Salvador Molina Navarro
Derecho a qué…
A dos años de aquella noche
Martes 27 de Septiembre de 2016

No es que no lo queramos aceptar, es que jamás ha habido evidencias. No podemos aceptar lo que no existe, son vidas humanas, son jóvenes inocentes, son nuestros hijos que les pisotearon la dignidad.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa.

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Un día como hoy, pero de 2014, el 26 de septiembre se suscitaron actos de violencia injustificada por parte de las fuerzas públicas del Estado en contra de civiles, aquel día hubo muertes y dolor, murieron al menos ocho personas, se supo de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, estudiantes normalistas, este último encontrado con su cara desollada, que fueron balaceados por la Policía para someterlos, siendo que estos muchachos estaban desarmados, la primera ejecución de esa noche; también se supo de la muerte de David Josué García Evangelista, futbolista, integrante del equipo de futbol de Tercera División Los Avispones, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía al equipo de futbol a Chilpancingo. El error de estos ciudadanos fue ser confundidos con normalistas, lo que bastó para que los policías activaran sus armas sin previas investigaciones. Una ejecución más en esa noche: también fue ejecutada Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que fue alcanzada por las balas de la Policía. Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, estudiantes normalistas del grupo de los 43 desaparecidos esa noche, cuyos restos identificaron en el transcurso de las investigaciones.

Muertes, ejecuciones y la desaparición de, hasta ahora, por lo menos 41 estudiantes más, que están destinadas al olvido por parte de las autoridades, a la indolencia del sistema putrefacto que existe en el Estado Mexicano
Muertes, ejecuciones y la desaparición de, hasta ahora, por lo menos 41 estudiantes más, que están destinadas al olvido por parte de las autoridades, a la indolencia del sistema putrefacto que existe en el Estado Mexicano
(Foto: TAVO)

Muertes, ejecuciones y la desaparición de, hasta ahora, por lo menos 41 estudiantes más, que están destinadas al olvido por parte de las autoridades, a la indolencia del sistema putrefacto que existe en el Estado Mexicano, donde se les reclama a los padres el no aceptar su realidad, no ceder en la búsqueda de sus hijos, se les reclama que sus hijos eran normalistas, que sus hijos se manifestaban, se les provoca con frases como “ya supérenlo”, se les provoca con investigación plagada de mentiras históricas que por sí solas se han desvanecido, se les ofende con investigaciones parciales y tendientes a proteger intereses superiores, con una verdad que lacera, sin que nuestro sistema político entienda que no entiende, sin que nuestro sistema político se limite en ofensas, en imponer una verdad histórica que no es posible sostener ante las evidencias, con un sistema político derivado de un Estado fallido, de un Estado corrupto, de un Estado demagogo y servil.

¿Qué pasa con el derecho de víctimas en México?, ¿qué pasa con derecho a saber la verdad en este país?, ¿qué pasa con la justicia y la legalidad en un Estado como el mexicano?, sin duda no está en discusión si los familiares de los ejecutados y desparecidos tienen la calidad de ofendidos y el derecho que la Ley General de Víctimas les otorga en debida protección a sus derechos humanos –entre otros instrumentos nacionales e internacionales en la materia–, sin duda en el Estado mexicano los aparatos de investigación e impartición de justicia están lejos de generar confianza en los gobernados, están lejos de ser un medio eficaz para obtener justicia y legalidad apegada a los derechos humanos, están lejos de garantizar que el culpable no quede impune y que la víctima u ofendido tenga un acceso a la reparación integral del daño. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos?, ¿qué pasa o ha pasado con los familiares de las personas no involucradas, ni siquiera de forma indirecta, en el conflicto social que en esa noche del 26 de septiembre de 2014 se generaba?, ¿por qué no se les ha reparado su daño?, ¿por qué no se les han garantizado sus derechos?, ellos han quedado fuera de la lucha social y de la lucha legal, para ellos no habrá tribunal, no habrá investigación, no habrá expertos, para ellos no se confeccionó la justicia ni la ley, esa es una de las tantas deficiencias de nuestras instituciones, se olvidan de los ciudadanos, hacen parcial la justicia, separan por clases a los ciudadanos.

Los 43 desaparecidos sin duda han gozado de un cobijo social importante, sin duda su lucha es legítima, sin duda has estado vigentes a pesar del esfuerzo institucional de que queden en el olvido; sin embargo, al igual que las demás víctimas, se enfrentan a un sistema de procuración e impartición de justica impotente, maniatado, donde sus decisiones procesales se tendrán que tomar por debajo de los intereses políticos, esa es la realidad que enfrentamos todos los ciudadanos, que hacemos los abogados litigantes ante leyes que nos dotan de argumentos, ante doctrinas que robustecen la postura, más aún ante amparos concedidos que la autoridad política los hace inejecutables, inatendibles, sin eco en la justicia y en la legalidad; ¿qué les queda a los ministerios públicos y jueces cuando tienen que decidir el rumbo o sentido de sus resoluciones para soportar una verdad que les fue dictada desde la política?, ¿qué les queda cuando se les ordena ocultar la verdad y sostener la mentira, soportar el ver desvanecida su investigación porque sus actos de fueron apoyados en falacias, en efecto corruptor?, ¿qué pasa con los actores del sistema de justicia cuando se les obliga a soportar el encaro social, el desprestigio de la institución a la que sirven noblemente?, ¿qué pasa cuando una autoridad dicta una resolución alejada de su sentir, de su experiencia, del derecho y privilegia “el sistema”?, hoy reside el encono de los padres de Ayotzinapa y de muchos y muchos más que han quedado sin justicia, que se quedan en sus manos con amparos concedidos e inejecutables, con dictámenes internacionales que indican hacía dónde se deben dirigir tal o cual investigación y que son inatendibles e incluso atacados o desprestigiados por lo que nuestro sistema pretenda, ¿qué pasa en un país cuando ya no te queda nada, ni justicia, ni legalidad, ni debido proceso, ni la protección de la justicia de la unión, ni la protección internacional, ni derecho, ni dignidad?, ¿qué pasa con los ciudadanos que están cansados, más cansados aún que nuestras autoridades políticas?, ¿qué pasa con los ciudadanos cuando su gobierno les reprocha que no han podido aceptar ni superar su realidad?, sólo nos queda ejercer nuestros derechos desde cualquier trinchera, señalar las injusticias e ilegalidad, unirnos para no aceptar lo que nos han querido imponer sin evidencias, para no aceptar lo que no existe, para luchar por todos porque todos somos humanos, para luchar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros ideales, sólo nos queda otro igual, un ciudadano, un voto, una democracia, un derecho, una exigencia, sólo nos quedan nuestras obligaciones democráticas y constitucionales y debemos cumplirlas.


FB. Salvador Molina
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