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Lunes 3 de Abril de 2017

Y en el bastión priista más importante del país inició ayer la carrera por la gubernatura del Estado de México, y hasta el momento no se visualiza nada para nadie…

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STJE, la fallida imposición



Y en el bastión priista más importante del país inició ayer la carrera por la gubernatura del Estado de México, y hasta el momento no se visualiza nada para nadie…

Y es que desde días previos a la sesión de la Legislatura trascendió que el diputado con licencia, hoy secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, hizo un arduo cabildeo en favor de Ana Luz Mila Barrera, la única candidata externa de los cuatro que integran la lista enviada por el Consejo del Poder Judicial al Congreso, logrando que los legisladores de su partido, el de la Revolución Democrática, los del Partido Acción Nacional y los de los otros más chicos, sin análisis de los perfiles y justificación razonada sobre méritos y capacidades, votaran sin la mínima racionalidad por la persona recomendada por Juan Bernardo.

Sin duda las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo de la información por la inmediatez y alcance que tienen a nivel mundial.
Sin duda las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo de la información por la inmediatez y alcance que tienen a nivel mundial.
(Foto: TAVO)

Se hubiera conseguido el fin si no se hubiesen topado con una bancada priista que al unísono, en esta ocasión, bloqueó tal pretensión, votando unánimemente por otra de las candidatas, Dora Elia Herrejón Saucedo.

La designación de Mila Barrera tal vez no habría sido problema si se hubiesen respetado las reglas del proceso, si no hubiese sido tan obvia la intervención de un secretario del gabinete, y si los legisladores hubiesen tenido la responsabilidad y el decoro de justificar y motivar su decisión no sólo en la petición de un ex compañero, que no se entiende a honras de qué se le hizo el favor, sobre todo porque se trata del nombramiento de un integrante de otro Poder del estado, el Judicial, donde a lo que se aspira es a que cuente con independencia y, en consecuencia, con juzgadores imparciales que no respondan a favores, sino a sus méritos; lo que difícilmente se fía cuando ocurre lo que sucedió en el Congreso el pasado miércoles y días previos, sobre todo porque el principal cabildero fue un alto mando del Ejecutivo.

Ahora habrá que ver cómo resuelven el entuerto, por lo pronto el asunto fue devuelto a comisiones, donde se espera que, ahora sí, cumplan con lo que les impone la Ley Orgánica: analizar los perfiles de los cuatro candidatos incluidos en la lista y que con elementos objetivos dictaminen, fundando y motivando, a su juicio, cuál de ellos reúne la mejor condición para cumplir con el alto cargo de la magistratura estatal, proponiéndolo al pleno.

La razonabilidad de los argumentos en relación con la propuesta será lo que sostenga la decisión final, de ahí que la responsabilidad de este nombramiento no es tan simple como la suponen los diputados; de otra manera se corre el riesgo de la concesión de un amparo que pudiese promover cualquiera que se sienta agraviado por la falta de respeto al procedimiento y de justificación de la decisión.

Los elementos objetivos para decidir los tienen los legisladores de las comisiones, entre ellos se encuentran las trayectorias jurisdiccionales, las calificaciones, de mayor a menor, en cierto sentido, en condiciones similares el género, los perfiles profesionales y académicos, y hasta sería posible si les importara más conocer sus ideas sobre el servicio a que son llamados, a través de entrevistas, que en esta ocasión obviaron.

En estos cargos no debe privar la política pues juzgar no es un asunto de esa naturaleza, es un trabajo especializado y técnico y los magistrados deben ser aquellos que tengan el adecuado perfil profesional, de ecuanimidad, madurez y completa imparcialidad e independencia. Entonces, el mejor de los cuatro de la lista es quien debe llegar al Tribunal de Justicia y la responsabilidad de hacer que eso suceda recae en los legisladores que, esperamos, recapaciten y estén a la altura de la encomienda.

Aquí algunos de los datos de la experiencia laboral a considerar de cada uno de los aspirantes:
1- Juan Salvador Alonso Mejía fungió como secretario proyectista en la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia por seis años; fue juez de primera instancia por diez años y dos meses y hoy es juez de control y enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio, cargo que ocupa desde hace un año y seis meses.

2- Dora Elia Herrejón Saucedo ha sido empleada del Poder Judicial desde 1984, jueza de primera instancia desde 1992, se desempeñó como magistrada electoral por cinco años, fue magistrada del Supremo Tribunal de Justicia por ocho años y secretaria ejecutiva del Consejo del Poder Judicial por un año; hoy se desempeña como jueza en materia penal en el distrito judicial de Morelia.

