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Lunes 20 de Febrero de 2017
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“Si se produce una ola de deportaciones los albergues no tendrían espacio ni alimentos suficientes para atender a los mexicanos que regresan a su país”: Andrés Saldaña, director del refugio para migrantes del Ejército de Salvación en la ciudad mexicana de Tijuana, a un kilómetro de la frontera con Estados Unidos.

Es destacable el decremento de asuntos penales que llegan ante los juzgadores si comparamos con otros años, y en contraste las altas cifras de asuntos familiares de los que se conoció en la judicatura estatal.
Es destacable el decremento de asuntos penales que llegan ante los juzgadores si comparamos con otros años, y en contraste las altas cifras de asuntos familiares de los que se conoció en la judicatura estatal.
(Foto: TAVO)

STJE, así o más claro…



Varios puntos importantes destacan del informe anual del Poder Judicial, dado a conocer por el magistrado presidente, Marco Antonio Flores Negrete, quien estuvo acompañado por los titulares de los dos poderes restantes, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el diputado local Pascual Sigala Páez:

1- Un cúmulo de causas civiles, familiares, mercantiles y penales resueltas tanto en primera como en segunda instancia, y dio cuenta de las actividades del Centro de Justicia Alternativa y de vigilancia que el Consejo del Poder Judicial realizó para garantizar la efectividad de las funciones de los juzgadores.

A reserva de analizar con cuidado las cifras y estadísticas presentadas, destaca la constante en el equilibrio de ingresos y egresos de casos en todas las materias, que a primera vista muestra que la impartición de justicia es expedita al menos en lo general.

2- Sin embargo, es destacable el decremento de asuntos penales que llegan ante los juzgadores si comparamos con otros años, y en contraste las altas cifras de asuntos familiares de los que se conoció en la judicatura estatal.

3- La primera observación puede deberse a la solución de conflictos de naturaleza criminal a través de los medios alternos; no obstante, muy pertinente sería efectuar un análisis más puntual sobre el particular, pues fue noticia reciente una primera evaluación efectuada en Jalisco, que muestra la deficiente función de la Procuraduría, que ha impedido que casos que debieran, no lleguen a juicio, a grado tal de que especialistas empiecen a hablar del fracaso del nuevo sistema procesal penal en esa entidad federativa.

4- Por lo anterior, no vaya a darse el caso que en Michoacán esté sucediendo lo mismo, y que en lugar de lograr mayor justicia se esté generando una más alta impunidad.

5- Sobre eso valdría mucho la pena revaluar la supervivencia, al menos por un tiempo adicional, de la oficina encargada de la implementación y evaluación del sistema acusatorio, o encontrar una opción que permita realizar tal evaluación de forma permanente, pues es claro que el Consejo Implementador no ha concluido su función.

Y es que hasta ahora no se conoce información alguna relacionada con la última de sus funciones, precisamente la evaluación, lo cual es relevante si lo que se quiere es que el sistema sea exitoso, como se ofreció a la población que lo sería.

6- Esto se señala dada la petición que de forma pública el presidente del Poder Judicial lanzó al Congreso y las posteriores declaraciones de algunos diputados tendientes a atender tal reclamo de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva, para aprovechar los recursos que se incluyeron en el presupuesto, en otras áreas.

7- En relación con la materia familiar, se hizo evidente la gran carga de trabajo, y por otra parte, la necesidad de fortalecimiento institucional para hacer frente a las reformas legales que obligaron también a la oralidad en los procedimientos y que llegaron sin el correspondiente respaldo económico para el fortalecimiento de recursos humanos y de la infraestructura necesaria.

8- En relación con esto, el también titular del Supremo Tribunal de Justicia reclamó la falta de previsión y solidaridad de los otros dos poderes del estado ante el incremento de funciones, en contraposición con el decremento en términos absolutos del presupuesto de la institución, advirtiendo que además de las cargas adicionales que hoy tiene ese órgano judicial, están por integrarse otras, como la justicia laboral.

9- Flores Negrete se quejó también de la indebida retención de recursos que en los últimos años se ha hecho cotidiana desde el Ejecutivo, al grado de no entregar dinero que directamente la Federación ha etiquetado para la infraestructura del Poder Judicial, lo que mantiene obras inconclusas; y recriminó igualmente la frecuente tardanza en el depósito de las ministraciones mensuales incluidas en el presupuesto.

