José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La orfandad laboral burocrática
Sábado 18 de Marzo de 2017
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En la pasada entrega dejé anotado que en la Reforma Laboral no estaban contemplados los trabajadores al servicio del Estado y hoy abordaré ese tema por la trascendencia que constituye ese abandono a los empleados de la administración pública, la que se desprende de la forma en que quedó redactado el inciso d) de la fracción V del artículo 107 constitucional, norma de la Carta Magna que si bien se refiere al amparo, ilustra de manera muy clara en qué casos procede el amparo, y se refiere a los tribunales laborales locales o federales y a sus resoluciones las denomina sentencias definitivas, pero cuando habla de los tribunales de Conciliación y Arbitraje, a sus resoluciones las identifica como laudos, y con lo anterior no queda duda de que el apartado B del 123 constitucional no forma parte de la Reforma Laboral y, en consecuencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje seguirá funcionando en forma colegiada –tripartita: el árbitro o presidente, el representante de los empleados y el representante de gobierno, y no podía ser de otra manera ya que la iniciativa se refería al apartado A del mencionado artículo constitucional; por tanto, los trabajadores burócratas no fueron incluidos.

Con respecto a la implementación del sistema anticorrupción en Michoacán, la diputada Rosa María de la Torre Torres presentó ante el Congreso del Estado el miércoles 15 de marzo de este año la iniciativa de decreto para modificar varios ordenamientos
Con respecto a la implementación del sistema anticorrupción en Michoacán, la diputada Rosa María de la Torre Torres presentó ante el Congreso del Estado el miércoles 15 de marzo de este año la iniciativa de decreto para modificar varios ordenamientos
(Foto: ACG)


Antecedentes de las relaciones del trabajo al servicio del Estado. El dato más remoto lo encontramos en el artículo segundo de la Constitución de 1917, que establecía que el nexo de trabajo lo regularían las leyes del servicio civil, es decir, no estaban consideradas como un trabajo; se les reconoce naturaleza laboral hasta 1963 al regular derechos en favor de trabajadores al servicio del Estado pero como empleados de segunda al colocarlos en un apartado B del mencionado artículo 123, esencialmente sin derecho a huelga dado que para estallar una es requisito de procedibilidad que la violación de derechos sea generalizada; es decir, prácticamente en todas las secretarías de la administración, y este “beneficio”, para que llegara a Michoacán, tuvieron que pasar otros 20 años ya que es hasta 1983 que se promulgó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, ordenamiento que resultó ser de una réplica de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo esta última la que reglamenta el contenido del apartado B del artículo 123 de la norma fundamental de nuestro país. Lo anterior no tendría nada de malo si se hubiera superado la deficiencia de técnica legislativa en la parte del desarrollo del procedimiento laboral burocrático, pero no fue así ya que en la Ley Burocrática del Estado en un artículo (103) condensa la forma en que el tribunal resolverá el asunto planteado, cuando establece que luego como reciba la contestación de demandada, señalará las audiencias necesarias (pruebas, alegatos y resolución), pero en la práctica forense casi todos los operadores de ese sistema jurídico suplieran con la Ley Federal del Trabajo lo que no decía la Ley Burocrática del Estado, y también lo que sí regulaba, dando lugar prácticamente a la abrogación –dejar sin vigencia la ley. Sobre este tema realicé un trabajo académico intitulado El procedimiento laboral en la Ley Burocrática del Estado y la supletoriedad (2013), en el que dejaba anotado el problema de la supletoriedad.

Ahora bien, este uso y abuso de la Ley Federal del Trabajo en el procedimiento burocrático, al no tratarse de una derogación (acto jurídico por medio del cual pierde vigencia una ley), la Corte, por conducto de sus juzgados federales para atemperar la desproporción en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, emitió varios criterios para recordarles a litigantes y autoridades jurisdiccionales que la ley burocrática seguía vigente y que sólo en aquello que no estuviera expresamente regulado se podría suplir con la ley en comento. Hasta aquí parecía que sólo era una cuestión opcional decidirse por una ley u otra para tramitar un procedimiento laboral burocrático.

Pero el destino nos alcanzó ya que ahora, con la reforma tantas veces mencionada, la Ley Federal del Trabajo tendrá que adecuarse en la parte procesal para regular el procedimiento laboral según se habrá de llevar en los juzgados de Trabajo, y al ser de naturaleza distinta, los procedimientos que ahora regulará y el que se lleva en el Tribunal Burocrático del Estado ya no será más la Ley Federal del Trabajo, norma supletoria de la ley burocrática en el estado, por lo que ahora los trabajadores que acudan al Tribunal Burocrático estarán en la orfandad procesal ante una ley que, como ya se dejó anotado, es lacónica en la regulación del procedimiento, siendo la Ley Federal Burocrática también breve en su redacción y sin la Ley Federal del Trabajo como norma supletoria veremos de qué sirven la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad, que son las otras instituciones de derecho señaladas para cumplir con la supletoriedad para llenar las lagunas de ley, que son muchas. Pero como no podemos quedarnos a la expectativa se impone una reforma a la ley del estado para regular la parte del procedimiento en beneficio de la claridad en la tramitación de los expedientes, pues no es posible que en una actividad tan sensible nos quedemos a la buena del destino.

Expediente de varios. Toda vez que en este espacio de opinión hemos seguido la ruta de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, hoy damos cuenta a usted, amable lector, de dos etapas importantes: una es que con fecha 10 de marzo del presente año se publicó la convocatoria para elegir a la terna de la que habrá de salir el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo otro es que en el Senado se retomó el proceso de selección del fiscal anticorrupción, lo anterior a partir del 14 de este mes de marzo del año en curso, por lo que durante tres días los aspirantes comparecerán ante el Senado para presentar su propuesta, sólo que el último día los senadores les solicitaron muy atentamente a dos candidatos, un hombre y una mujer, que no acudieran a la Cámara Alta ya que habían detectado un plagio en los ensayos presentados, es decir que con un acto de corrupción aspiraban a ser el fiscal anticorrupción, vaya tarjeta de presentación.

Y con respecto a la implementación del sistema anticorrupción en Michoacán, la diputada Rosa María de la Torre Torres presentó ante el Congreso del Estado el miércoles 15 de marzo de este año la iniciativa de decreto para modificar varios ordenamientos con la finalidad de fortalecer el combate a la corrupción en nuestra entidad la que tiene como objetivos garantizar el derecho a la verdad, a la transparencia y el acceso a la información, estaremos pendientes del transitar legislativo de dicha iniciativa. Por otra parte, el día jueves de esta semana, en el el programa Voces de Cambio, que conduce Marx Aguirre y se transmite a través de la plataforma multimedia de este rotativo, informó el diputado local Mario Armando Mendoza Guzmán que la ley para establecer en Michoacán el Sistema Estatal Anticorrupción, presentada al Congreso michoacano para armonizarla con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya aprobado, deberá estar lista antes del 19 de julio, fecha límite para armonizar las leyes estatales con el SNA.
padillaalegre@hotmail.com

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