Jerjes Aguirre Avellaneda
La fuerza histórica de la comunidad indígena
Lunes 8 de Mayo de 2017
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Las comunidades indígenas, que tienen como fundamento la propiedad de todo un pueblo sobre la “madre tierra” y las riquezas que contiene, biológicos y minerales, ha perdurado a lo largo de siglos y milenios, a pesar de la hostilidad permanente, la guerra y la muerte con que ha sido tratada en distintos momentos y por distintas fuerzas, a partir de la Conquista, la Colonia, los liberales del siglo XIX y la dictadura de Porfirio Díaz, hasta los nietos y bisnietos de la Revolución Mexicana, ahora llamados “neoliberales”.

Las comunidades indígenas, que tienen como fundamento la propiedad de todo un pueblo sobre la “madre tierra” y las riquezas que contiene, biológicos y minerales, ha perdurado a lo largo de siglos
Las comunidades indígenas, que tienen como fundamento la propiedad de todo un pueblo sobre la “madre tierra” y las riquezas que contiene, biológicos y minerales, ha perdurado a lo largo de siglos
(Foto: TAVO)

La defensa de la comunidad indígena, en tanto comunidad de tierras y comunidad de cultura, que incluye una valoración de la vida misma, estuvo presente a lo largo de 300 años de dominación colonial, a través de rebeliones indígenas constantes, resueltas y heroicas a lo largo y ancho de lo que hoy es el territorio mexicano. La Corona española nunca tuvo una colonia completamente pacificada.

En todo el periodo de dominación colonial, la comunidad indígena fue la única alternativa de oposición a la servidumbre, adoptando un funcionamiento como unidad económica y a la vez como célula de resistencia cultural y militar contra las fuerzas del despojo y el sometimiento. Gracias a la comunidad, población y cultura aborigen sobrevivió a la brutalidad con que fue instaurado y se mantuvo vigente el poder colonial.

Más adelante, a pesar de la participación indígena en la Guerra de Independencia y del decreto de don Miguel Hidalgo del 5 de diciembre de 1810, disponiendo la devolución de las tierras arrendadas a las comunidades como disfraz de despojo, esta rapiña habría de continuar hasta los comienzos del siglo XX, con etapas relevantes en los tiempos de la Reforma y de la dictadura porfirista.

En efecto, en junio de 1856 fue promulgada la Ley de Desamortización de los Bienes de las Manos Muertas, cuyo objetivo consistía en incorporar a la circulación mercantil los bienes de la Iglesia y de las comunidades indígenas, favoreciendo el latifundio laico y el surgimiento de nuevos latifundios en propiedad de extranjeros. Por su parte, la reacción indígena no se hizo esperar y en ese mismo año de 1856 hubo levantamientos en Michoacán, Querétaro, Puebla y Jalisco. Al año siguiente hace su aparición Miguel Lozada, El Tigre de Alicia, quien durante 16 años mantuvo organizados y movilizados a los indios nayaritas, coras, huicholes y tepehuanes.

Poco después, el 20 de julio de 1863, Benito Juárez firmó en San Luis Potosí la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, otorgando a “todo habitante de la República” o colonos extranjeros, el derecho a denunciar para su compra hasta dos mil 500 hectáreas de terrenos baldíos sin que “nadie pueda oponerse a que se midan”, argumentando investigar primero “la verdad o legalidad de un denuncio en terrenos que no sean baldíos”.

En estas condiciones “legalmente” podían denunciarse como baldíos terrenos comunales, dejando a los comuneros la responsabilidad para demostrar la improcedencia de ese denuncio, en tanto que tarea difícil de cumplir toda vez que muy pocas comunidades poseían los títulos de propiedad firmados por la “augusta mano” del monarca español. La comunidad indígena estaba expuesta al despojo sistemático de sus tierras.
Con Lerdo de Tejada en 1875 hubo disposiciones para formar “compañías deslindadoras” de terrenos baldíos para facilitar la atracción de colonos extranjeros, si bien hasta 1883 el régimen de Díaz promulgó específicamente la Ley sobre Colonización y Compañías Deslindadoras, facultándolas para localizar, deslindar, medir, fraccionar, valuar y habilitar terrenos baldíos, así como para el transporte de colonos y su establecimiento en esos mismos terrenos. Como pago por sus trabajos, las compañías deslindadoras recibirían la tercera parte de los terrenos deslindados o su importe en “numerario”.

Las compañías deslindadoras estaban autorizadas para exigir los títulos de propiedad a las comunidades, y en caso de no tenerlos, sus tierras eran consideradas irremediablemente como baldías, como sin dueño.
Entre 1883 y 1906, año en que fueron suprimidas las compañías, fueron deslindadas cuando menos 51 millones de hectáreas, que en relación con los 200 millones de hectáreas que tiene de superficie el país equivalen al 25.5 por ciento, la cuarta parte del territorio nacional. Calculando la tercera parte que corresponde a las compañías deslindadoras, alrededor de 17 millones de hectáreas nacionales pasaron a poder de estas corporaciones formadas por amigos del gobierno, asociados con extranjeros ambiciosos, pero en los dos casos ladrones.

El despojo había llegado a su límite y por eso, el sólo anunciar la posibilidad de recuperar sus tierras, fue un aliciente poderoso para la incorporación de los indígenas a la lucha armada revolucionaria. Indígenas y mestizos se lanzaron a la guerra revolucionaria motivados por la promesa de regresarles sus tierras, perdidas de manera fraudulenta y cruel. El personaje que ilustra esta decisión y este proceso fue, sin duda, Emiliano Zapata Salazar.

En el siglo XX la comunidad indígena ha sido vista como un “mal necesario”, condenado a desaparecer. En realidad las políticas indigenistas no han tenido como finalidad robustecer las unidades comunales a partir de su forma de propiedad sobre sus recursos, en especial la propiedad sobre la tierra. Que se conozca, ni antes, ni durante ni después de la Reforma Agraria, mucho menos en los días que transcurren, puede registrarse un caso de desarrollo integral deliberado de una sola comunidad indígena.

La tarea corresponde a los indígenas mismos, de Chiapas a Michoacán, pasando por Oaxaca, del movimiento zapatista y sus experiencias comunales en los hechos, hasta las prácticas de autonomía de los purépechas de Cherán y del número creciente de comunidades michoacanas que coinciden en sus aspiraciones para manejarse conforme a sus propias normas. Parecería tratarse del signo de los nuevos tiempos comunales. Solitaria por ahora y con la globalización conspirando en su contra, la comunidad sobrevive, como alternativa y esperanza.

La fuerza de la comunidad deviene de su propia naturaleza colectiva, de grupo, de pueblo que comparte objetivos, significados, principios y normas, la comunidad es la expresión de la superioridad del “nosotros” sobre el “yo”, de lo comunal que perdura, frente al individuo aislado que sucumbe. Pensar, sentir y actuar comunalmente ha permitido que la comunidad sobreviva por siglos y milenios, constituyendo todavía una forma distinta de vivir.

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