de los producto líderes, el uso sustentable de los recursos naturales, el fomento al empleo digno, al turismo y a nuevos sectores competitivos, la promoción de la inversión externa y la generación de valor agregado en la industria”.

Al respecto, en el informe se afirma que en este primer año se “están consolidando inversiones productivas privadas por un monto superior a los trece mil millones de pesos y que se han generado más de doce mil empleos en los últimos diez meses, según cifras del IMSS”. Sin embargo, nada se dice de lo ocurrido con el Programa Emergente de Empleo para Michoacán, cuya meta precisa para el periodo de diciembre de 2015 a julio de 2016 consistía en crear 33 mil 566 nuevos empleos formales, equivalentes a cuatro 195 empleos mensuales, que en los diez meses señalados por el gobernador, en lugar de los doce mil empleos apuntados, la cifra sería en ese mismo periodo y de haberse cumplido el Programa Gubernamental de Empleo Emergente, de 41 mil 950 puestos de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó?, todavía no se sabe, en el informe no hay ninguna referencia.

Por otra parte, un problema fundamental de la economía michoacana consiste en el tipo de empresas que tienen a su cargo la producción de bienes y servicios que demanda el mercado. Según datos del Inegi, para 2014, de 240 mil empresas que existen en Michoacán, el 98.2 por ciento son microempresas que disponen de hasta diez trabajadores. El 75 por ciento de las empresas son comerciales y el 97.5 producen para mercados locales. Si la empresa es la unidad económica básica del sistema económico, fácilmente puede deducirse la extraordinaria debilidad de la economía michoacana. Sobre este tema básico tampoco existen referencias oficiales suficientes y menos la adopción de estrategias adecuadas que pudieran reflejarse con el pasado informe.

En todo caso, la experiencia de los informes aconsejaría la adopción de un marco legal que estableciera criterios y métodos en la integración, presentación y resultados de los informes. La simple Glosa realizada por los diputados es totalmente insuficiente. Los gobernadores no pueden elaborar sus informes a partir de preocupaciones coyunturales y manipulación de la realidad del estado. La norma jurídica debería indicar las reglas de procedimiento, presentación, evaluación y seguimiento de esos documentos. No es difícil entender la tarea legislativa pendiente.
En los tiempos actuales y en una sociedad democrática, la ciudadanía michoacana se merece informes congruentes, responsables y verificables. Vaya, por simples razones de consideración y respeto.

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