Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Discriminación a trans
Miércoles 15 de Febrero de 2017
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Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con miembros de la llamada comunidad diversa sexual, pero sobre todo las poblaciones trans (transgénero, transexual y travesti) de Uruapan; ellos me referían que eran discriminados en algunos espacios de prestación de servicios de diversión, como los antros.

La comunidad trans considera que se vulneran sus derechos humanos, sobre todo el derecho a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, al no permitirles el acceso a los establecimientos para su diversión por su aspecto físico.
La comunidad trans considera que se vulneran sus derechos humanos, sobre todo el derecho a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, al no permitirles el acceso a los establecimientos para su diversión por su aspecto físico.
(Foto: Disse)

La comunidad trans considera que se vulneran sus derechos humanos, sobre todo el derecho a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, al no permitirles el acceso a los establecimientos para su diversión por su aspecto físico.

El problema de esta situación, entre otros, es la falta de información y formación por parte de los prestadores de servicios en el cumplimiento de sus obligaciones como beneficiarios de permisos para atender giros comerciales y brindar la atención de manera igualitaria y sin distinción que evite violentar los derechos humanos.

Frente a esta situación consideramos la importancia de que se revisen los marcos normativos tanto por las autoridades como por parte de los prestadores de servicios y la misma población, ello para hacer efectivo el derecho a la no discriminación por parte de los prestadores de servicios frente a una población que es vulnerable.

La comunidad trans (TTT) históricamente ha sido invisibilizada, estigmatizada, violentada, discriminada y recientemente han crecido los crímenes por transfobia y transfeminicidios, sólo recordemos aquel crimen en la ciudad de Zamora de una chica trans que sucedió el año pasado.

¿Pero cuáles serían los instrumentos que tendrían que ser respetados normativamente para el beneficio de la dignidad humana de las mujeres y hombres trans? Si bien no existe a nivel internacional una Convención Universal o una declaración específica que proteja y garantice los derechos de la población TTT, sí hay un cuerpo de disposiciones normativas en las cuales se enmarcan sus derechos, tanto a nivel nacional como internacional, que se enlistan a continuación:

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de Montreal, Derechos Humanos LGBT (2006), Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, así como las resoluciones de la ONU y de la OEA sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género de 2008.

En los instrumentos legales y normativos nacionales se les contempla dentro de los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad, como son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1°), Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En los instrumentos legales y normativos de Michoacán se les contempla dentro de los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad, como son: Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán (artículo 1°), Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Violencia en Michoacán.

El gobierno de Michoacán se ha caracterizado por ser pionero en la implementación de acciones que permiten el ejercicio de derechos de los grupos considerados en situación de discriminación. Ejemplo de ello es que el 17 de mayo se conmemora el Día Estatal de Respuesta contra la Homofobia, el 22 de octubre se conmemora el Día Estatal contra la Discriminación, impulsado por la sociedad civil desde Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán y aprobado por el Congreso del Estado en la LXXII y LXXIII Legislaturas respectivamente.

Igualmente se tiene aprobado e instalado el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Violencia en Michoacán, una acción también impulsada por Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán y que hoy fortalece la política pública antidiscriminatoria.

Las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno deben cuidar que se cumplan los derechos humanos de las personas para asegurar su dignidad humana.

En el caso de Michoacán, no solamente estas leyes que ya se señalaron, también otras que fueron aprobadas desde 2014, como lo hicimos del conocimiento en un Debatamos Michoacán de aquel año, entre ellas destacamos la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Ley del Sistema de Seguridad Pública, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, Ley de Planeación y la Ley Orgánica Municipal, todas de Michoacán, igualmente el Código Penal que incorporó cinco delitos más a este marco jurídico.

En este sentido, quiero expresar que Michoacán se adelantó a los planteamientos del Plan Nacional de Igualdad y no Discriminación 2014-2018 mucho antes de que se publicara; esto es, ya el Congreso del Estado había realizado adecuaciones a diversos marcos jurídicos para incluir la cláusula antidiscriminatoria gracias los entonces diputados Selene Vázquez Alatorre y Sarbelio Molina, ambos de la LXXII Legislatura, y otros legisladores que se sumaron.

En relación con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, en la cual se reforman los artículos 35 fracciones VI y VII, adicionando la fracción IX y artículo 37, adicionando la fracción VI, artículo 35, son obligaciones de las instituciones a que se refiere el artículo 1 de esta ley impartir cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo, así como de sensibilización para el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente en los temas de discapacidad, asuntos indígenas, cultura de la igualdad y la no discriminación, así como el respeto a la equidad de género y la preferencia sexual conforme la orientación sexual e identidad de género; respetar y vigilar que se cumplan los derechos humanos de las personas a su cargo, cuidando en especial manera que no se vulneren ni violenten los derechos del personal con discapacidad, personas de la tercera edad, indígenas y aquellos trabajadores con preferencias sexuales conforme a su orientación sexual o identidad de género, generando las condiciones necesarias para su entorno laboral libre de violencia, acoso o discriminación.

Así, el servidor público debe dar seguimiento a que los reglamentos de permisos se respeten, pero sobre todo a que no se genere discriminación a la población sin importar edad, sexo, género, preferencia sexual.

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