Ramón Guzmán Ramos
CNTE: Un balance necesario
Sábado 5 de Noviembre de 2016
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Al principio parecía que se trataba de una jornada de lucha más. Cada año, al iniciarse el mes de mayo, los distintos contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el país salen a las calles y abren un nuevo periodo de movilizaciones que suele terminar con un paro indefinido de labores. La presión va dirigida directamente a las autoridades educativas y a los gobiernos estatales y federal. Cada año la CNTE presenta su pliego petitorio y cada año el asunto culmina con la firma de una minuta, donde quedan registrados los acuerdos a que se llega entre las partes. En esta ocasión, sin embargo, el conflicto escaló a niveles que nadie tenía considerados. Aurelio Nuño se propuso llevar a cabo la implementación de la Reforma Educativa como fuera y con ello provocó que las movilizaciones del magisterio crecieran y se volvieran más intensas y resistentes. El titular de la SEP se erigió por encima de gobernadores y demás secretarías de Estado y coordinó la movilización de diversas corporaciones policiacas para imponer por la fuerza y violentamente los ejes de la reforma que había calendarizado, sobre todo por lo que se refiere a la evaluación del desempeño docente.

Al principio parecía que se trataba de una jornada de lucha más.
Al principio parecía que se trataba de una jornada de lucha más.
(Foto: Héctor Sánchez)

La resistencia del magisterio creció y la inconformidad contra la Reforma Educativa se extendió a otras regiones del país donde no era común que los docentes se manifestaran. Fue obvio que el gobierno se preocupó. Si la dirigencia charra del SNTE perdía el control sobre sus propias bases, lo más probable era que el movimiento arrasara también con las estructuras oficialistas del sindicato y terminara por ocuparlo totalmente. No era para menos. Cada vez más maestros en el país se daban cuenta de que la reforma era en realidad un instrumento que el gobierno imponía para desaparecer la plaza base, el escalafón y la contratación colectiva, esto es, los derechos históricos que son propios de los trabajadores y que se han conseguido a lo largo de la historia con grandes sacrificios, con cárcel y sangre. La preocupación del gobierno pasó a un nivel de alarma cuando el movimiento, a pesar de la campaña de linchamiento que se desplegó en su contra, pasó a otro nivel. Sectores crecientes de la población, como padres de familia, comunidades y organizaciones sociales, le dieron al movimiento su solidaridad activa. Se unieron a las acciones que los maestros desplegaban por todas partes y llevaban a cabo acciones que decidían por su cuenta. No sólo lo hacían para apoyar a los maestros de sus hijos, sino para expresar su propio hartazgo ante la violación sistemática de los derechos de que son objeto todos los sectores de la población.

Fue en este contexto que ocurrió lo de Nochixtlán, Oaxaca. El 29 de junio el gobierno se propuso desactivar por la fuerza el bloqueo que pobladores de este lugar realizaban en carreteras para apoyar al movimiento magisterial. El saldo fue de ocho muertos y alrededor de un centenar de heridos. La represión fue brutal. La Policía Federal disparó a la muchedumbre desarmada y los persiguió como si fueran perros rabiosos por calles y plazas, los sacaba de los lugares donde se refugiaban y los golpeaba sin miramientos. Escenas de la matanza y la persecución contra pobladores fueron difundidas profusamente en las redes sociales, causando indignación y coraje entre la gente. El gobierno se vio obligado a abrir una mesa de negociación con los maestros en la Secretaría de Gobernación.

Nochixtlán fue un punto de quiebre para la política de mano dura y oídos sordos que hasta el momento el Estado había venido implementando. Parecía que el gobierno no tenía más alternativa que resolver el conflicto por la vía de la negociación, atendiendo la principal demanda del magisterio: la derogación de la Reforma Educativa. Los maestros incluían una mesa social para que fueran escuchados y resueltos los reclamos de los movimientos sociales que estaban mostrando su solidaridad activa. En el Congreso de la Unión comenzaron a escucharse voces de legisladores de distintos partidos en el sentido de que era posible revisar la Reforma Educativa y eliminar de ahí los aspectos que estaban lesionando los derechos de los docentes. La CNTE abrió un corredor para establecer contacto con el Congreso pero no aplicó aquí la misma presión que estaba ejerciendo sobre Gobernación.

De pronto, sin embargo, todo dio un vuelco totalmente inesperado. El inicio del nuevo ciclo escolar puso al movimiento en la disyuntiva de si se continuaba con el paro indefinido o se volvía a clases y se mantenían las movilizaciones de otra manera. Los cuatro contingentes principales de la CNTE que estaban participando iniciaron un repliegue desigual y desordenado, cada uno por su cuenta y sin una coordinación que pudiera garantizar la continuidad del movimiento a través de otros medios. Se podría decir que es la naturaleza de la CNTE: no se trata de una organización que centralice y coordine a nivel nacional el movimiento de la disidencia. De hecho, cada contingente o grupo en cada estado decide en qué momento se incorpora a las jornadas de lucha, de qué manera y con qué modalidades realiza las acciones que se acuerdan, y cuándo retirarse de la lucha. Esta dispersión la debilita cuando más se requiere de una dirección que ejerza el mando con disciplina y unidad. Como si se tratara de una federación de agrupaciones locales que se juntan para acordar algunas acciones en común pero que mantienen en todo momento su independencia casi total con respecto a las demás, y a las instancias de coordinación nacional. El caso fue que el movimiento inopinadamente se apagó. Las secciones participantes regresaron a sus estados a sentarse con la autoridad educativa local a resolver los rezagos que cada una tenía. Extrañamente, de la derogación de la Reforma Educativa ya no se habló. El movimiento ha puesto ahora en el centro de la atención su propuesta educativa y sostiene que preparará una iniciativa ciudadana para proponer en el Congreso la derogación de la reforma. Habría que hacer notar, no obstante, que las circunstancias han cambiado radicalmente. El movimiento ha entrado en una fase de repliegue y ya no cuenta con la fuerza ni con la presión que ejercía sobre el gobierno y el Congreso. En una circunstancia así es de esperar que el movimiento se quede esperando a que los legisladores atiendan como quieran y cuando quieran.

Diversas organizaciones sociales que se unieron a las acciones de solidaridad con los maestros planteaban la creación de un organismo que pudiera funcionar como un gran frente nacional. Las condiciones para lograr algo así eran inmejorables. No se trataba, desde luego, de que en una perspectiva así los maestros se erigieran como la instancia que ejerciera el dominio hegemónico. Había que construir un espacio donde todos pudieran estar legítimamente representados, con instancias para la libre participación y toma democrática de los acuerdos. Las condiciones eran propicias para pensar en un congreso popular que se abocara a diseñar el programa de emergencia que el país está necesitando para superar la crisis de gobernabilidad que nos ahoga. Pero la oleada entró en repliegue y de repente todo ha vuelto a la calma. La espada de Damocles, sin embargo, ha vuelto a pender sobre la cabeza del movimiento y sobre el organismo flagelado del pueblo mexicano.

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