Sandra Soraya Castro
Controversia por programa contra adicciones en Morelia
Miércoles 26 de Abril de 2017

» El traslado de detenidos a Barandilla a programa de desintoxicación provocó polémica; no hubo violación a los DH: SSM

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Morelia, Michoacán.- Autoridades de los tres niveles de gobierno incorporaron el combate a las adicciones como parte de la estrategia de seguridad para Morelia.

Este lunes, durante la reunión semanal que mantienen los integrantes del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de la capital michoacana, destacaron la necesidad de establecer un Centro Municipal para el Tratamiento de Adicciones.

Mesa de seguridad para la capital, encabezada por el gobernador Silvano Aureoles y el edil Alfonso Martínez
Mesa de seguridad para la capital, encabezada por el gobernador Silvano Aureoles y el edil Alfonso Martínez
(Foto: Cambio de Michoacán)

El proyecto, que fue arrancado durante la semana pasada en las instalaciones de lo que fue el Cereso Francisco J. Múgica ha sido controversial luego de que más de 100 personas que se encontraban detenidas en el área de Barandilla fueron trasladadas al lugar para su desintoxicación.

El hecho ocasionó la manifestación de familiares en las afueras del ex penal y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien abrió una investigación del caso.

En este sentido, el gobernador, Silvano Aureoles, afirmo que el proyecto iniciado en el recién desalojado penal tiene como propósito no sólo recuperar la salud de quienes se encuentran en dicha situación, sino también incidir en la disminución de los índices delictivos, a razón de que un gran número de conductas delictivas están relacionadas con el consumo de drogas.

Al encabezar la reunión del Grupo de Coordinación, explicó que las personas que fueron trasladadas al centro de rehabilitación fueron arrestadas por alterar el orden público o ser sorprendidas en flagrancia consumiendo algún estupefaciente.

“En el área de Barandilla, personal especializado les practica un examen toxicológico y elabora un perfil de cada uno de ellos, con datos sobre el tiempo que llevan consumiendo drogas y el tipo de estupefacientes, así como si son infractores reincidentes”, señaló.

Sobre el particular, las autoridades coincidieron en la importancia de contar con el respaldo de la sociedad en este esfuerzo por rescatar a los jóvenes y buscar su reinserción, mediante programas de rehabilitación que están a cargo de la Secretaría de Salud.

No se violaron los derechos humanos



Al respecto, el secretario de Salud, Elías Ibarra, descartó que se hayan violado los derechos humanos de las personas trasladadas.

Sin embargo, reconoció que haber elegido las instalaciones del ex penal para el arranque de este programa no fue la mejor decisión por la referencia de encarcelamiento o privación de la libertad a la que remite.

En entrevista, el funcionario afirmó que la implementación del Programa de Seguridad en Salud se inició a petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Nosotros no podemos negarle el servicio de salud que solicite cualquier autoridad que cumpla con los dos requisitos, que son: solicitarlo por escrito y el examen médico o dictamen del paciente para solicitar la atención, y en este caso ambas cosas se cumplieron”, dijo.

Elías Ibarra mencionó que en la implementación de este programa contra las adicciones hay resistencia, y consideró que uno de los motivos es porque los adictos no se reconocen como enfermos.

Sin embargo, señaló que de las personas canalizadas cuatro casos padecieron delirium tremens y otros cuatro síndromes de abstinencia con convulsiones.

Del total de personas canalizadas reconoció que la mayoría no aceptó el tratamiento y quienes lo hicieron ya fueron remitidos a sus hogares con tratamiento ambulatorio.

El antecedente



El pasado 19 de abril, un grupo de personas que habían sido detenidas por faltas administrativas y que se encontraban en el área de Barandilla fueron trasladadas a las instalaciones de lo que fue el Cereso Francisco J. Múgica.

El hecho ocasionó que familiares de los internos se manifestaran y exigieran su salida bajo el argumento de que no habían otorgado su consentimiento ni para el traslado ni para su internamiento por adicción a alguna sustancia.


En este sentido, el 21 de abril pasado, la CEDH, a través de la Visitaduría Regional de Morelia, inició la queja MOR/233/2017 por la presunta detención y retención ilegal de un total de 112 personas.

De acuerdo con el informe de la institución, familiares de los agraviados manifestaron su malestar al no especificarse los motivos de la detención, por mantenerlos incomunicados y al no permitirles realizar una llamada a sus familias.

Además de que los detenidos fueron ingresados al Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación de las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud, sin su consentimiento o el de sus familias.

En este sentido, la CEDH dio a conocer en un comunicado que emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para garantizar la integridad y seguridad jurídica de los detenidos, así como a la Secretaría de Salud para solicitar que se verificara el estado físico de los detenidos.

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