Como se ve en los nueve puntos, son reclamos poco comunes pues, independientemente de las discrepancias que puedan existir, regularmente suelen hacerse posicionamientos más políticos en eventos como éste.

Sin embargo hay razón para ello, pues ninguno de los tres poderes puede seguir justificando la falta de atención a sus funciones fundamentales en la situación económica que prevalece en el estado, porque tal condición tiene un origen que no se ha sancionado y efectos que han sido incorrectamente atendidos, periodo tras periodo la situación se agrava sin que nadie se responsabilice ni nadie encuentre soluciones, en tanto las funciones básicas del gobierno se atienden precariamente.

Finalmente, el alud de lamentaciones pasó por la recriminación de la denostación que algunos hacen de la función de los juzgadores, cuando sus resoluciones les son adversas, lo que, dijo, hace indispensable la preparación de todos los intervinientes en los juicios, sobre todo en materia penal, para que se hagan efectivos los postulados del artículo 20 constitucional:

El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Sin duda, fue un informe sui generis.

Pensiones, 80 años



El viento despeinó a los asistentes a la presentación del libro Pensiones Civiles de Michoacán, 80 años de historia, cuyo autor es el historiador Arturo Herrera Cornejo, efectuada en la terraza de un céntrico hotel de Morelia desde el que se contemplan las torres de catedral.

Fabiola Alanís Sámano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, expresó que Michoacán ha estado a la vanguardia en los momentos más importantes de México, y en ese sentido, en nuestro estado surgió la primera institución de seguridad social del país, la Dirección de Pensiones, seis años antes de que se creara el IMSS.

El experimentado político Uriel López Paredes, otro de los comentaristas en la presentación del libro de Arturo Herrera, señaló que la obra es una mezcla de todo el contexto político, social y sindical, porque nos habla de cómo surgió el corporativismo. Calificó el texto como muy rico políticamente y dijo que aporta al conocimiento de la historia de Michoacán.

En el acto del LXXX Aniversario de Pensiones Civiles, el gobernador Silvano Aureoles Conejo habló de esa triste realidad y de la decisión de su gobierno de pagar hasta el último centavo de los 500 millones de pesos que otras administraciones quedaron a deber, así como de transformar a la Dirección en el Instituto de Seguridad Social de Michoacán, en tanto que el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, anticipó que vendrán acciones penales contra quienes causaron el daño.

Morelia, estrategia a medias



En la estrategia para contener la incidencia delictiva en Morelia, el Ayuntamiento tiene que dar un viraje a su actual política sobre seguridad.

Desde septiembre de 2016, en que se ubicó a la capital michoacana como uno de los 50 municipios prioritarios a nivel nacional por el índice de homicidios dolosos, poco o nada se ha podido hacer para revertir la situación.

Y en lo anterior la autoridad moreliana debe volver a analizar la posibilidad de firmar el Mando Único ante las dificultades que ha tenido para tener un mayor control y disponibilidad de los 440 elementos de la Policía Municipal.

El pasado sábado nos despertamos con tres homicidios más en las inmediaciones de la salida a Charo y otro en la carretera a Atécuaro, hechos que trastocan la de por sí ya sensible tranquilidad de los ciudadanos en la capital.

Cierto, lamentablemente el estado de fuerza es insuficiente para una ciudad con casi un millón de habitantes. Pero cierto, es también que los pocos que hay ocupan sus esfuerzos principalmente en aplicar el reglamento vial de manera directa.

Lo anterior teniendo en cuenta que los diputados locales, con más fines políticos que nada, frenaron el proyecto del edil moreliano para implementar las fotomultas, lo que según él habría permitido concentrar a sus agentes en acciones de seguridad de tiempo completo.

Dice el municipio que en materia de seguridad el tamaño del problema y el tamaño de la ciudad requiere de al menos 400 policías más para sumar un total de 840.

Pero mientras esa meta se cumple, con el personal disponible no vendría mal observar operativos específicos, medibles y tangibles, dirigidos a inhibir el robo de vehículos y a casas habitación, que también están a la orden del día. La ciudadanía quiere verlos más como policías que como agentes de vialidad.

