Jerjes Aguirre Avellaneda
¿Oponer el sueño mexicano al sueño americano?
Viernes 17 de Febrero de 2017
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La llamada “era de la migración”, que implica la movilidad humana de unas regiones a otras, los desplazamientos entre países y continentes, es una de las expresiones evidentes de una globalización del mercado, que ha profundizado los desequilibrios territoriales, económicos, sociales y de oportunidades en todas partes del mundo. Primero fue la migración rural-urbana, luego de un país a otro y finalmente de un continente a otro y el proceso continúa.

En otro aspecto, la globalización del mercado no ha cancelado las causas de la desigualdad y la pobreza que son el origen de la migración, sino que las ha extendido y profundizado. Como se ha señalado en distintas oportunidades, el problema no es la inevitable globalización, sino la forma en que se ha organizado el mundo para producir esos resultados. El replanteamiento de una globalización diferente, tendría que basarse en la diversidad de pueblos y naciones, que se respeten en sus diferencias, colaboren, acepten la interdependencia y se solidaricen para alcanzar fines comunes de desarrollo y bienestar, conduciría a una globalización donde todos ganen y se evite el que pocos ganen y muchos pierdan.

En estas condiciones ha surgido el fenómeno Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, cuya política antiinmigrante, y particularmente con sus amenazas para deportar a los trabajadores de otros países y por distintas causas, entre otras su condición de indocumentados, que en el caso de México afecta aproximadamente a más de seis millones de personas, implicando de una parte la postura oficial de los norteamericanos y, de otra, la posibilidad de corregir en el caso mexicano, las causas que han permitido a los connacionales decidir el abandono de sus lugares de origen, con particular referencia a la falta de oportunidades, para ocuparse y elevar constantemente los niveles de bienestar de sus familias.

En las decisiones para marcharse, aún con todos sus riesgos, incertidumbres y costos cubiertos con deudas, hubo en los mexicanos que se fueron amarguras y desalientos, pesimismo y miedo de vivir donde nacieron.
En las decisiones para marcharse, aún con todos sus riesgos, incertidumbres y costos cubiertos con deudas, hubo en los mexicanos que se fueron amarguras y desalientos, pesimismo y miedo de vivir donde nacieron.
(Foto: Cuartoscuro)


En las decisiones para marcharse, aún con todos sus riesgos, incertidumbres y costos cubiertos con deudas, hubo en los mexicanos que se fueron amarguras y desalientos, pesimismo y miedo de vivir donde nacieron. Pobreza y angustia, percepción de los caminos cerrados, coraje por la corrupción y pérdida de confianza en las instituciones y en quienes las dirigen, con profundos resentimientos que no alivian los discursos oficiales y el reconocimiento formal de sus sacrificios y esfuerzos, que permiten construir la prosperidad de otros, como Estados Unidos, en lugar de construir las prosperidades propias, individuales y colectivas.

Ahora, ante las amenazas de deportaciones, no será fácil devolver a los migrantes que sean repatriados, la confianza en su país y en las oportunidades que les ofrece para hacer una vida de buena calidad. Tal vez este sea el mayor reto para todas las instancias, públicas y privadas, que participen en el proceso de su retorno. Habría que preguntarse: ¿podrán recuperarse los ánimos para provocar el “sueño mexicano” en lugar del sueño americano?

Las medidas anti migrantes de Donald Trump son reales y México debe preparase para recibir el retorno forzado de millones de mexicanos, que podrían sumarse al desempleo crónico, la informalidad y el empleo precario, con todas sus implicaciones en la inseguridad, violencia y surgimiento de expectativas de mejoramiento al margen de la ley. Según el Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos, los mexicanos potencialmente deportables se elevan a 6.1millones, de los cuales 4.5 millones viven en California, Texas, Illinois, Georgia, Arizona y Carolina del Norte.

Por todo ello, el apoyo a los migrantes deportables y en los numerosos casos de repatriación forzada, supone la adopción de acciones integrales, que incluya la defensa jurídica a través de los 50 consulados mexicanos y las organizaciones apoyadas por los gobiernos de los estados, así como la revisión y adecuación de las políticas y programas públicos vigentes, para adecuarlos a las prioridades migrantes en estas circunstancias de emergencia.

Se trataría de hecho de formular un plan de acción integral para la defensa y recepción migrante como respuesta de Estado a las repatriaciones, creando condiciones para alcanzar el “sueño mexicano” y el país pueda beneficiarse con el trabajo y la inteligencia de los connacionales que regresen. Un plan de este tipo podría representar el marco de referencia para la participación coordinada de las instancias federales, estatales y municipales, junto a los diversos sectores sociales que decidieran involucrarse. Por dignidad y orgullo de México, este esfuerzo tendría que hacerse.

Para la elaboración y ejecución de un Plan Integral para la Defensa y Recepción Migrante, convendría utilizar información básica sobre las características familiares, educativas, de capacidades laborales y adiestramiento tecnológico, experiencias productivas y expectativas migrantes respecto de retorno a México.
Estos datos, necesarios o no, existen o se encuentran dispersos en diferentes lugares, incluyendo consulados, autoridades migratorias mexicanas, centros de investigación y áreas específicas de los gobiernos estatales y municipales, entre otras instancias. Reunir y disponer de esta información permitiría diseñar acciones de respuesta con mayor precisión a la problemática del retorno.

Sin embargo, lo que puede abordarse de inmediato consistiría en precisar lo que corresponde hacer a los gobiernos federal, estatales y municipales, precisando la coordinación forzosa, mediante instrumentos claramente establecidos. De este modo, al gobierno federal podría corresponder la revisión y adecuación de sus programas y proyectos en curso, entre otros, en materia de infraestructuras, considerando su impacto en el empleo, así como los correspondientes a sagarpa, Economía, SEDESOL, Sedatu, entre otros, para incorporar como población objetivo a los migrantes de retorno.

En este contexto, la banca de desarrollo tendría un papel relevante con el establecimiento de líneas de crédito para el apoyo de proyectos migrantes pequeños, medianos y estratégicos, como serían los relacionados con las energías renovables, la minería, los complejos turísticos ejidales y comunales, el impulso de cuencas ganaderas, reconversión productiva y productividad agrícola, entre otras tantas oportunidades. Solamente en relación con los recursos de uso común en ejidos y comunidades las oportunidades de asociación empresarial con ejidatarios y comuneros son sumamente amplias.

Harán falta, sin duda, los servicios de asesoría técnica para la elaboración de proyectos y el acompañamiento en su implementación, donde los gobiernos estatales y municipales podrían cumplir una importante función, a la vez que “alinean” sus recursos institucionales y presupuestales con los objetivos de un Plan General, para potencializar el uso de los recursos y resultados finales.

Es entonces un reto y una oportunidad para el país, la política anti-inmigrante de los Estados Unidos. Se tienen los medios necesarios para recuperar lo que nunca debió perderse, que es mirar hacia nosotros mismos en lo que somos y buscamos ser. Nada impide el ejercicio de una voluntad al servicio de la Nación y de los mexicanos, donde quiera que se encuentren.

¡Se vale soñar con México!

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