Ramón Guzmán Ramos
Conflicto en Bachilleres
Sábado 6 de Mayo de 2017
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Los profesores y trabajadores administrativos y de intendencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) llegaron al límite de su paciencia cuando confirmaron que al momento de salir de vacaciones de Semana Santa no se les estaba cubriendo la primera quincena de abril. Fue por ello que decidieron no reiniciar labores y declararse en paro de brazos caídos a partir del 24 del mismo mes, ya que se tenía conocimiento de que el pago tampoco estaría disponible para esta fecha. El descontento se había venido acumulando gradualmente desde hacía varios meses; de hecho, desde que Alejandro Bustos Aguilar fue designado en octubre de 2015 como director general de la institución. El retraso en el pago de prestaciones y del salario regular se convirtió en una constante. En esta ocasión trascendió que Bustos no hizo a tiempo la gestión ante la instancia federal para que de allá enviaran la parte del recurso que corresponde para poder cubrir el pago quincenal.

El retraso en el pago de prestaciones y del salario regular se convirtió en una constante.
El retraso en el pago de prestaciones y del salario regular se convirtió en una constante.
(Foto: ACG)


El asunto, sin embargo, no se reduce a un probable descuido burocrático –que de por sí resulta inaceptable– de parte de quien se ha hecho cargo de dirigir este subsistema educativo. Alejandro Bustos, que por su paso por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) fue señalado por emprender una campaña contra los trabajadores con el propósito de eliminarles prestaciones que consideraba excesivas, además de asumir una actitud de despotismo y acoso laboral en su contra, no pudo contenerse en medio de este conflicto actual. Con los 115 planteles que existen en el estado en paro, con los dos mil 600 trabajadores sindicalizados del Cobaem exigiendo su salida, Alejandro Bustos ha dado a conocer su verdadero plan en diferentes entrevistas que ha concedido a algunos medios estatales. Los trabajadores de la institución que él dirige, ha declarado, tienen demasiados privilegios. Esta situación, ha rematado, podría llevar al Cobaem a la quiebra económica, de manera que si no se aplican medidas de emergencia pronto no sólo seguirá habiendo retrasos en los pagos, sino que incluso no habrá con qué pagar. Ha acusado, además, a los directores anteriores de llegar a acuerdos con el Sindicato Independiente de

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM) por encima de los límites presupuestales con que cuenta el subsistema.

Son los argumentos que se han manejado cada vez que se intenta despojar a los trabajadores de sus conquistas laborales y desmantelar su organización sindical. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de los electricistas del SME, de los maestros de la CNTE y, más recientemente, las amenazas contra el personal académico y de trabajadores de la UMSNH. La clase política que nos gobierna ha saqueado sin límites y sin escrúpulos las arcas del estado y, una vez en quiebra, se ha propuesto pasarle el costo a la clase trabajadora. En el caso del Cobaem, los primeros afectados han sido los trabajadores de confianza –administrativos de primer nivel, coordinadores de Sector, directores y subdirectores de plantel–, a quienes les eliminaron de tajo prestaciones económicas que forman parte del salario integral. En un segundo momento las prestaciones de los docentes y demás trabajadores se han puesto también en la mira. La crisis económica por la que pasa nuestro país desde hace décadas ha hecho que los gobiernos y los grandes empresarios les impongan a los trabajadores topes salariales. Esto ha provocado que el poder adquisitivo de la clase trabajadora disminuya en la medida en que aumenta el costo de la vida. A los trabajadores no les queda otro camino que orientar sus revisiones de Contrato Colectivo y Condiciones Generales de Trabajo en el sentido de incrementar las prestaciones que ya tienen y que son también una conquista laboral a la que no pueden renunciar.

Otro problema al que se han enfrentado los docentes del Cobaem es la Reforma Educativa, que aplica también para el nivel medio superior. No hubo mayor complicación cuando les impusieron el enfoque por competencias en los planes y programas de estudio. Los maestros no vieron en ello una amenaza a su situación laboral, aunque este enfoque desplazaba sin mayores explicaciones al enfoque constructivista con el que habían venido trabajando. La inconformidad empezó a surgir y a generalizarse cuando empezaron a ser incluidos en los planes de evaluación. La Ley General del Servicio Profesional Docente estipula que la evaluación se convierte en el mecanismo para reglamentar el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio. Esto significa, como ocurre con los maestros de educación básica, que quedan eliminados los mecanismos que los propios trabajadores tenían para lo mismo, como la contratación colectiva y el escalafón. Desaparecen, por lo tanto, la plaza base y el Contrato Colectivo de Trabajo, o como se le denomine al documento que regula las relaciones de trabajo entre la parte patronal y los trabajadores. Todo esto reduce a un mínimo burocrático las funciones del sindicato. Es lo que se encuentra en el fondo de este conflicto que ahora surge con mayor fuerza en el Cobaem.

Hay un número considerable de docentes que decidieron no acudir a las etapas de evaluación a las que ha llamado la autoridad educativa. Bajo la amenaza del despido se mantienen en sus planteles a la espera de que esta resistencia se generalice y se convierta en un movimiento que se pronuncie abiertamente y con acciones concretas en contra de la Reforma Educativa y de la evaluación como mecanismo para condicionar de manera unilateral su situación laboral. Desde el momento en que los docentes aceptan evaluarse con este este método su plaza base queda eliminada y su situación laboral estará sujeta a los resultados que obtenga de su evaluación. Su estabilidad y seguridad en el trabajo se esfuman y su relación laboral queda sujeta a contratos temporales: de cuatro años si aprueba el examen y de un año si no lo reprueba.

Alejandro Bustos se propuso acelerar también la imposición de las diferentes líneas de la Reforma Educativa en el subsistema. Eliminar derechos históricos de los trabajadores y debilitar al sindicato es el objetivo.

Como en los otros casos, recurre al ataque sin fundamentos para desprestigiar a los trabajadores y condenarlos a los ojos de la sociedad. Es el mismo método que han utilizado contra las organizaciones que se resisten a doblegarse ante este tipo de políticas públicas que van en contra de los intereses legítimos de la clase trabajadora. Pero los trabajadores del Cobaem han decidido no someterse tan fácilmente. Por lo pronto, resolvieron levantar el paro de brazos caídos, reanudar labores este próximo lunes y mantener la lucha para la salida del director general, cuya autoridad ha quedado desconocida por todos ellos.

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