También espera que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado se instrumenten mecanismos de reacción inmediata para combatir los delitos en flagrancia y reforzar los filtros de revisión en las zonas con mayor incidencia.

Sí, está bien, proyectos como la peatonalización del Centro Histórico y la promoción para mantenerse como uno de los principales destinos del turismo cultural en México son bienvenidos y deben potenciarse, pero no bastan.

Morelia exige de sus autoridades de los tres niveles atender de manera urgente el problema de la seguridad pública. Aunque en el último estudio del Inegi se mantiene en el primer lugar de los municipios michoacanos.

La reestructura no avanza



Luego de dos meses de dimes y diretes entre los diputados Pascual Sigala Páez, Miguel Ángel Villegas Soto, los secretarios de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, y de Gobierno, Adrián López Solís, y hasta del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la iniciativa de la reestructura de diez mil 906 millones de pesos de la deuda pública estatal no avanza.

Finalmente el 14 de febrero se reunieron los diez diputados que integran las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para iniciar el análisis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal el pasado 12 de diciembre, pero la reunión sólo sirvió para reclamar que los diputados no son los responsables del alza de las tasas de interés, y si hay que pagar más es por las condiciones en las que se contrató la deuda en administraciones pasadas.

Y se volvió al principio, a pedir información precisa sobre el procedimiento de la reestructura, cómo es la tasa de interés que se va a pagar, cómo son las corridas financieras que indiquen cuánto se va a pagar y en cuánto tiempo, a qué se dedicará el ahorro que se logre y los nombres de los tenedores de los bonos bursátiles, información que se solicitó desde el día en que se presentó la iniciativa pero que no se ha entregado hasta hoy, con el argumento de que esos detalles se conocerán hasta que se cuente con la autorización del Congreso para hacer el trámite.

UMSNH, futuro en riesgo



En la decisión de sus trabajadores académicos y administrativos que este lunes votarán sobre si aceptan los ofrecimientos de la autoridad o se van a la huelga, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se juega su futuro no solamente por el presente año, sino por muchos más.

Y es que la postura de quienes integran, por un lado, el Sindicato de Profesores (SPUM), y por el otro el de Empleados (SUEUM), repercutirá muy especialmente en lo que le espera a la Casa de Hidalgo en los próximos años: ruta a la estabilidad o el atajo del caos.

Los ofrecimientos de incremento al salario y de mejoramiento en las prestaciones ya están hechos. Asegura la autoridad universitaria que no hay más de dónde ofrecer; incluso el gobierno de Silvano Aureoles Conejo ya ha hecho su aportación, es decir, no habría más en este momento qué esperar sobre el mejoramiento de las expectativas económicas de ambos sindicatos, por lo que la decisión de paralizar las actividades en la Universidad depende ya única y exclusivamente de los agremiados.

En ambos casos deben actuar con prudencia y comprender que en este 2017 la situación financiera ya es de por sí compleja para la Universidad Michoacana, por lo que una huelga, y más si es doble, dejará a la institución estado de indefensión para hacer siquiera las propuestas de reestructuración administrativa que tanto se ocupan para pensar en que se solventarán las necesidades de tipo económico.

Si este martes los edificios de la UMSNH amanecen con las banderas rojinegras, muy poco se podrá hacer en la solución de fondo que ocupa la institución. Una huelga será, por consecuencia, letal para las aspiraciones de la Casa de Hidalgo, que está emplazada a nivel nacional y estatal a desarrollar su reestructuración administrativa, incluida, claro, la modificación al régimen de pensiones y jubilaciones, que ahora únicamente es benéfico para los trabajadores.

Lo deseable es que medie la prudencia por parte de los dirigentes de ambos sindicatos, Gaudencio Anaya Sánchez (SPUM) y Eduardo Tena Flores (SUEUM), para que sepan conducir a sus bases por el camino más sano y que mejor resulte para la Universidad Michoacana.

Los beneficios de que gozan los trabajadores de la Casa de Hidalgo son ya suficientes para pensar que en este año bien pueden hacer un "sacrificio" en aras de lograr que la institución continúe de puertas abiertas para no perjudicar no únicamente a sus 55 mil estudiantes, sino para poner en riesgo la estabilidad de la Universidad misma.

