Sábado 24 de Septiembre de 2016
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Vivimos en un país de rechazados. El problema de fondo es que los espacios que ofrecen oportunidades para que el ser humano se prepare y se realice son cada vez más escasos. De esta manera, quienes mantienen en sus manos los controles sobre el ingreso y exclusión de los aspirantes tienen que echar mano de mecanismos que lo justifiquen. En el caso de la educación superior, el examen de admisión es uno de ellos, se podría decir que el principal. Aquí no se trata de que ingresen los mejores, como suelen afirmar los que deciden quién entra y quién se queda afuera, sino de cubrir el número de la matrícula autorizada. En educación no tendría por qué haber distinciones hacia el universo de aspirantes. Cualquiera puede superar sus propias limitaciones y ponerse en el nivel que requieren las exigencias de aprendizaje, de manera que las oportunidades de ingreso tendrían que ser para todos, además de que es un derecho fundamental.

. En educación no tendría por qué haber distinciones hacia el universo de aspirantes.
. En educación no tendría por qué haber distinciones hacia el universo de aspirantes.
(Foto: ACG)



El problema, desde luego, viene de más atrás. De hecho, el origen se encuentra en los primeros niveles de educación. En el informe más reciente de la UNICEF sobre México se registra que 4.1 millones de niños y adolescentes se encuentran fuera de la escuela, y que al menos 631 mil estarían en riesgo de abandonar las aulas; que sólo el 42 por ciento de los menores de tres años asisten a preescolar. Aquí no pueden echarle la culpa a los maestros, como se ha vuelto costumbre. Las causas tienen que ver más bien con la pobreza, la marginación, la pertenencia a grupos indígenas, el aislamiento geográfico y social, la discriminación, las discapacidades y el trabajo infantil. Habría que agregar la violencia extrema que provoca migraciones y que mantiene a comunidades enteras atrapadas en el terror. Tendríamos que especificar aún más y encontrar al responsable en el Estado. El Estado mexicano se desentiende cada vez más de sus responsabilidades para con la sociedad y deja que cada uno se enfrente a su circunstancia como pueda. El ejemplo más reciente está en la propuesta de Paquete Económico para 2017 que el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha enviado al Congreso. En materia de educación se propone un recorte nada menos que de doce mil 132 millones de pesos, lo que representa un 4.8 por ciento menos que el aprobado para este año. Es de esperar, entonces, que no habrá recursos para construir y habilitar más espacios educativos, que no habrá oportunidad para más aspirantes que deseen continuar sus estudios en el nivel que les toca.

Estamos ante una pirámide cuya base ha sido reducida de origen. En cada escalón ascendente sus dimensiones se reducen y los que ocupan sus espacios son cada vez menos. Hay un porcentaje de aspirantes que en cada nivel han logrado superar sus limitaciones económicas y sociales y se muestran dispuestos a seguir avanzando con su esfuerzo. Pero entonces las puertas simplemente se les cierran. El examen de admisión en este caso se convierte en un instrumento de exclusión, de discriminación, de anulación de un derecho que debería ser sagrado para todos. Es de hecho la causa del conflicto que se ha generado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que se genera cada año. Nunca hay recursos suficientes para que nuestra máxima casa de estudios pueda dar cabida a todos los estudiantes que desean continuar allí una carrera profesional. El gobierno del estado tendría que haber previsto que algo así ocurriría también ahora. Pero ya sabemos que las políticas que se privilegian en estos tiempos son las que tienen que ver con los recortes y anulación de los recursos destinados estas áreas. Por eso las preferencias por las opciones que privatizan los servicios públicos. De esta manera, el Estado ya no tendría que aportar nada al desarrollo del país y dejaría que cada quien se las arregle como pueda, y si no puede pues ni modo.

Las casas del estudiante que organizan y movilizan a los aspirantes que no alcanzan un lugar en la UMSNH han dado en esta ocasión, como en las anteriores, un paso errático. Hay que decir de entrada que su causa es legítima. Nadie tendría por qué quedar excluido de los espacios de formación universitaria. El problema es que el gobierno del estado, en vez de incrementarle los recursos a la Universidad para que esté en condiciones de cubrir la creciente demanda de aspirantes que se le presenta cada año, se los detiene o se los condiciona. O mejor dicho, el Congreso del Estado, que es el órgano que tendría que asumir este deber con profunda sensibilidad social. La Universidad tendría que contar con la capacidad financiera para abrir campus y construir espacios educativos en otras regiones del estado e incrementar los que ya tiene en la capital. El problema, como se ve, no es ni siquiera de la Universidad. Por eso la táctica de tomar las instalaciones universitarias para impedir que haya clases es equivocada. Una acción de esta naturaleza no puede sino generar una respuesta como la que vimos el jueves pasado: los estudiantes regulares tratando de recuperar sus espacios para volver a clases, y los que tomaron las instalaciones, defendiendo físicamente su posición.

Lo último que uno esperaría de un conflicto así es que los muchachos se enfrenten entre ellos o que haya quienes los muevan con este propósito. Hay que decir que el problema no es de la Universidad. La solución se encuentra en otros ámbitos e instancias del gobierno estatal. Lo que tendría que hacer el movimiento de rechazados es dirigir la presión y sus acciones hacia quienes tienen en sus manos la solución del problema, esto es, quienes pueden incrementar los recursos que se destinan a la Universidad, de manera que se convierta en nuestra máxima casa de estudios con capacidad para darle cabida a todos los que lo requieran. El movimiento de rechazados se ha equivocado de objetivo. Es un error que no puede sino conducir a un callejón sin salida, allí donde sólo hay perspectiva para la confrontación. Las autoridades universitarias, por su lado, en vez de condenar al movimiento de rechazados, como lo han hecho cada vez que tienen oportunidad, deberían exigirle al gobierno y al Congreso del Estado que asuman su responsabilidad para con la juventud michoacana y hagan lo necesario para que la Universidad cuente con los recursos que necesita. Tendría que ser entonces un movimiento de toda la comunidad universitaria en demanda de los recursos que por derecho le corresponden.

Tampoco se trata de saturar los grupos que ya existen para dar cabida a un porcentaje de quienes exigen espacios en la Universidad, como lo ha ofrecido el gobernador una vez que se generó la confrontación entre estudiantes regulares y rechazados; ni de abrirles espacios en universidades privadas, ese es un negocio aparte; o de ofrecerlas la opción de la Universidad virtual, esta es la opción para quienes trabajan y no pueden acudir a recibir educación escolarizada. En todo caso no dejan de ser medidas de emergencia. El problema de fondo, sin embargo, sigue allí. Y éste, por desgracia, no ha sido siquiera mencionado.

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