3- Ramón Sánchez Magaña fungió durante seis años como juez menor en el Poder Judicial del estado y desde junio de 2016 es juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la misma institución; antes fue, durante dos años, litigante, dos años fue actuario y uno más se desempeñó como oficial judicial en el Poder Judicial de la Federación; también trabajó durante dos años como jefe regional del Registro Público de la Propiedad del Estado.

4- Ana Luz Mila Barrera ha sido en este gobierno procuradora de la Defensa del Menor y la Familia y hoy subdirectora en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión; antes fue secretaria técnica del consejo de adopciones del DIF en el estado y visitadora del Consejo del Poder Judicial del Estado en la consejería que estaba a cargo de Citlalli Fernández como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, y también fungió como secretaria particular de magistrado del Tribunal en materia del trabajo y administración en Mérida, Yucatán.

Michoacán, el lío de las redes sociales



Sin duda las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo de la información por la inmediatez y alcance que tienen a nivel mundial.

Twitter y Facebook se han convertido en un auténtico referente y fuente de consulta obligada no solamente por la velocidad con que mueven la información, sino también porque es la plataforma que conecta a millones y millones de personas de cualquier parte donde exista Internet.

Sin embargo, las redes sociales también pueden significar un instrumento eficaz para desinformar, propagar rumores e incluso generar pánico con situaciones ficticias o simuladas.

Para muestra, tres casos concretos recientemente ocurridos en Michoacán:
1- A través de redes sociales, asociaciones protectoras de animales viralizaron las imágenes de Muñeca, una perrita que fue encontrada en la ciudad de Morelia “bañada” en pintura altamente solvente de color azul cielo, así como con supuestas marcas de violencia en el cuerpo que posteriormente le causaron la muerte, generando irritación, odio, encono y sed de venganza contra el o los presuntos agresores, salvajes e inhumanos.

En realidad las investigaciones ministeriales concluyeron que Muñeca se produjo las lesiones al caer a un aljibe que se encontraba destapado y recién cubierto de pintura azul especial para albercas, utilizada en este tipo de trabajos para lograr un mejor resultado en el sellado de las cisternas y con ello evitar la filtración del agua.

2- A través de redes sociales, algunos medios de comunicación y usuarios reportaron que el pasado jueves 30 de marzo un hombre había sido baleado y herido afuera del complejo de Cinépolis en el Centro Histórico de Morelia, y que había ocurrido justo cuando clientes salían de las salas de cine. Propagaron la versión de que el lesionado había recibido un disparo en el cuello. Dibujaron, pues, un ataque a balazos en un lugar altamente concurrido.

En realidad, paramédicos sí atendieron en las inmediaciones del complejo de cines a una persona que presentaba una lesión de bala, aunque no en el cuello, sino en la espalda. La herida la recibió sobre el Boulevard Las Primaveras, en la colonia Prados Verdes, y al sentirse herido condujo su vehículo hacia la zona Centro para ponerse a salvo y solicitar ayuda.

3- Todavía el gobierno del estado no hacía oficial el calendario de actividades de la Expo Fiesta 2017 cuando en redes sociales ya circulaba el enlace de una página web que contenía el listado de artistas que se presentarían y los precios, levantando polémica no solamente por el supuesto cartel del Teatro del Pueblo, sino porque los diseñadores habían incurrido en graves faltas de ortografía.

En realidad se trataba de una cuenta apócrifa que fue replicada por otros usuarios que dieron por cierta la información que ahí se estaba difundiendo. El caso mereció un comunicado público del gobierno estatal para exhibir “el pirataje” de la Expo Fiesta en la red y difundir las cuentas y el sitio oficiales para consultar información sobre el festejo.

La falta de mecanismos rigurosos en el manejo de contenidos en las redes sociales no debe soslayarse ni aplazarse.

La ausencia de estos controles ha llegado ya al extremo de provocar la pérdida de vidas. Y si no, basta recordar el caso de adolescentes que han muerto y que tenían entre sí un común denominador: gustaban de navegar en cuentas que incitan al suicidio.

Los ex gobernadores, limpios



Ahora resulta que ninguno de los ex gobernadores de Michoacán está acusado de mal uso de los recursos públicos, simple y sencillamente porque ellos o los secretarios no firman nada que los comprometa, son funcionarios menores los que lo hacen y por lo tanto son los responsables, según declaraciones del auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

Muy didáctico explicó que si hay algunos ex gobernadores detenidos o prófugos es porque no la supieron hacer y vendieron activos gubernamentales a familiares o personas muy cercanas a ellos, se apropiaron indebidamente de bienes estatales, se demostró su enriquecimiento ilícito, evadieron al fisco o lavaron dinero, pero no por mal uso de los recursos públicos.

