Trata de personas en México

Gerardo A. Herrera Pérez

La trata de personas es un delito grave que afecta a todas las personas con independencia del género, edad, condición física, de salud, incluso económica. La trata incluso se puede dar en el ámbito familiar, como la que tiene como fin último la servidumbre doméstica (trabajadoras domésticas principalmente indígenas) o aquella, producto de complejas operaciones de organizaciones transnacionales del crimen.

La trata de personas es un delito que transgrede los derechos humanos y violenta las libertades fundamentales de las personas.

La trata de personas ocurre desde tiempos ancestrales, sólo pensemos en lo que sucedió durante la conquista en América y la llegada de cientos de esclavos negros para trabajar en minas y otros espacios en distintos puntos hoy denominados Zacatecas, Guanajuato, entre otros; no obstante es en la última década que la comunidad internacional se ha preocupado por entender el alcance del fenómeno y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva forma de esclavitud. “El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional”, un documento que ya ha sido suscrito por el Estado mexicano.

Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentó el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México. Y es que con la aprobación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y niñas, que contempla la Convención de las Naciones Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el llamado también
Protocolo de Palermo, el 25 de diciembre de 2003, el Estado mexicano dio un paso decisivo en la prevención y combate a la trata de personas en sus diferentes modalidades.

La trata de personas es un delito que transgrede los derechos humanos y violenta las libertades de las personas
(Foto: Grecia Ponce)

El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México es el resultado de un ejercicio de documentación encargado por la Secretaría de Gobernación a la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, con el objetivo de conocer con mayor certeza las implicaciones jurídicas, criminológicas y sociales de este delito. El diagnóstico busca identificar los retos que enfrenta México en el combate contra la trata de personas y alertar sobre algunas situaciones, poblaciones y grupos humanos que requieren especial atención por su alta vulnerabilidad.

Por ello se considera que, al adherirse México al Protocolo de Palermo, da un paso importante en la lucha contra este fenómeno social, pero da un paso importante para combatir el mal, aprobando y publicando la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como la instalación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y el liderazgo de México al ser el primer país en adoptar la campaña Corazón Azul contra la trata de personas.

El documento Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, plantea catorce diversas recomendaciones estratégicas, entre ellas, resalta en materia de legislación nacional las siguientes:
“A partir de la reforma al artículo 1 constitucional y mediante el control difuso de la convencionalidad, el gobierno mexicano está obligado a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, por lo que se recomienda ampliar su difusión y los métodos de aplicación, principalmente entre las instancias encargadas de procurar e impartir justicia”, yo agregaría también su aplicación en todas aquellas áreas de protección de los derechos humanos, como las comisiones estatales de los derechos humanos.

Otra estrategia es la asignación de presupuesto para la prevención y combate de la trata de personas se requiere de:

“Asignar un presupuesto etiquetado directamente a los municipios para la persecución y prevención del delito de trata de personas, con prioridad a aquellos que se señalan en este diagnóstico con mayores condiciones de vulnerabilidad.

“Etiquetar el presupuesto a partir de las unidades administrativas encargadas del combate a la trata de personas y ya no por dependencia para asegurar una adecuada canalización de los mismos.

“Emprender una acción dirigida a eliminar los criterios administrativos y hacendarios que impiden ejercer el presupuesto de manera eficiente en el combate a la trata de personas.

“Incrementar el personal capacitado en las distintas dependencias que han emprendido acciones en materia de prevención y combate a la trata de personas y contar con programas de carrera de largo plazo que permitan e incentiven su especialización en el tema.

“Incrementar los recursos asignados para el trabajo en colaboración con la sociedad civil organizada, esto es fundamental, las OSC no pueden realizar más acciones sin el apoyo financiero correspondiente.

“Etiquetar recursos para la creación de refugios, albergues, casas de medio camino y centros de atención, especializados en víctimas de trata de personas, acorde a las necesidades de cada localidad”, si bien éste podría ser un sueño, porque incluso son difíciles los refugios para mujeres violentadas, cualquier acción será menor si es que no se promueve y desarrolla.

Por su parte la estrategia de diseño de indicadores sobre incidencia del delito e impacto de la acción pública para prevenirlo y combatirlo:
“Se señala que el diagnóstico pone en evidencia que no se cuenta con datos y estadísticas homologadas, actualizadas y sistematizadas a nivel federal ni estatal. En ese sentido, es necesario que haya una mayor sistematización de los datos y registros estadísticos sobre incidencia de la trata de personas, de otros delitos y de otros indicadores relevantes (ejemplo: estadísticas desglosadas sobre maltrato infantil), de tal manera que sea accesible y se pueda compartir entre distintos niveles y oficinas de gobierno.

“Se requiere construir un sistema de indicadores que permita dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos en materia de prevención y combate a la trata de personas a nivel federal y estatal”.

Se plantea profundizar y ampliar la capacidad de respuesta institucional y gubernamental:
“Hacer eficiente la investigación y persecución del delito, por lo que las áreas de procuración de justicia deberán emprender investigaciones pro-activas y utilice diversas técnicas tradicionales y especiales de investigación, basadas en la recolección de información, el trabajo de inteligencia e investigaciones financieras paralelas y no en la denuncia o testimonios, debiendo asegurarse que el papel de la víctima en la averiguación previa sea únicamente para su protección y asistencia y no para la aportación de pruebas. Para ello es indispensable la capacitación especializada del personal forense y ministerios públicos, además de dotar a las instancias correspondientes de los recursos económicos y materiales para el análisis de evidencia y la investigación proactiva;

Por otro lado es fundamental incrementar la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto en la persecución del delito de trata de personas como en la prevención del mismo, por lo que habrá de realizar las siguientes acciones:
“Capacitar a todo el personal de verificación laboral para detectar a las víctimas de este delito.
“Incrementar el número de verificadores laborales con la finalidad de tener un control periódico y absoluto de la situación laboral en el país”.

Por otro lado y entre los aspectos que se señala por el Diagnóstico, se hace hincapié en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada:
“Si bien se destaca la participación de la sociedad civil organizada en los avances obtenidos tanto en la prevención del delito como en la atención a las víctimas, se recomienda que la Secretaría de Gobernación continúe los esfuerzos, nacionales y multilaterales, para abrir a las organizaciones de la sociedad civil mayores espacios de participación, así como fortalecer e implementar acciones concretas de colaboración y mecanismos eficaces de participación con todas las instancias gubernamentales, acorde a las necesidades de la población y a la experiencia de cada una de ellas”.

Si bien sólo se presentan algunas de las recomendaciones estratégicas, sería conveniente estimado lector, pudiera revisar este importante documento a la página https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/Diagnostico_trata_de_personas.pdf