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Lunes 19 de Diciembre de 2016

Se hace imperativa, además, la recuperación de la normalidad interna que reconduzca las sanas diferencias que existen entre nuestros cuadros y dirigentes al marco de discusión institucional:

X Consejo Estatal del PRD Michoacán.

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Reestructura de deuda, un galimatías



Finalmente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo envió al Congreso del Estado su petición para reestructurar y refinanciar una parte de la deuda pública que hasta el pasado mes de octubre era de más de 17 mil millones de pesos.

Sin embargo, la solicitud sólo contempla diez mil 906 millones de pesos y desde ahí empieza el embrollo porque el argumento es el alza en las tasas de interés y resulta incomprensible que el resto de la deuda con bancos no vaya a ser afectada de la misma manera.

Adicionalmente y con la finalidad de garantizar el pago de los financiamientos se solicita autorización para contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) una garantía de pago por un monto equivalente al 30 por ciento de los diez mil 906 millones de pesos.

“Las garantías de pago oportuno u operaciones similares serán constitutivas de deuda pública, deberán ser pagaderas en pesos, con un plazo de disposición de hasta 25 años y con plazo de amortización de 75 meses adicionales al plazo de disposición, cuyas cantidades ejercidas causarán intereses”, dice textualmente la iniciativa con proyecto de decreto.

Aun así, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, sostiene que no es así, al igual que la coordinadora de Comunicación Social, Julieta López Bautista, quien en su cuenta de Facebook publicó: “¡Reestructurar no es contratar más deuda… es fortalecer el desarrollo de Michoacán!”. ¡Minucias del lenguaje!

Ante lo anterior ha encontrado resistencia entre los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y sus coordinadores, Adriana Hernández Íñiguez y Carlos Quintana Martínez, respectivamente.

Por lo pronto ambos dirigentes congresistas sostienen que la reestructura se verá el próximo año ya que su prioridad en los días restantes para que finalice 2016 es sacar el Paquete Fiscal de 2017.

Otra vez habrá presupuesto deficitario



Y también envió el Ejecutivo estatal el alcance al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, el cual contiene cambios mínimos a la propuesta original del pasado 20 de septiembre ya que fueron pocas las dependencias a que se les aumentó, así como a las que se les recortó aún más.

Si bien los legisladores tuvieron tres meses para empezar a analizar la propuesta del gasto para el próximo año, no lo hicieron, y fue hasta que el presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala Páez, turnó el alcance presupuestal a las comisiones unidas dictaminadoras, la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública que preside Manuel López Meléndez y la de Hacienda y Deuda Pública que encabeza Miguel Ángel Villegas Soto, que se instalaron en reunión de trabajo permanente.

Esta semana que comienza es cuando se dará la rebatiña por las asignaciones presupuestales por dependencia y hasta ahora se vislumbra un aumento, seguramente ligero, pero aumento al fin, a la Secretaría de Seguridad Pública, ya que a su titular, Juan Bernardo Corona Martínez, parece haberle dado resultado suplicar a los legisladores que lo ayuden y ahora todo mundo declara que es necesario asignarle más recursos.

El que no ha cabildeado con los diputados es el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, pese a que a la institución a su cargo también se le redujo el presupuesto previsto originalmente de al bajar de 21 mil 689 millones 569 mil a 20 mil 852 millones 155 mil pesos.

Esa institución es todo un dolor de cabeza para el gobierno estatal porque representa el principal boquete presupuestal, ya que según un análisis dado a conocer por el auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, en quince años el presupuesto de la Secretaría de Educación se ha triplicado al pasar de siete mil 389 millones 401 mil 494 pesos en el 2000 a 22 mil 690 millones 764 mil 526 pesos en 2015.

Pese a tales incrementos en el presupuesto, a la dependencia no le alcanza y cada año gasta más de lo que se le asigna, acumulando en el periodo mencionado un déficit de doce mil 787 millones 887 mil 160 pesos, ya que en lo que va del siglo se le destinó un total de 229 mil 894 millones 351 mil 809 pesos, pero en ese lapso se gastó 242 mil 682 millones 238 mil 970 pesos.

Al secretario de Obras Públicas, José Juan Domínguez López, le ha funcionado aquella frase de que calladito se ve más bonito, ya que cuando supo que en 2017 no podría hacer más que mantener la dependencia porque únicamente se le asignaban 396 millones 874 mil pesos, ni pio dijo, pero fue reivindicado y en el alcance presupuestal se le aumentó al doble, 787 millones 972 mil pesos.

Los autos chocolate



Cíclicamente sale a relucir el tema de los vehículos extranjeros que permanecen en territorio nacional de manera ilegal y ahora lo puso sobre la mesa el diputado del Partido de la Revolución Democrática Manuel López Meléndez para que, otra vez, sean regularizados en favor de los campesinos migrantes.