Lo que afecta a Michoacán es la falta de disciplina financiera, ausencia de integridad del personal y benevolencia para hacer cosas que no están apegadas a la legalidad y no sólo a Michoacán, a todo el país, porque dio un dato estremecedor: hay cerca de ¡90 mil! denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, acumuladas a lo largo de los años.

Pero no es sólo responsabilidad de los órganos fiscalizadores que detectan irregularidades, a las cuales no se les da seguimiento por presiones políticas; también está la impunidad cuando llegan a presentar denuncias penales ya que las procuradurías o fiscalías no están exentas de presiones externas.

Por eso la importancia de que la Auditoría Superior de Michoacán pueda ser autónoma y no por el ejercicio de recursos, sino de acción, y se pueda agilizar la justicia ante los llamados delitos de cuello blanco, lo cual se espera que se pueda agilizar cuando entre en vigor el sistema estatal anticorrupción.

Alistan la ZEE



En menos de una semana el Congreso del Estado aprobó dos decretos primordiales para el establecimiento de la Zona Económica Especial en Lázaro Cárdenas, la Ley de Zonas Económicas Especiales y el decreto para entregar a la Federación un polígono que abarca una parte de la Isla de la Palma y otra de la de El Cayacal.

Apenas el 23 de marzo se turnaron a comisiones para dictamen las dos iniciativas enviadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, y cuatro días después ya estaban los dictámenes que fueron avalados por el pleno de la LXXIII Legislatura el 29 de marzo, y sólo un día después estaban siendo promulgadas por el mandatario estatal en Lázaro Cárdenas, porque la próxima semana viene el presidente Enrique Peña Nieto a declarar la Zona Económica Especial.

Paraíso fiscal



Aunque los paraísos fiscales son muy mal vistos, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Pascual Sigala, no dudó en usar esas dos palabras juntas como una forma de ensalzar los beneficios que tendrán los empresarios que ahí se instalen.

Incluso se aventuró a afirmar que ya hay empresas multinacionales listas con cinco mil millones de dólares para invertir en esa zona, las cuales estarían generando cinco mil empleos directos, por lo que es previsible que Lázaro Cárdenas se ubique rápidamente como la Zona Económica Especial más importante de Latinoamérica.
Veremos.

MOLINOS DE VIENTOS



1- En las próximas elecciones a la Dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) la contienda real será entre Héctor Chávez Gutiérrez, Jesús Santillán y Miguel Ángel Medina. Tres aspirantes que no se registraron por sumarse al proyecto del primero fueron Norma Lorena Gaona, Felipe Rivera y Elisa Díaz Gómez, aunque la mayoría de ellos no hubieran tenido oportunidad alguna, como los casos de Jorge Guillén y Ricardo Villagómez.

2- Este lunes será el último Foro para el Fortalecimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones impulsado por las autoridades universitarias nicolaitas. El encuentro se tiene programado en la Facultad de Agrobiología en Uruapan, pero ante el inminente bloqueo de dicha sede por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) se han programado sedes alternas.

3- La dirigencia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) señala que invitará al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González, al foro sobre la reforma de la máxima casa de estudios, y en ese sentido esperemos que haya madurez y que no sólo se le convoque como oyente, sino como expositor.

4- En sesión de los integrantes del Consejo Universitario, miembros de las casas del Estudiante Nicolaita e Isaac Arriaga irrumpieron para pedir audiencia con el máximo órgano de la UMSNH, y es que protestan porque se les descontará el pago de daños causados en la toma de 66 días del año pasado; claro, allá la autoridad si accede.

5- Hace mucho que no va al Puerto Lázaro Cárdenas un gobernante europeo, y Lars Løkke Rasmussen, de Dinamarca, lo hará este martes en la inauguración de una terminal especializada; ahí estará con el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

SANCHO



Finalmente tenemos un michoacano en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez, cuya capacidad en el área pocos pueden poner en duda.

ROCINANTE



Dos pillos de cuidado



1- Vaya, vaya, en el caso del nayarita Édgar Veytía, ¿dónde quedó el examen de control y de evaluación que presuntamente se realiza a los aspirantes a ocupar el cargo de procurador de Justicia o de fiscal, en su caso, en cualquier estado del país?; bueno, tuvieron que ser las autoridades de Estados Unidos que lo detuvieran bajo las acusaciones de delitos contra la salud. Aun así el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, le da el beneficio de la duda.

2- El ex director general de Adquisiciones, Enrique Tarín García, en el gobierno de Chihuahua que fue presidido por César Duarte Jáquez, fue protegido por los diputados federales en la propia Cámara Baja del Congreso de la Unión para evitar ser detenido ante la acusación de un presunto peculado por más de 300 millones de pesos. En la Cámara de Diputados pretendía tomar posesión como representante popular para obtener el fuero, aunque finalmente sólo consiguió un amparo.

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