Jerjes Aguirre Avellaneda
Gobernadores ladrones
Viernes 28 de Abril de 2017
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Los casos de los gobernadores ladrones en diferentes entidades federativas y con militancias políticas distintas tienen significados que van más allá de los partidos y de la forma con que se reproduce la “clase política” mexicana, para situarse como indicador de las deficiencias con que funciona en su conjunto el sistema político, así como de la organización y el funcionamiento del poder público en los distintos niveles, desde el presidente de la República, pasando por los gobernadores, hasta el más modesto presidente municipal.

Con alguna frecuencia se ha señalado que el centralismo político mexicano, bajo la forma de presidencialismo, cumplió importantes funciones históricas en la integración, desarrollo e independencia del país, a la vez que la verticalidad en el ejercicio del poder mantuvo una rígida disciplina de todo el aparato político, sujetándolo a las decisiones del “Jefe de las Instituciones Nacionales”. Alguien era gobernador por voluntad y hasta donde lo permitiera el “Señor Presidente”. Había que “irse derechitos” ante el ejercicio de la “Dictadura Perfecta”.

Sin embargo, el presidencialismo agotó sus posibilidades y al comenzar el nuevo siglo se produjo la alternancia en la Presidencia de la República con el triunfo del PAN y Vicente Fox, como hecho que colocó a los gobernadores priistas en la carencia del factor central que los cohesionaba, y permitirles ahora ejercer su propia voluntad y control sobre las estructuras de poder estatales, que reproducían en ese nivel la dinámica culturalizada nacional y fragmentar la “dictadura federal” en 32 “dictaduras estatales” ejercidas con estilos frecuentemente burdos y pueblerinos, pero igualmente facilitadores de una gigantesca corrupción.

A su vez, hacia el interior de las entidades, hacia sus regiones y ciudades, en sus municipios, la alternancia democrática posibilitó que con las victorias electorales de diferentes partidos los controles políticos se relajaran, considerando las militancias diversas entre las autoridades municipales y los gobernadores, y junto a todo ello, el manejo oscuro de los recursos públicos. La democracia tuvo efectos inesperados en el federalismo mexicano, atendiendo a que los presidentes municipales pudieran prescindir de la jefatura de los gobernadores, y éstos sentirse liberados de la capacidad de mando de que disponía el presidente de la República.

No es casual que las deudas municipales y estatales crecieran a ritmos acelerados junto al número de nuevos ricos en los municipios y en los estados. La autonomía municipal y la soberanía de los estados actuaron como elementos facilitadores de fenómenos que, lejos de impulsar el desarrollo “desde abajo”, alentaron los sobornos, las obras fantasmas, las empresas simuladas, los negocios sucios, el fraude, el peculado y el robo descarado. De hecho, la corrupción galopante, la delincuencia organizada, la inseguridad y la violencia son fenómenos que se han dado en el contexto de la democracia mexicana.

Aparte se encuentra la variable de los partidos políticos en la transición democrática mexicana. Los cuantiosos subsidios gubernamentales a los partidos, sin suficiente control en su ejercicio, pudieron convertirse en un “botín de la piratería partidista” con la presencia de grupos, corrientes y fracciones, protagonizando luchas internas por el control de los recursos y de las capacidades de negociación con el gobierno y los empresarios, siempre buscando el dinero, precisamente como eso, como un formidable “botín”. Desde los momentos iniciales de la transición democrática fueron fundados partidos con la finalidad deliberada de hacer negocio con esos instrumentos políticos. Por eso ningún combate a la corrupción será efectivo si deja de incluir a los partidos políticos en tanto actores directos y cómplices de la corrupción.

El caso de los gobernadores y sus cómplices, en el contexto facilitador para robar, revela lo mucho que hay que hacer para corregir el funcionamiento de la República, además de la aplicación de merecidos castigos a los corruptos.
El caso de los gobernadores y sus cómplices, en el contexto facilitador para robar, revela lo mucho que hay que hacer para corregir el funcionamiento de la República, además de la aplicación de merecidos castigos a los corruptos.
(Foto: Especial)


El ejercicio del poder centralizado y las estructuras legales y operativas que lo hacen posible en los distintos niveles de gobierno ha tenido, y tiene todavía, un componente relevante con implicaciones en la corrupción, en las complicidades y la impunidad, consistente en la discrecionalidad de que disponen los gobernantes, especialmente los ejecutivos, para resolver diversos asuntos, principalmente en la selección y nombramiento de los funcionarios que integran el Ejecutivo federal, los ejecutivos estatales y las administraciones municipales, utilizando el criterio de la “confianza” y la “cercanía personal” por encima de la experiencia y capacidad para desempeñar los distintos puestos.

El presidente nombra, según sus valoraciones, a cientos de funcionarios, incluyendo los secretarios, subsecretarios y directores de organismos y comisiones gubernamentales. Igual ocurre con los gobernadores y presidentes municipales, formando verdaderos ejércitos de incondicionales sin compromiso alguno con la sociedad. Confianza y amistad son las variables básicas para la selección, y por eso cada vez que se integra un equipo de gobierno los que no pertenecen a los círculos cercanos están atentos para la identificación de los que se dicen “amigos” y presumen de cercanía y relación personal “desde que iban a la escuela juntos”.

La discrecionalidad afecta los niveles de eficiencia gubernamental puesto que lo importante no es lo que las personas pueden hacer en sus desempeños laborales, sino las lealtades y complicidades con las que puedan conducirse para encubrir vicios y aberraciones personales al lado de las prácticas de corrupción en sus diversas modalidades. Las redes de complicidad gubernamental tienen su origen en la discrecionalidad para nombrar colaboradores, genios o incapaces, enfermos o equilibrados, enterados o ignorantes, pero que correspondan a los “planes y proyectos” de quien tiene la facultad de nombrarlos. Esa discrecionalidad debe terminar, priorizando los intereses de la sociedad en lugar de los intereses personales del gobernante que busca hacer carrera convirtiéndose en “chapulín” o mañoso lagarto. Son indispensables las normas obligadas para cubrir perfiles y antecedentes de experiencia y compromiso social de los elegidos para las funciones de gobierno.

Finalmente, en las implicaciones de la corrupción en general y de los gobernadores en particular debe destacarse la ausencia de participación ciudadana, a través de distintas formas y vías, en la vigilancia y control del desempeño gubernamental, cualquiera que éste sea, particularmente en los aspectos relativos al manejo de los recursos, que la sociedad pone a disposición del gobierno para su correcto y transparente desempeño.

Evidentemente el esquema de las contralorías del mismo gobierno no es suficiente para garantizar un honesto manejo de los recursos públicos. Los ingresos y egresos del gobierno deben contar con la participación ciudadana en su planeación, aprobación, ejecución, control y evaluación final de los resultados. En la aplicación de los recursos se sabe de la devolución indebida de impuestos, de los diezmos, de los favores en la asignación de contratos y en las simulaciones. Respecto de los programas oficiales, que se sepa, carecen de evaluaciones a partir de sus resultados en términos de desarrollo y beneficios reales para la población.

La corrupción en México ha llegado a niveles inauditos. El caso de los gobernadores y sus cómplices, en el contexto facilitador para robar, revela lo mucho que hay que hacer para corregir el funcionamiento de la República, además de la aplicación de merecidos castigos a los corruptos.

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