No se aprecia en el rector Medardo Serna González ni en los funcionarios que han encabezado las mesas de negociación perversidad o dolo alguno, o al menos así se observa, por lo que sus posiciones de atender lo que es posible tienen lógica en el escenario de que este año la situación sí que es complicada.

Los sindicatos tienen la palabra y la sociedad se los premiará o se los sancionará.

MOLINO DE VIENTOS



1- Más penas por feminicidios, hasta con 50 años de prisión, y el acoso sexual como delito, fueron dos características del reciente pleno del Congreso michoacano.
2- De nuevo las diputadas locales Yarabí Ávila y Xóchitl Ruiz resultaron regañadas por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, al quejarse de su par Adriana Hernández.
3- Al menos en Michoacán, más que el Ejército Mexicano fueron las autodefensas que directa e indirectamente le devolvieron la institucionalidad al propio estado.

SANCHO



Sospechoso fracaso de la evaluación docente en Michoacán…

ROCINANTE



Silvano, gira en tierra hostil



En medio de la hostilidad de Donald Trump, ningún gobernante mexicano había decidido entrar a territorio estadounidense para abanderar la defensa de los migrantes que se han visto golpeados por la política proteccionista del magnate neoyorquino que asumió el poder de la nación más poderosa del mundo el pasado 20 de enero.

El presidente Enrique Peña canceló en enero la primera reunión que tendría con Trump, luego de que éste amagara con poner contra las cuerdas a su homólogo mexicano y obligarlo a discutir sobre la construcción del muro.

Fue el gobernador Silvano Aureoles quien finalmente dio el primer paso de la clase gobernante de nuestro país para meterse a la boca del lobo.

En su primera gira a Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, el michoacano recorrió ciudades como Chicago, Illinois; Los Ángeles y Sacramento, California, dos estados que concentran un número importante de los michoacanos que radican en el vecino del norte, legales o indocumentados.

La agenda gubernamental incluyó reuniones con clubes de migrantes y también con autoridades norteamericanas, como Jerry Brown, el gobernador de California; Kevin de León, presidente del Senado, y el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, este último de raíces mexicanas.

El entorno adverso que viven nuestros paisanos exige acciones firmes, inteligentes y prontas de nuestra clase gobernante, y un viraje en la política internacional que reduzca la dependencia respecto de Estados Unidos.

La coyuntura obliga a fortalecer lazos comerciales con los mercados asiáticos y europeos, aprovechando el potencial logístico que representa el Puerto Lázaro Cárdenas para el envío y recepción de buques de gran calado que han elegido al Pacífico mexicano como su puerta de entrada a nuestro país.

También demanda la implementación de políticas públicas orientadas a proteger a la población migrante ante un eventual éxodo masivo y el endurecimiento de las medidas racistas y de odio del republicano.

Y en ese sentido, en el gobierno michoacano parece haberse entendido rápido el nuevo mapa internacional y ha tomado la bandera de la defensa de los migrantes, quienes en 2016 enviaron dos mil 300 millones de dólares en remesas –equivalentes a las ganancias que produce anualmente el sector agropecuario de la entidad.

La estrategia para proteger a los michoacanos que residen en Estados Unidos contempla desde asesoría legal hasta la implementación de nuevos programas, como el denominado 1x1, mediante el cual por cada peso que manden los paisanos el gobierno aporta otro para la ejecución de proyectos productivos.

También el fortalecimiento del Programa 3x1, mediante el cual se ha logrado transformar el rostro de diversas comunidades michoacanas con obras de drenaje, remodelación de plazas e iglesias, o la pavimentación de calles. Basta visitar La Purísima, en el municipio de Álvaro Obregón, para entender el alcance que han tenido esos proyectos.

El gobierno estatal anunció además un incremento del 100 por ciento en el presupuesto de la Secretaría del Migrante para dar atención a los paisanos a través de trámites y servicios, recurso que deberá ejercerse con toda responsabilidad y transparencia para que se beneficie al mayor número de paisanos posibles.

Ahora faltará ver si se cristaliza el proyecto para crear el Banco Migrante. La propuesta se deslizó en febrero de 2016 pero requiere el visto bueno de José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Su concreción sería una buena señal de que el gobierno federal está también entendiendo el momento y entendiendo la dimensión del reto.

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