Jerjes Aguirre Avellaneda
¡Para el debate por Michoacán!
Presupuesto, austeridad y confianza
Viernes 30 de Septiembre de 2016
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Los proyectos de presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 fueron entregados para su análisis, corrección y autorización al Congreso del Estado. Ahora, independientemente de los ajustes finales, derivados de las aprobaciones federales, corresponde a los diputados locales aprobar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal en materia de ingresos y gasto gubernamental para que adquieran fuerza de ley.

Este tema no puede consistir en un asunto de trámite legislativo, sino en un asunto de la mayor importancia para la sociedad, en tanto que está relacionado con la vida cotidiana y la atención de las expectativas que para vivir tienen los michoacanos.

Dinero Mexicano
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(Foto: Cambio de Michoacán)

Tampoco podría tratarse de la “rebatinga” de recursos por parte de los diputados, que con el argumento de “jalar” recursos para sus distritos y cumplir con sus compromisos particulares provocan que el Presupuesto de Egresos pierda toda racionalidad para convertirse en un instrumento sin orientación, como resultado de las negociaciones y cabildeos, fundamentalmente en aquella proporción del gasto llamado “programable”, por no estar sujeto a obligaciones legales previas.

Los tiempos son difíciles y el año venidero, a pesar de tratarse de un año preelectoral, el país entero tendrá importantes restricciones para financiar el conjunto de su desarrollo. En principio, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 contempla una reducción del gasto en alrededor de 240 mil millones de pesos, equivalentes al 1.2 por ciento del PIB nacional. Si bien las participaciones federales a los estados y municipios, en lugar de recortes, tendrán un incremento del 12.1 por ciento, resulta evidente que los ajustes totales tendrán consecuencias a la baja en la inversión federal, que es fundamental en la construcción de infraestructuras y dotación de servicios a las llamadas “unidades subnacionales”.

En estas condiciones, el Ejecutivo estatal ha remitido al Congreso un proyecto de Presupuesto de Egresos por más de 60 mil millones de pesos, para financiarse sin nuevas cargas tributarias para los michoacanos y es de esperarse también, sin incrementos en la deuda pública. Sin embargo, en un primer acercamiento, el proyecto de Presupuesto de Egresos contiene una significativa contradicción. De una parte disminuye en proporciones importantes las asignaciones a más de 40 unidades programáticas, pero a la vez crea nuevas dependencias haciendo crecer la administración pública, en abierta contradicción a la demanda ciudadana por menos burocracia y menos despilfarros, que sean los resultados de una reforma de la administración pública, integral y a fondo.

El proyecto de presupuesto contempla ahorros en 500 plazas vacantes que no serán ocupados y en la disminución del 50 por ciento del personal contratado eventualmente. En total, el ahorro apenas significará la suma de 185 millones de pesos, pero el sufrimiento y el desamparo de muchas familias será enorme. El año pasado pudieron registrarse cuadros dramáticos de trabajadores por contrato con más de diez años de antigüedad que sin advertencia alguna fueron notificados cuando pretendían “checar” su entrada, que ya no prestaban sus servicios en la dependencia de adscripción. Oficialmente se trataba de “austeridad”, para el trabajador era un acto de injusticia absoluta.

Abusos, prepotencia, soberbia y maltratos fueron conductas repetidas en la experiencia reciente de “ahorros” gubernamentales. Como se sabe, cuando hay cambio de administración gubernamental, los funcionarios salientes, como personal de confianza, presentan su renuncia a los cargos para los cuales fueron nombrados por el gobernador saliente. Como en este caso, el gobernador Aureoles asumió el cargo en el mes de octubre de 2015, a los funcionarios anteriores se les hizo efectiva su renuncia a partir del último día de septiembre, transcurridos nueve meses del año, que los hacía merecedores a distintos derechos laborales, incluyendo aguinaldo y otras prestaciones. En estas condiciones, un grupo de ex funcionarios, luego de cumplir con los trámites de rigor, al presentarse con el funcionario respectivo de la Secretaría de Administración y Finanzas para conocer el resultado de sus gestiones, recibieron esta respuesta: “No les vamos a pagar nada y háganle como quieran”. En este caso se violan derechos legales, en otros, se violan derechos humanos y no pasa nada, en apariencia…

El gran problema consiste en que los presupuestos están vinculados con objetivos de desarrollo y con prácticas de honradez y transparencia, que permiten el establecimiento de relaciones de confianza entre sociedad y gobierno y un ambiente donde prevalecen los principios de la moral y la ética. En términos de desarrollo el proyecto de presupuesto no guarda relación con el Plan del Desarrollo, en sus objetivos y metas y carece de previsión en sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) tiene una reducción de mil 468 millones de pesos propuestos para 2017, y la Junta de Caminos, una disminución de 471 millones. Todo esto en el contexto reconocido de que la inversión federal en obras de infraestructura para Michoacán tendría una reducción equivalente al 75 por ciento para el año que viene.

Estos aspectos significan que sin obra pública, el año entrante habrá de registrar mayor desempleo y crecimiento de la pobreza, con impactos múltiples en los comportamientos individuales y colectivos que, cabe suponer, podrían incluir el crecimiento de los hechos delictivos, tanto comunes como organizados. Al final, mayor inseguridad y su secuela para la inversión y el turismo. Lo deseable es que nada de eso ocurra.

Una interrogante surge inevitablemente: ¿cuáles fueron los criterios para proponer reducciones presupuestarias a varias decenas de dependencias? Siguiendo con los ejemplos, ¿por qué se propone una reducción a la Secretaría de Salud por mil 147 millones de pesos, simultáneamente a la creación de una nueva dependencia del sector, denominada Régimen de Protección Social de la Salud, con tres mil 176 millones de pesos? Igualmente, ¿por qué a la Sedrua se le recortan 136 millones y en paralelo se funda el Centro Estatal de Fomento Ganadero con una asignación inicial de 57.4 millones de pesos? ¿Cuáles son las razones para disminuir la asignación a la Secretaría de los Pueblos Indígenas de 103.7 a 70.4 millones de pesos? ¿Y a la Secretaría de Cultura de 281.3 a 153.1 millones de pesos? En cambio, solamente la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, entre las dos dependencias, absorben la cantidad de tres mil 265 millones de pesos, equivalentes a más de 50 veces lo destinado para la atención de las mujeres michoacanas o más de 130 veces respecto a lo destinado para la Secretaría de los Jóvenes.

En otra perspectiva, preguntando a la gente, no se percibe austeridad en los gastos del gobierno. Se ven las caravanas de camionetas blindadas trasportando a los funcionarios, con escoltas y auxiliares ostentando un poder, legal pero ilegítimo, en tanto no representa ni los imaginarios, ni los interese y las actitudes colectivas. Se duda se desconfía, y con estas bases sociales y políticas todavía no se ha inventado ningún recurso de fuerza que pueda contener los cambios.

Los proyectos de presupuesto están en el Congreso. Además de apelar a la inteligencia y honestidad de los diputados, valdría la pena, ante un año previsiblemente crítico, que también escuchara a los ciudadanos, que representan la única y válida “materia prima” de las buenas políticas.

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