Sábado 31 de Diciembre de 2016
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Este fin de año ha sido difícil para un sector importante de trabajadores, sobre todo los que reciben su salario de las diferentes instancias y niveles de gobierno o de alguna otra institución pública. Muchos tuvieron que salir a la calle a reclamar el pago puntual y completo de su aguinaldo y demás prestaciones que les adeudaban. Los gobiernos a nivel estatal y municipal se han declarado prácticamente en quiebra. No cuentan con dinero para pagarles a sus empleados y tampoco para cubrir los compromisos que tienen con sus acreedores, mucho menos para invertir en el desarrollo de la sociedad. Las arcas están vacías y con un agujero profundo en su geometría, producto del saqueo y la corrupción administrativa de los propios gobernantes.

Los que llegan a ocupar los distintos cargos de gobierno lo primero que hacen es denunciar a su antecesor. La culpa de la quiebra es de los que han estado en el gobierno antes del que apenas hace su arribo. Pero el recién llegado no tarda en seguir el mismo camino que el anterior. Contrata nueva deuda y empieza a hacer uso de los recursos disponibles a discreción. Además de la deuda, que se incrementa sin perspectiva de desaparecer, el gobernante en turno echa a volar su imaginación para descubrir cómo puede hacerse de recursos frescos. Y se da cuenta de que en realidad no es tan difícil. Que los ciudadanos paguen más por lo que reciben, por lo que consumen, por lo que hacen para vivir; que paguen más, siempre más, por los servicios públicos, que paguen más impuestos, más por lo que ganan y más por lo que compran.

Han sido ya demasiado los agravios que el gobierno le ha infligido al pueblo
Han sido ya demasiado los agravios que el gobierno le ha infligido al pueblo
(Foto: Cuartoscuro)

El gobierno federal, por su cuenta, lo hace a escala nacional. El anuncio que nos ha disparado sobre el incremento de hasta un 20 por ciento que tendrá el costo de la gasolina en 2017 es la prueba más reciente de ello. La incapacidad para sacar al país de la crisis económica que se nos ha vuelto crónica, a punto de degenerativa, obliga al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar una medida extrema como ésta; pero también por el compromiso que ha hecho con los inversionistas privados para que el negocio de los combustibles les resulte altamente rentable. Es, aunque el titular de la SHCP y sus corifeos lo nieguen, uno de los efectos más nocivos de la Reforma Energética. El gobierno deja de mantener el control administrativo del petróleo y el costo de la gasolina y los deja a las presiones y los flujos del mercado. Es la primera demanda, por cierto, que imponen los inversionistas para quitarle al Estado la facultad de intervenir en estos procesos y dejar que el producto quede sujeto a las leyes que ellos imponen en el mercado capitalista. Es una consecuencia del proceso de privatización del petróleo mexicano.

Nos han dicho hasta la saciedad que el precio de la gasolina quedará sujeto, una vez que se liberalice, es decir, que se arroje a las fuerzas ciegas del mercado, a los costos que tengan los procesos de importación, de producción, de almacenamiento, de transporte y de venta. Ya sabemos que así es como se define el precio de cualquier producto en el mercado libre, no sujeto a los controles del Estado. Lo que no nos han dicho, lo que han ocultado de una manera conveniente en cada declaración, en cada aparición pública de los funcionarios, en cada opinión de quienes se dedican a justificar del gobierno lo injustificable, es el porcentaje de ganancia con el que se van a quedar, es decir, la plusvalía. Lo que hemos sabido por otras fuentes es que la gasolina tiene un impuesto del gobierno y para el gobierno de seis pesos por litro –el llamado IEPS–, aparte de otras deducciones que seguramente le impone. La sociedad tiene derecho a saber cuál es exactamente el costo global del producto y la parte con la que se quedan los particulares y el gobierno. Son 190 millones de litros los que se venden diariamente en el país, y el gobierno se queda de entrada con seis pesos por litro, lo que hace una cantidad de mil 140 millones de pesos cada día. ¿Cuál será la ganancia neta de los inversionistas particulares?

Desde el sexenio de Felipe Calderón la gasolina ha venido sufriendo incrementos mensuales. Cuando Enrique Peña Nieto se hizo cargo del gobierno en 2012, costaba 10.81 pesos por litro. Con el aumento brutal y la liberalización que tendrá en 2017, subirá hasta cerca de los 17 pesos. En Michoacán andará alrededor de los 16.59 pesos por litro. Los funcionarios responsables han afirmado una y otra vez que el incremento no tendrá un efecto inflacionario en los demás productos. Habría que reprobarlos y quitarlos del cargo por su ignorancia. Lo primero que subirá de precio será el transporte, tanto de pasajeros como de productos. Alrededor del 80 por ciento de las mercancías que se comercializan en el país se transportan por carretera, de manera que no habrá quien pare la oleada de carestía. La vida será más cara para quienes de por sí tienen que sacrificar muchas cosas para pagar los platos rotos que quedan de los festines y las orgías de corrupción de los gobiernos.

Hay enojo, inconformidad, indignación entre los ciudadanos. No sólo tendremos que pagar un precio demasiado alto por la incapacidad y la subordinación de nuestro gobierno a los grandes intereses particulares, sino que desde ahora hemos tenido que sufrir el desabasto y la especulación del combustible. Las explicaciones que los funcionarios nos han dado son totalmente inverosímiles. En el fondo de todo lo que se mueve es la intención de obligarnos a probar la necesidad imperiosa de la escasez para que aceptemos sin chistar el nuevo incremento a partir del 1º de enero. El ánimo de la gente está como el de la gasolina: inflamable. Han sido ya demasiado los agravios que el gobierno le ha infligido al pueblo. Las manifestaciones de protesta, una vez que aparezcan y se consoliden, podrían generalizarse. El costo político que el gobierno tenga que pagar por esta medida no sólo sería en su imagen, en su credibilidad, sino podría llegar más lejos: en la estabilidad misma.

Enrique Peña Nieto prometió que con la reforma energética la gasolina, el gas de consumo doméstico y la electricidad no sólo no aumentarían de precio, sino incluso que bajarían. Allí están sus declaraciones por escrito y en videos, los cuales, por cierto, están circulando profusamente en las redes sociales. El anuncio que ha hecho ahora el titular de la SCHP, José Antonio Meade Kuribreña, desmiente colosalmente al presidente. Ha sido una nueva gran mentira, un enorme engaño en el que quedaron atrapados, en primer lugar, a los partidos que deberían ser de oposición y que firmaron el Pacto por México. Pero ésta es una de esas mentiras que no tiene posibilidad de pasar o de que se olvide en la memoria de los mexicanos.