Por supuesto, de inmediato le contestó Juan Pablo Arriaga Díez, presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que Michoacán se convertiría en el basurero automotriz del país, que se atentaría contra el medio ambiente y que no es posible legalizar lo ilegal.

Por razones electoreras, el actual gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, lo quiso hacer y la Federación no se lo permitió; el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, también lo quiso hacer y la Federación tampoco se lo permitió.

Más allá de los dimes y diretes, son necedades que no tienen futuro ya que la propuesta de hacer un exhorto al Congreso de la Unión para que impulse una norma para inscribir en el padrón vehicular los llamados autos chocolate no prosperó en el pleno de la LXXIII Legislatura, en la que se presentó como de obvia y urgente resolución, pero López Meléndez pidió que en lugar de ser sometido a votación se mandara a comisiones para dictamen.

Nuevamente se pone en boga el tema sobre el papel del Ejército en materia de seguridad interna, específicamente en la lucha contra los grupos del narcotráfico.
Nuevamente se pone en boga el tema sobre el papel del Ejército en materia de seguridad interna, específicamente en la lucha contra los grupos del narcotráfico.
(Foto: Cambio de Michoacán)

La segunda vuelta electoral



La segunda vuelta electoral para la elección de gobernador comienza a posicionarse en el ánimo de los legisladores michoacanos, y es que por una parte, el 7 de diciembre se dio ha lugar a la propuesta presentada por el panista Héctor Gómez Trujillo, y por otra, el 14 de diciembre, el perredista Pascual Sigala Páez presentó una nueva a iniciativa en ese sentido, además de que en el Congreso de la Unión también se está empezando a discutir el tema.

El meollo del asunto es que cuando ningún candidato alcance al menos el 40 por ciento de los votos válidos de la elección habría una segunda vuelta entre los dos candidatos punteros, como una medida que propiciaría gobiernos de coalición que garanticen la gobernabilidad, pues cuando un gobernador llega con el 30 por ciento de los votos la mayoría de la sociedad no se siente comprometida con él.

Hay que tener presente que a partir de 1995, en la elección de gobernador se dejaron de obtener porcentajes de mayoría absoluta, y si a esto se suman las cifras de abstencionismo, los gobernantes de los últimos 20 años en la entidad han sido electos por porcentajes muy inferiores de ciudadanos que en términos porcentuales los apoyaron dificultando sus administraciones.

Golpes certeros



En los últimos días, equipos operativos y de inteligencia dieron golpes certeros contra estructuras delincuenciales en Michoacán dedicadas tanto al tráfico de gasolina como al robo de vehículos con violencia y delincuencia organizada.

Para los responsables de las áreas de seguridad y procuración de justicia la estrategia ha sido resultado de una coordinación de fuerzas y acciones entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y fuerzas federales desplegadas en el estado para combatir a los remanentes del crimen.

Día 10. Cuenta de ello es la captura reciente de diez presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como Los Viagras en una acción coordinada con elementos del Ejército y la Seguridad Pública, efectuada en el municipio de Buenavista.

A los detenidos les incautaron ocho fusiles AR-15 y seis AK-47, así como tres vehículos, 44 cargadores, mil 261 cartuchos útiles y una granada de mano.

Día 12. Elementos de la Policía Michoacán también detuvieron a seis integrantes de una banda dedicada al robo de hidrocarburos en los límites con el estado de Guanajuato y les aseguraron 27 vehículos, seis con reporte de robo.

La mayoría de las unidades fueron localizadas en una pensión ubicada sobre la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, donde también había alrededor de cuatro mil 150 litros de hidrocarburo distribuido en contenedores.

Día 13. En Buenavista, elementos de fuerzas federales y estatales lograron la captura de Ramón “C”, alias La Mami, considerado líder de una célula delincuencial en la región de Tierra Caliente, en esta entidad.

El detenido presuntamente trabajaba bajo las órdenes de César Ochoa Mendoza, alias El Morisqueto, otro de los presuntos cabecillas de la organización criminal conocida como los H-3, que en el pasado estuvo enrolada con grupos de autodefensas al mando de Luis Antonio Torres, El Americano.

Día 14. Agentes ministeriales logran desarticular una importante célula delincuencia dedicada al robo de vehículos con violencia y detenido a su principal cabecilla, Gabriel “M”, alias El Gabo.

Esta organización criminal operaba en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan y se le relaciona con en el robo de por lo menos 40 unidades de diferentes marcas y modelos.

A este grupo, el cual contaba con la colaboración de una agente de la Policía Michoacán que les suministraba información y aditamentos policiales, ya detenida junto a otros ocho cómplices, también se le vincula con el asesinato de dos mujeres halladas en la Presa de Cointzio el pasado 29 de mayo.

