Ramón Guzmán Ramos
Situación límite
Sábado 14 de Enero de 2017
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Hasta ahora el hartazgo y la irritación de la sociedad se habían manifestado de manera aislada. Los movimientos que han surgido en los últimos lustros parecían detenerse en el límite de su desbordamiento. Los conflictos se mostraban con causas y demandas muy concretas con las que el resto de la población no se identificaba, no al menos comprometidamente. Por eso ha sido relativamente fácil para el Estado apagarlos con la negociación o el sofocamiento, o con una combinación maquiavélica de ambos. Ni siquiera las violaciones a los derechos humanos, que involucran como víctima recurrente a toda la sociedad, habían logrado convertirse en un movimiento de protesta a escala nacional. Ha sido el incremento desaforado de la gasolina y el diésel de este año lo que detonó el estallido.

Ni siquiera las violaciones a los derechos humanos, que involucran como víctima recurrente a toda la sociedad, habían logrado convertirse en un movimiento de protesta a escala nacional.
Ni siquiera las violaciones a los derechos humanos, que involucran como víctima recurrente a toda la sociedad, habían logrado convertirse en un movimiento de protesta a escala nacional.
(Foto: Cuartoscuro)


Son demasiados los agravios que la sociedad mexicana ha sufrido y acumulado en este tiempo de excesos sin freno por parte del Estado. El gasolinazo, que afecta de manera directa los bolsillos de todos los mexicanos y se convierte en factor que desencadena el encarecimiento de la vida a un nivel intolerable –algo que, por cierto, ningún pacto económico puede detener por decreto–, sobre todo para quienes no tienen perspectiva de mejoramiento, es la gota ardiente que derrama el vaso e incendia los ánimos en una magnitud que no habíamos visto antes. Estamos ante una modalidad de rebelión de las masas. Ha sido un movimiento que ha surgido y crece de manera espontánea por todo el país, convocado en un primer momento a través de las redes sociales por ciudadanos inconformes que multiplican hasta el infinito sus contactos y su enojo, su voluntad de pasar de inmediato a las acciones concretas.

Fue algo que nadie esperaba. El presidente Enrique Peña Nieto fue el primer sorprendido. Es probable que haya pensado que era cuestión de dejar pasar los brotes de inconformidad hasta que llegaran a su límite y se apagaran. Apostarle al desgaste y al repliegue como con tantos otros movimientos en tiempos recientes. Pero he aquí que la sociedad había llegado al límite último de su tolerancia y la chispa del gasolinazo encendió la pradera. La espontaneidad con que surgieron las movilizaciones ha dado lugar a una rica y creativa variedad de formas de organización autogestivas. Hay que decir que los saqueos y la violencia que hemos visto hasta el hartazgo en la televisión nada tienen que ver con este movimiento de inconformidad. En esta ocasión la estrategia que suele utilizar el Estado para tratar de contaminar y desprestigiar un movimiento legítimo que cuestiona sus medidas arbitrarias no funcionó.

Las organizaciones políticas y sociales que han tenido la experiencia de la movilización independiente también fueron sorprendidas, sobre todo al inicio del estallido. Se tardaron días –que en tiempos como este son cruciales– antes de reaccionar y tomar decisiones al respecto. Muchas están tomando acuerdos con sus bases para unirse a esta rebelión masiva. Es de esperar que lo hagan mostrando respeto por las modalidades de organización muy propias que los ciudadanos han adoptado para darle expresión a su inconformidad. La perspectiva es la creación de un gran frente nacional que aglutine a todas las vertientes que se mueven en estos momentos por distintas partes de la geografía mexicana. El gasolinazo es una de las consecuencias más nefastas de la Reforma Energética. El gobierno de Peña Nieto decidió entregar Pemex a la inversión privada, de manera que la primera condición impuesta por los grandes empresarios es que el precio de la gasolina deje de estar controlado y quede sujeto a las fuerzas ciegas del libre mercado, donde el único interés que se sobrepone es el de la ganancia y el enriquecimiento sin medida de quienes tienen la inversión. La Reforma Energética, hay que subrayarlo, forma parte de las reformas estructurales que el gobierno federal acordó con los principales partidos políticos –PRI, PAN, PRD– a través del llamado Pacto por México. Un frente nacional serviría para darle una expresión organizada al descontento generalizado y para cuestionar y demandar la derogación de tales reformas.

El presidente se mueve como si estuviera atrapado en un atolladero. Ninguna de las respuestas que ha dado para tratar de justificar el abusivo aumento a la gasolina le ha funcionado. La gente que se moviliza no cree en las versiones oficiales ni en las medidas que desde el gobierno se adoptan a la desesperada para intentar disuadir la inconformidad. El último recurso es el de hacer como que las cosas ya pasaron, que lo único que queda son brotes aislados que se apagarán por sí solos. No alcanzan a ver que este estallido tiene raíces profundas y una carga de agravios que no desaparecen así como así. De hecho, podríamos decir que este movimiento está pasando a otra etapa: la de la construcción de su propia estructura organizativa y una fundamentación básica.

Las reformas estructurales le han servido a este gobierno para desmantelar de una manera generalizada los derechos históricos de los trabajadores, de los ciudadanos en general. Éste, por supuesto, ha sido el requisito que las grandes empresas beneficiarias han impuesto para invertir en las áreas que se privatizan. Hemos tenido gobiernos que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor a partir del primer día de 1994, han borrado nuestras fronteras para el libre flujo de capitales y mercancías de empresas extranjeras, causando un daño sistemático a nuestros productores y nuestras pequeñas y medianas empresas. El hecho de que Donald Trump esté planteando revisar y cancelar este tratado es por las presiones que ha detectado de los propios trabajadores de Estados Unidos. La globalización perjudica a la clase trabajadora de todos los países. Las empresas deciden instalarse donde los gobiernos nacionales les perdonan los impuestos y les garantizan mano de obra barata y sumisa. Trump es quizá el primero en darse cuenta de ello, aunque, por supuesto, su actitud no responde a la intención de corregir esta política en beneficio de toda la sociedad estadounidense, sino a un sentimiento de xenofobia y ultranacionalismo de corte fascista. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha reaccionado tarde y con graves limitaciones ante los ataques de Trump. Se necesita de una política que en efecto ponga por delante la defensa digna e intransigente de nuestra soberanía nacional y los intereses de la sociedad mexicana. Pero la solución ya no se encuentra en sus manos. Habría que echar abajo las reformas estructurales y convocar a un verdadero acto de unidad nacional. Algo de este tamaño sólo puede surgir del seno mismo de la sociedad en movimiento. Y es lo que se vislumbra.