José María Carmona
Respuesta a Peña Nieto
Miércoles 11 de Enero de 2017
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A lo largo y ancho del país continúan las jornadas contra el gasolinazo y la popularidad del presidente Peña Nieto, según algunas encuestas privadas, es sólo del cinco por ciento de aceptación, algo no visto en la historia contemporánea de México.

Los saqueos a los centros comerciales por parte de grupos inconformes han sido analizados como una provocación del propio gobierno peñista
Los saqueos a los centros comerciales por parte de grupos inconformes han sido analizados como una provocación del propio gobierno peñista
(Foto: Cuartoscuro)

El repudio total al gasolinazo ha sido condenado, incluyendo a la Coparmex, y se expresa desde las movilizaciones espontáneas hasta las más organizadas, incluyendo bloqueos carreteros por parte de los transportistas y enfrentamientos con los cuerpos policiacos.

Ante este repudio social, el presidente Peña Nieto tuvo que salir a dar su mensaje explicando el sentido económico y de finanzas públicas del retiro del subsidio al precio de las gasolinas y con ello la liberación del precio de manera diferenciada en 90 regiones del país, inclusive en la propia Ciudad de México el precio varía de una delegación a otra, algo injustificable.

Los saqueos a los centros comerciales por parte de grupos inconformes han sido analizados como una provocación del propio gobierno peñista, quien los promueve según analistas y sectores de la población que está movilizada; puede que sea cierto, pero también son una expresión de la descomposición social y la desesperación de los sectores de la población más empobrecidos.

Ante la justificación del gobierno peñista de por qué fue el aumento del 20 por ciento, al final de su mensaje planteó una pregunta diciendo “ustedes, ¿qué hubieran hecho?”. La contestación por las redes sociales no se hizo esperar, empezando por su salida de la Presidencia.

Independientemente de la respuesta que se dará más adelante en este espacio, el presidente convocó a los sectores “productivos más representativos” del país, entre ellos el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, quien lucía un lujoso reloj valorado en 400 mil pesos.

En Los Pinos se firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar (AFEPEF), cuyo contenido no es más que un enunciado de buenas intenciones, sin metas ni mecanismos de evaluación ni mucho menos de seguimiento.

La Coparmex se negó a firmar este documento, que es una copia grotesca de los pactos que se firmaron con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; en la firma del documento sólo estuvieron organismos sindicales de filiación priista y las cúpulas empresariales afines al gobierno peñista. En el documento se comprometen a no incrementar de manera discriminada los precios de los bienes y servicios por el aumento del precio de las gasolinas; del precio del sector laboral y del campo estarán vigilando el surgimiento del mencionado acuerdo, mientras el sector gubernamental se compromete a modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana, mejorar las condiciones del crédito a través de la Banca de Desarrollo e incluir a los grupos vulnerables al mercado laboral, así como la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, entre otras cosas; lo demás son medidas de política económica, incluyendo una supuesta reducción del diez por ciento a los salarios de los altos mandos del gobierno federal.

El acuerdo inmediato fue repudiado en las redes sociales y en las diversas movilizaciones que tuvieron lugar en el país.

Pero volviendo a la pregunta planteada, la contestación es contundente por parte de la población: en primer lugar, la salida de Peña Nieto, así como la demanda de un aumento salarial de emergencia al salario mínimo que debe de ser de 400 pesos; cárcel a los gobernantes corruptos, incluyendo al propio presidente; la creación de un programa de empleos formales con derecho a la salud y a la pensión con jornadas de trabajo de ocho horas para estimular el mercado externo, además de un plan de obras públicas y de construcción de proyectos de infraestructura incluyendo una red ferroviaria; asimismo, una Reforma Fiscal que grabe a las empresas y a las personas con mayores ingresos, la eliminación del Tratado de Libre Comercio y una política de industrialización para sustituir importaciones y fomentar el empleo, derogar la Reforma Laboral y los artículos 27 y 123, al mismo tiempo que ningún funcionario de cualquier nivel de gobierno, incluyendo a los legisladores, gane más de quince salarios mínimos.

Pero ante todo, la conformación de una coordinadora con todas las organizaciones sindicales campesinas, indígenas, estudiantiles y populares para poder echar de Palacio Nacional a Peña Nieto y empezar un proceso de transformación y de reconstrucción del país mediante la creación de un gobierno de los trabajadores y los sectores populares del país.

Las jornadas contra el gasolinazo son la respuesta contundente a la interrogante de Peña Nieto, pero ante todo no son suficientes sin la unidad y la participación democrática en las acciones a seguir, es por ello que hay que llamar a un encuentro nacional que discuta y apruebe un plan de lucha no sólo para echar abajo el acuerdo peñista, sino también al propio presidente.

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