Pese a ello, es evidente que no estamos ante una guerra ganada y el fenómeno delincuencial exige toda la atención, estado de fuerza, trabajo de inteligencia y recursos para seguir minando la capacidad de fuego, operativa y económica de estos grupos.

Molino de vientos



1- En la agenda del máximo organismo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Consejo Universitario, debería estar el borrón y cuenta nueva con los responsables del prolongado paro ilegal del movimiento de rechazados, porque sólo habría que esperar otro año más…

2- Y bueno, el gobernador Silvano Aureoles Conejo prácticamente inició los tambores de guerra para que él y sus pares del país poco a poco se vayan manifestando con mayor fuerza para modificar el programa de coordinación fiscal con la Federación, que va en detrimento de los estados…

Sancho



Hasta el momento resulta evidente el fracaso en Michoacán de crear una nueva Policía, que la vieja guardia, con sus más defectos que cualidades, empieza a regresar…

Rocinante



Los militares a sus cuarteles



Extrema responsabilidad deben asumir quienes revisan y orientan la dictaminación de la iniciativa que pretende establecer competencia al Ejército para actuar como autoridad en asuntos que por su naturaleza y episodios históricos deleznables, debe corresponder sólo a los civiles, no a los militares.

Sería necesario prever que sólo transitoriamente y bajo determinadas condiciones en lo futuro, las fuerzas castrenses coadyuvarán con las autoridades civiles en materia de seguridad pública, con las mismas limitaciones que en materia de derechos humanos tiene toda autoridad en México.

A la fecha y desde hace cerca diez años, cuando Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en la lucha contra el crimen organizado, éstas obran sin marco legal que justifique y otorgue seguridad y protección jurídica tanto a los militares de tierra y navales como a los gobernados, esto es sin atribuciones, y como consecuencia de ello, sin certeza en cuanto a la amplitud de éstas y sus límites.

Y si bien debiera entenderse que los límites son los que impone la Constitución a las autoridades de seguridad interna, con especial dedicación al respeto de los derechos fundamentales de las personas, esto por diversas causas no ha podido ser realidad en muchos casos.

1- Primero porque no está escrito en un decreto específico que delimite las facultades y obligaciones a los militares sobre las cuales su intervención –que debiera ser extraordinaria y excepcional– tuviese certeza.
2- Luego porque quienes integran los cuerpos armados de esa categoría han sido preparados en otras lides que no tienen idénticas limitaciones a las que se obliga la autoridad civil, pues en una guerra regularmente se disponen límites a los derechos humanos y sus garantías. Es decir, en estricto sentido, los fundamentos y esencia de las atribuciones castrenses y las civiles son distintos.

La llegada de las fuerzas militares a la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada se dio sin leyes y sin preparación previa, y las consecuencias para ellos y para los gobernados, en muchos casos, han sido lamentables; entonces, por supuesto que se requiere la transitoria definición de las formas de intervención de del Ejército y de sus atribuciones, que dé seguridad jurídica y límites a su actuación, a lo que se le sigue la preparación de los que intervienen.

Pero esto, que es indispensable y en suma relevante, no es lo único porque, por la transitoriedad que necesariamente debe existir en esta intervención castrense en los asuntos civiles, es obligación de las autoridades de los diversos órdenes y niveles de gobierno prepararse para reasumir la función de seguridad en toda su amplitud, lo que hasta ahora irresponsablemente no se ha hecho.

Desde las autoridades federales, pasando por los ejecutivos estatales y los municipales, han tenido una reprochable pasividad que se podría interpretar desde desinteresada o hasta complaciente o permisiva con el lamentable estado de cosas en materia de seguridad que se vive en el país, o lo menos incompetente para asumir las responsabilidades que les corresponden.

De diez años a la fecha, con la gran llamada de atención ante la intervención del Ejército en los asuntos que corresponden a la autoridad civil, no ha sido posible contar ni siquiera con estrategias y planeaciones bien definidas, menos con cuerpos de seguridad profesionales y capaces para hacer frente a la inseguridad que permea en cada rincón del país.

Las excusas son muchas, la mayoría no justificadas; a lo mejor no suficientes, pero recursos económicos ha habido, sin embargo, han sido mal aprovechados y en muchos casos desviados, al grado de que en varias entidades del país, incluido Michoacán, se le haya retirado la gran parte del aporte nacional por no acreditar la inversión que a través del Consejo Estatal de Seguridad debía dirigirse a capacitación y equipamiento de los cuerpos de policías.

Malas planeaciones, falta de estrategia, desinterés, pues finalmente está el Ejército en la calle, u otras prioridades, han hecho que la transitoriedad de la intervención de los militares se haya tornado en permanente.
Ante el reciente llamado del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es momento de poner un hasta aquí a la negligencia de los gobiernos, el Ejército Mexicano debe volver a sus cuarteles y cuanto antes, mejor.

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